Foto de archivo: Miami92 / Wikimedia Commons (dominio público)
El Gobierno de Estados Unidos presentó el 9 de octubre una nueva moción para que se desestime la demanda iniciada por 992 cubanos liberados con formularios I-220A. Los demandantes buscan que las circunstancias de su detención y posterior puesta en libertad sean reconocidas jurídicamente como parole, lo que podría abrirles una vía para solicitar la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
La petición figura como documento 77 del caso Bello-Rubio, expediente 1:25-cv-23665, ante la jueza federal Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida. El registro judicial establece el 23 de octubre como fecha límite para que los demandantes respondan.
La moción es una solicitud del Gobierno, no una decisión judicial. La demanda sigue abierta y esta nueva presentación no significa que Becerra haya ordenado su desestimación.
Dos argumentos para intentar cerrar el caso
El Gobierno cuestiona la jurisdicción del tribunal y sostiene que la demanda no plantea una reclamación jurídicamente suficiente para obtener la reparación solicitada.
Con el primer argumento impugna la autoridad de la corte para examinar el caso. Con el segundo pide que se rechace la reclamación por su insuficiencia legal. Corresponde a Becerra evaluar esos planteamientos y la respuesta de los abogados de los cubanos.
La nueva moción se dirige contra la segunda demanda enmendada, presentada el 18 de septiembre e identificada como documento 72.
La primera petición fue rechazada en septiembre
Durante la audiencia del 10 de septiembre, Becerra rechazó una primera moción de desestimación presentada por el Gobierno. La decisión quedó recogida en la orden 64, emitida al día siguiente.
En esa misma orden, la jueza dispuso que los demandantes modificaran su escrito para impugnar expresamente la base legal de su detención. La demanda enmendada dio lugar a la nueva respuesta gubernamental.
El rechazo de septiembre permitió que el litigio continuara, pero no resolvió la cuestión de fondo: si las liberaciones de los demandantes deben reconocerse como parole.
Qué está pendiente
El Gobierno también presentó el 9 de octubre dos escritos complementarios: uno sobre las medidas de protección judicial solicitadas por los demandantes y otro sobre la petición de certificación como acción colectiva.
Aunque el proceso se conoce como la demanda de los 992 cubanos, la certificación colectiva sigue pendiente. Su eventual aprobación y alcance dependerán de una decisión del tribunal.
El 23 de octubre es un plazo para responder a la moción, no una fecha anunciada para una sentencia. Ni la presentación del Gobierno ni la continuación del litigio conceden automáticamente parole o residencia a los demandantes o al resto de los cubanos con I-220A.
Fuentes: registro judicial (Habeas Dockets), expediente Bello-Rubio, documento 45, antecedente ClickCuba (11/9).
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