Jueza federal rechaza intento del Gobierno de frenar demanda de 992 cubanos con I-220A

La demanda presentada por 992 cubanos con formulario I-220A superó este jueves una importante barrera judicial en Miami. La jueza federal Jacqueline Becerra rechazó la moción con la que el Gobierno de Estados Unidos pretendía desestimar el caso, permitiendo que el proceso continúe ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.

La decisión se produjo durante la audiencia celebrada el 10 de septiembre en el caso Bello-Rubio et al. v. U.S. Secretary of the Department of Homeland Security et al., expediente 1:25-cv-23665-JB.

El registro judicial confirma la celebración de la audiencia sobre la moción de desestimación presentada por el Gobierno y que esta fue denegada, aunque el tribunal deberá formalizar posteriormente su decisión mediante una orden escrita.

El Gobierno intentaba que el caso fuera desestimado

Uno de los argumentos centrales de los abogados del Gobierno era que el tribunal federal carecía de jurisdicción para examinar las reclamaciones planteadas por los demandantes.

Becerra rechazó ese planteamiento en esta etapa del proceso y permitió que el litigio continúe.

El abogado Mark Prada, integrante del equipo que representa a los demandantes, explicó tras la audiencia que la decisión permite seguir adelante con el caso, aunque todavía queda un importante recorrido judicial antes de que exista una resolución sobre el fondo.

¿Qué reclaman los 992 cubanos?

Los demandantes son cubanos que fueron detenidos tras ingresar en Estados Unidos y posteriormente liberados por las autoridades migratorias mediante formularios I-220A.

La demanda sostiene que esas liberaciones deben ser reconocidas jurídicamente como parole bajo la sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Ese reconocimiento resulta fundamental porque podría permitirles cumplir uno de los requisitos necesarios para solicitar la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.

Precisamente esa es la cuestión de fondo que todavía deberá decidirse durante el proceso.

La decisión no concede parole ni residencia

El alcance de la decisión debe quedar claro: la jueza no ha concedido parole ni residencia permanente a los 992 demandantes, ni ha determinado que todos los cubanos con I-220A puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Lo ocurrido este jueves significa que el Gobierno no consiguió cerrar el litigio mediante su moción de desestimación y que los demandantes podrán continuar defendiendo sus argumentos ante el tribunal.

Es un avance procesal importante, pero la cuestión fundamental sobre el reconocimiento del parole todavía no ha sido resuelta.

Buscan proteger a los demandantes frente a una deportación

Otro de los asuntos que deberá avanzar durante el litigio es la solicitud para convertir el caso en una acción colectiva, algo que podría determinar el alcance de una eventual decisión favorable.

Prada señaló además que los abogados buscarán protección judicial para impedir que los 992 demandantes sean deportados mientras continúa el proceso.

Por ahora, la existencia de esta demanda tampoco significa que cualquier cubano que tenga un I-220A esté automáticamente incluido o protegido por el caso.

Una batalla que comenzó en 2025

La demanda fue presentada originalmente el 14 de agosto de 2025 y desde entonces ha atravesado diferentes etapas procesales hasta llegar a la audiencia celebrada esta semana.

El litigio intenta resolver una situación que afecta a numerosos cubanos llegados a Estados Unidos en los últimos años: fueron liberados dentro del país con un I-220A, pero sin un documento de parole que les permitiera utilizar esa entrada para solicitar directamente la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.

La decisión de Becerra todavía no resuelve ese problema, pero mantiene abierta la batalla judicial.

Para los 992 demandantes, el primer obstáculo era impedir que el caso fuera desestimado antes de que el tribunal examinara sus reclamaciones.

Ese obstáculo ha sido superado.