Audiencia clave en Miami: 992 cubanos con I-220A buscan abrir una vía hacia la Ley de Ajuste Cubano

Una audiencia de gran importancia para cientos de migrantes cubanos se celebra este jueves 10 de septiembre en una corte federal de Miami, donde la jueza Jacqueline Becerra escuchará los argumentos en el caso Bello-Rubio et al. v. United States Secretary of the Department of Homeland Security et al., relacionado con 992 cubanos que fueron liberados en Estados Unidos con formularios I-220A.

La audiencia está programada para las 8:30 a. m., hora de Miami, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, y tiene como asunto inmediato la moción presentada por el Gobierno estadounidense para que sea desestimada la demanda.

El litigio, identificado con el expediente 1:25-cv-23665-JB, plantea una cuestión que podría tener importantes consecuencias migratorias: bajo qué autoridad legal fueron realmente liberados estos cubanos después de quedar bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

Los demandantes sostienen que fueron liberados bajo circunstancias que jurídicamente deberían haber sido tratadas como un parole, aunque recibieron un formulario I-220A, conocido como Orden de Libertad Bajo Palabra.

La diferencia es fundamental.

La Ley de Ajuste Cubano permite solicitar la residencia permanente a determinados ciudadanos cubanos que, entre otros requisitos, hayan sido inspeccionados y admitidos o hayan recibido parole en Estados Unidos y acumulen el tiempo requerido de presencia física.

Por eso, el reconocimiento jurídico que reclaman los demandantes podría abrirles una vía para posteriormente solicitar el ajuste de estatus.

Qué se decide realmente este jueves

La audiencia de este jueves no significa que los 992 demandantes vayan a recibir automáticamente un parole, y mucho menos una residencia permanente.

La jueza Becerra escuchará los argumentos relacionados con la moción del Gobierno para desestimar el caso.

Si la jueza rechaza esa petición, el litigio podría continuar y avanzar hacia el análisis de las reclamaciones planteadas por los demandantes. Si acepta los argumentos gubernamentales, esta vía judicial podría quedar cerrada, al menos en esta instancia y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan.

La demanda enmendada solicita, entre otros remedios, que el tribunal declare que los demandantes fueron liberados mediante parole conforme a la legislación migratoria, pero sin haber recibido la documentación correspondiente.

Los abogados buscan además remedios que permitan hacer efectivo ese reconocimiento para que quienes cumplan los demás requisitos puedan intentar posteriormente obtener la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.

Un problema que afecta a miles de cubanos

El caso trasciende a los 992 demandantes que aparecen vinculados a esta acción judicial.

Miles de cubanos que ingresaron a Estados Unidos durante los últimos años fueron liberados con I-220A y permanecen en un prolongado limbo migratorio porque ese documento no ha sido considerado equivalente al parole necesario para utilizar determinadas vías de regularización.

De ahí la enorme expectativa generada alrededor de los litigios que intentan cuestionar ante tribunales federales la manera en que las autoridades migratorias procesaron y posteriormente liberaron a estas personas.

Sin embargo, es importante distinguir entre los demandantes concretos, una clase propuesta y una eventual clase certificada judicialmente. Una demanda colectiva no significa automáticamente que todos los cubanos que poseen un I-220A estén incluidos o protegidos por el proceso.

La atención puesta ahora en la jueza Becerra

La audiencia había sido programada anteriormente para otras fechas, pero una orden emitida por la jueza Becerra el 27 de agosto estableció finalmente el 10 de septiembre a las 8:30 a. m.

La magistrada tampoco está obligada a anunciar una decisión inmediatamente después de escuchar a las partes. Puede tomar el asunto bajo consideración y emitir posteriormente una resolución escrita.

Por ello, la audiencia de este jueves constituye un paso importante, pero no el final del litigio.

Para los 992 cubanos directamente involucrados y para miles de personas que observan el caso desde fuera, la primera pregunta que deberá responderse ahora es más inmediata: si la demanda continuará avanzando en los tribunales o si prosperará el intento del Gobierno de desestimarla.