Mercenarios cubanos para Rusia: documentos revelan privilegios, contradicciones y dudas sobre la versión del régimen

Un expediente judicial obtenido por ClickCuba sobre cubanos procesados por mercenarismo en Villa Clara abre serios interrogantes sobre la respuesta del régimen al reclutamiento de ciudadanos de la Isla para las fuerzas rusas en la guerra contra Ucrania.

Los documentos muestran condenas que llegan hasta los 16 años, acusados que continúan privados de libertad y otros sometidos a trabajo correccional con internamiento. Pero dentro de la misma causa aparece una excepción particularmente significativa: David Joel Llaguno Meneses, hijo de Yasmida Meneses de la Paz, mayor vinculada al sistema penitenciario y a la prisión de mujeres de Guamajal, cumple cinco años de trabajo correccional sin internamiento.

No se trata, según el propio expediente, de alguien ajeno al mecanismo investigado.

La Fiscalía sostiene que Llaguno Meneses mantuvo contacto directo con Dayana Díaz Echemendía, cubana residente en Rusia; conoció la posibilidad de incorporarse a acciones militares a cambio de dinero y otros beneficios, envió una fotografía de su pasaporte por WhatsApp y recibió un boleto aéreo para viajar.

Su salida finalmente no se produjo.

Mientras otros implicados en la causa permanecen internados o cumplen largas penas de privación de libertad, el hijo de la mayor cumple su sanción fuera de prisión.

Un proceso que comenzó cuando el escándalo ya había estallado

Para entender la dimensión del caso hay que regresar a 2023.

Las primeras denuncias sobre cubanos que viajaban a Rusia bajo ofertas de empleo y terminaban incorporados a sus fuerzas militares comenzaron a adquirir repercusión internacional.

La operación no era pequeña.

Una investigación de Reuters reconstruyó mediante entrevistas, conversaciones de WhatsApp, documentos y boletos de avión cómo ciudadanos cubanos eran captados a través de las redes sociales por una reclutadora que se identificaba como “Dayana”.

El nombre coincide con el que aparece reiteradamente en el expediente judicial obtenido por ClickCuba.

Reuters entrevistó además a un cubano desde una base militar cercana a Tula. El hombre aseguró que se encontraba allí junto a otros 118 cubanos en entrenamiento y reconoció que había firmado un contrato para trabajar para las fuerzas rusas.

Había personas destinadas al combate, pero también cubanos captados para construcción, logística y otras funciones.

Fue en medio de aquel escándalo cuando La Habana anunció en septiembre de 2023 que había descubierto una red dedicada al reclutamiento y comenzó a presentar detenciones como prueba de su supuesta política de “tolerancia cero” contra el mercenarismo.

El régimen negó cualquier implicación estatal.

Mónica Milián Gómez ya había sido señalada

Pero mientras La Habana responsabilizaba a reclutadores y ciudadanos particulares, otro nombre comenzó a aparecer públicamente: Mónica Milián Gómez, entonces coronel y agregada militar, naval y aérea de Cuba en Rusia y Bielorrusia.

No se trata de una vinculación que aparezca ahora por primera vez.

Prisoners Defenders denunció en septiembre de 2023 que Milián Gómez habría tenido un papel central por la parte cubana en el reclutamiento. La organización sostuvo que existía colaboración entre personal cubano y ruso.

La acusación no equivale a una sentencia judicial contra Milián Gómez, pero adquiere relevancia al analizar el contexto completo de la operación.

Su posición institucional está documentada.

Meses antes de que estallara públicamente el escándalo, Milián Gómez participó en mayo de 2023 en una reunión con Valery Revenko, responsable de Cooperación Militar Internacional de Bielorrusia.

El propio encuentro fue presentado públicamente como parte de la cooperación militar entre ambos países y se informó que uno de los asuntos abordados fue el entrenamiento de personal militar cubano en Bielorrusia.

Por tanto, mientras ciudadanos cubanos estaban siendo captados para Rusia, una alta representante militar de La Habana se encontraba oficialmente destinada en Moscú y Minsk y participaba en conversaciones sobre cooperación y entrenamiento militar.

Condenados por una operación que no se detuvo

La gran contradicción aparece después de las detenciones.

Si aquellos procesados constituían la red que el régimen aseguró haber neutralizado, el reclutamiento debería haberse detenido.

No ocurrió.

Durante 2024 y 2025 continuaron apareciendo cubanos incorporados a las fuerzas rusas, incluidos hombres que aseguraron haber viajado atraídos por ofertas laborales y que posteriormente terminaron vinculados al Ejército.

Investigaciones posteriores han documentado que el fenómeno continuó creciendo mucho después de los arrestos realizados en Cuba.

La propia versión oficial terminó reconociendo una dimensión muy superior a la presentada inicialmente.

En octubre de 2025, La Habana informó que entre 2023 y 2025 habían sido presentados ante los tribunales nueve procesos penales por mercenarismo contra 40 imputados.

Veintiséis habían sido condenados, según las cifras oficiales.

Es decir, la persecución penal iniciada en 2023 no significó el final del reclutamiento de cubanos para Rusia.

Regresaron de Rusia y están libres

ClickCuba conoció además que ciudadanos cubanos que viajaron a Rusia, cumplieron sus contratos y posteriormente regresaron a la Isla se encuentran actualmente en libertad.

Sus identidades no serán publicadas.

El dato introduce otra contradicción.

Dentro de la causa examinada por ClickCuba hay personas que ni siquiera lograron abandonar Cuba y continúan bajo severas sanciones. Sin embargo, otros ciudadanos que habrían completado contratos en Rusia han podido regresar sin enfrentar el mismo tratamiento.

El contraste resulta todavía más evidente con uno de los hechos recogidos en el propio expediente.

Uno de los procesados consiguió viajar a Rusia. Allí fue trasladado a una unidad militar, pasó un examen médico, firmó un contrato redactado en ruso y recibió entrenamiento, incluido el manejo de armas.

Después abandonó el servicio y regresó a Cuba.

Actualmente cumple 16 años de privación de libertad.

¿Por qué ciudadanos que posteriormente habrían completado contratos similares pueden encontrarse en libertad mientras uno de los primeros procesados cumple 16 años?

La respuesta no aparece en la versión oficial.

Un contrato que no apareció en el juicio

A las diferencias de tratamiento se añaden denuncias sobre la propia valoración de las pruebas.

ClickCuba conoció que el condenado a 16 años habría buscado protección en la representación diplomática cubana en Rusia y entregado allí documentación relacionada con el contrato que había firmado.

Ese documento, según la información obtenida, no apareció posteriormente como prueba durante el juicio.

Su importancia resulta evidente.

El contrato permitiría conocer exactamente qué trabajo le fue ofrecido, las condiciones pactadas, quién aparecía como contratante y qué conocimiento podía tener el acusado sobre las funciones que realizaría antes de llegar a la unidad militar.

También se denuncia la ausencia de grabaciones realizadas durante la investigación.

Varios acusados habrían declarado separadamente que inicialmente se les habló de contratos de trabajo en Rusia.

Esas declaraciones fueron grabadas, pero las imágenes tampoco habrían sido incorporadas para sustentar la versión de los acusados durante el proceso.

El juicio también fue grabado

Según la información obtenida por ClickCuba, el juicio quedó registrado por dos cámaras: una de la Seguridad del Estado y otra del propio tribunal.

Actualmente se desconoce el destino de esas grabaciones.

Su contenido podría resultar fundamental para esclarecer qué dijeron los acusados, qué pruebas fueron presentadas, cuáles fueron rechazadas y cómo se justificaron las diferencias entre las sanciones.

Los afectados sostienen además que sus posteriores reclamaciones no han permitido esclarecer estas irregularidades.

Las penas, mientras tanto, continúan vigentes.

El hijo de la mayor, sin internamiento

Dentro de este entramado, el caso de David Joel Llaguno Meneses vuelve a destacar.

Según la Fiscalía, conocía la posibilidad de incorporarse a acciones militares en Rusia a cambio de dinero y beneficios. Mantenía contacto con Dayana, envió su pasaporte y recibió un boleto para viajar.

Es además hijo de Yasmida Meneses de la Paz, mayor vinculada al sistema penitenciario y a la prisión de mujeres de Guamajal.

Pero su sanción es de cinco años de trabajo correccional sin internamiento.

Otros continúan privados de libertad.

La diferencia no demuestra por sí sola qué motivó el tratamiento favorable, pero sí plantea una pregunta legítima que el régimen debería responder: ¿por qué el hijo de una funcionaria del sistema penitenciario recibió una modalidad sin internamiento cuando otros procesados en la misma causa permanecen encarcelados?

Una versión oficial cada vez más difícil de sostener

La Habana sostiene que el Estado cubano no participa en el reclutamiento y que las organizaciones responsables operan desde el extranjero.

Pero el conjunto de hechos conocidos obliga a formular preguntas que hasta ahora no han recibido respuestas satisfactorias.

El régimen procesó severamente a un primer grupo después de que el escándalo llegara a la prensa internacional, pero el reclutamiento continuó.

Algunos fueron condenados pese a no haber llegado siquiera a Rusia, mientras ciudadanos que posteriormente habrían cumplido contratos militares regresaron a Cuba y permanecen libres.

Dentro de la propia causa, el hijo de una mayor del sistema penitenciario cumple su sanción sin internamiento.

Existen además denuncias sobre un contrato que no habría aparecido durante el juicio y grabaciones de declaraciones y de la propia vista judicial cuyo contenido no ha sido puesto a disposición para esclarecer las reclamaciones.

Y sobre todo ello permanece el antecedente de Mónica Milián Gómez, representante militar cubana en Rusia y Bielorrusia cuando se desarrollaba el reclutamiento, señalada públicamente desde 2023 por Prisoners Defenders como una figura relacionada con la operación.

Ninguno de estos elementos, considerado aisladamente, demuestra que el Estado cubano organizara toda la red. Juntos, sin embargo, revelan contradicciones suficientemente graves para exigir una investigación independiente sobre lo ocurrido.

¿Mercenarios o chivos expiatorios?

Los procesados por aquella primera causa no son reconocidos como presos políticos y algunos continúan cumpliendo largas condenas.

Pero el fenómeno por el que fueron castigados siguió desarrollándose después de su encarcelamiento.

Esa es posiblemente la contradicción más difícil de explicar.

Si ellos eran responsables de la red, la red no terminó con ellos.

Si el régimen desconocía completamente la operación, tendrá que explicar cómo pudo mantenerse durante años un flujo de ciudadanos cubanos hacia las fuerzas de uno de sus principales aliados militares.

Si aplica una política de “tolerancia cero”, deberá explicar por qué existen retornados que habrían cumplido contratos en Rusia y permanecen libres.

Y si todos fueron juzgados bajo los mismos principios, deberá explicar por qué el hijo de una mayor del sistema penitenciario cumple cinco años sin internamiento mientras otros siguen detrás de las rejas.

Hasta que esas preguntas tengan respuestas transparentes, el expediente de Villa Clara no solo cuenta la historia de una causa por mercenarismo.

También expone las contradicciones de la versión oficial, la desigualdad en la aplicación de las sanciones y la posibilidad de que algunos de los primeros procesados hayan terminado convertidos en chivos expiatorios de un entramado mucho mayor que nunca fue realmente desmantelado.