Demanda de 992 cubanos con I-220A tendrá audiencia el 10 de septiembre en Miami: ¿qué está en juego?

Una demanda presentada por 992 cubanos que recibieron el formulario I-220A tendrá una audiencia clave el próximo 10 de septiembre ante un tribunal federal de Miami, en un litigio que intenta conseguir el reconocimiento de sus liberaciones en Estados Unidos como parole.

El caso, conocido como Bello-Rubio v. Noem, se tramita ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida y está a cargo de la jueza Jacqueline Becerra.

La audiencia había sido programada inicialmente para el 26 de agosto y posteriormente trasladada al 2 de septiembre. Sin embargo, una nueva orden emitida el 27 de agosto fijó finalmente la vista para el jueves 10 de septiembre a las 8:30 de la mañana. 

¿Qué reclaman los 992 cubanos?

El punto central del litigio es la situación de cubanos que llegaron a la frontera estadounidense, fueron procesados por las autoridades migratorias y posteriormente liberados con una I-220A, Orden de Libertad Bajo Palabra, en lugar de recibir un documento de parole.

Los demandantes sostienen que las circunstancias en las que fueron liberados deberían ser reconocidas jurídicamente como parole.

La diferencia resulta fundamental para los cubanos: la Ley de Ajuste Cubano permite solicitar la residencia permanente a quienes, entre otros requisitos, hayan sido inspeccionados y admitidos o puestos en parole y lleven al menos un año físicamente presentes en Estados Unidos.

El I-220A, por sí solo, no ha sido reconocido de manera general como ese parole necesario para acogerse a esa vía.

El Gobierno quiere que la demanda sea desestimada

La audiencia del 10 de septiembre estará centrada en los argumentos sobre la moción presentada por el Gobierno federal para desestimar la demanda colectiva enmendada.

Entre las cuestiones en disputa está si el tribunal tiene jurisdicción para conceder los remedios solicitados por los demandantes y si puede obligar al Gobierno a reconocer o documentar retroactivamente esas liberaciones como parole. 

Los demandantes también pretenden que el litigio tenga alcance colectivo, una cuestión especialmente importante por la cantidad de cubanos que se encuentran en situaciones migratorias similares.

No significa residencia automática para todos los I-220A

Las expectativas deben manejarse con cautela.

La audiencia no significa que todos los cubanos con I-220A vayan a recibir parole o residencia, ni que cualquier persona que tenga ese documento forme automáticamente parte de los 992 demandantes.

Tampoco está garantizado que la jueza emita una decisión el mismo 10 de septiembre. Puede escuchar los argumentos de ambas partes y resolver posteriormente por escrito. 

Incluso una eventual victoria de los demandantes tendría que analizarse según el alcance exacto de la decisión y si el tribunal acepta o no extender determinadas protecciones más allá de las personas incluidas actualmente en el litigio.

Del otro lado, una derrota tampoco supondría la deportación automática de quienes poseen I-220A ni cancelaría por sí misma solicitudes de asilo u otros procedimientos migratorios individuales. 

Lo que ocurra en Miami será, sin embargo, un nuevo capítulo de una batalla judicial que puede resultar decisiva para determinar si miles de cubanos liberados con I-220A tienen alguna vía para conseguir que aquella liberación sea reconocida como parole y, eventualmente, abrir el camino hacia la Ley de Ajuste Cubano.