Georlys Olazábal Draque pide revisar su condena y señala irregularidades en el proceso que lo llevó a prisión

El cubano, condenado a 15 años de prisión, presentó desde el Combinado del Este un extenso recurso de revisión en el que cuestiona pruebas, declaraciones de testigos y decisiones tomadas durante la investigación. ClickCuba ha tenido acceso a documentación judicial de un caso que este medio sigue desde hace tiempo.

Georlys Olazábal Draque intenta que la justicia cubana revise el proceso por el que fue condenado a 15 años de prisión en un caso relacionado con tráfico de personas y privación de libertad.

Desde el Combinado del Este, en La Habana, Georlys redactó un extenso recurso fechado el 19 de febrero de 2026. A lo largo de decenas de páginas identifica declaraciones, documentos y páginas concretas del expediente judicial para argumentar que durante la investigación y el juicio se produjeron irregularidades que pudieron influir en su condena.

El caso no es nuevo para ClickCuba. Este medio ha investigado anteriormente la situación de Georlys y ha tenido acceso a documentación del proceso judicial. El nuevo recurso permite volver sobre esos documentos y conocer con mayor detalle los argumentos con los que ahora intenta que su sentencia sea revisada.

Los africanos entraron a Cuba con visados

El origen del caso está en un grupo de ciudadanos africanos que llegó a Cuba entre diciembre de 2021 y enero de 2022 y que posteriormente pretendía continuar viaje hacia Estados Unidos.

Entre ellos aparecen Musdaf Suleimanu Mohamed, Abdihakim Liban Abdi, Feisal Ali Ibrahim y Mohamed Abdiwahab Mohamed.

Un elemento resulta especialmente importante: estas personas no entraron clandestinamente a Cuba. Llegaron por los controles migratorios utilizando visados que les permitieron viajar a la Isla.

Precisamente la forma en que consiguieron esos visados ocupa una parte importante del recurso de Georlys.

Visados cubanos por miles de dólares

Según una declaración incluida en el proceso y citada ahora por Georlys, Feisal Ali Ibrahim explicó que conoció en Nairobi a una persona identificada como Mohamed Rashidd, quien le habría ofrecido gestionar una visa para Cuba a cambio de 2.000 dólares.

Según ese testimonio, entregó su pasaporte y el dinero y aproximadamente una semana después recibió el documento ya visado mediante la empresa de mensajería DHL.

Georlys sostiene además que los ciudadanos africanos no habrían comparecido personalmente ante la representación consular cubana para determinados trámites y cuestiona las firmas que aparecen en la documentación.

De ser correcta esa versión, surge una cuestión que el recurso considera fundamental: ¿quién tramitó los visados, quién completó los documentos y cómo fueron aceptados posteriormente por las autoridades migratorias cubanas?

Georlys sostiene que esta parte de la historia no fue investigada con la misma profundidad que las actuaciones utilizadas para acusarlo.

¿Testigos o posibles participantes?

El recurso plantea otra cuestión.

Si alguno de los ciudadanos africanos sabía que estaba utilizando documentación irregular para entrar en Cuba, Georlys considera que las autoridades debieron investigar también su posible responsabilidad.

Sin embargo, varios terminaron declarando como testigos en el proceso contra los acusados.

Los cuatro ciudadanos mencionados fueron posteriormente devueltos a sus países el 6 de abril de 2022, según la información migratoria citada en las actuaciones.

La salida de Cuba de algunos de esos testigos tendría después consecuencias importantes para el juicio.

Un testigo que ya no estaba en Cuba

Uno de los casos que Georlys analiza con mayor detalle es el de Musdaf Suleimanu Mohamed.

Según el expediente citado en el recurso, prestó declaración el 31 de marzo de 2022 y salió de Cuba el 6 de abril, apenas unos días después.

Cuando el caso llegó a juicio en junio de 2023, el testigo ya no se encontraba en el país.

Georlys cuestiona la utilización de aquella declaración y señala una posible contradicción jurídica: sostiene que el documento original indica que fue tomado bajo un artículo determinado de la Ley de Proceso Penal, mientras que posteriormente la acusación habría mencionado otro artículo para justificar que pudiera ser leído durante el juicio ante la ausencia del testigo.

Más allá de los números de los artículos, el problema que plantea es fácil de entender: un testimonio importante para la acusación terminó siendo utilizado cuando la persona que lo había prestado ya no estaba ante el tribunal para ser interrogada nuevamente por la defensa.

Declaraciones que Georlys considera irregulares

El recurso cuestiona también cómo fueron recogidos algunos testimonios.

Georlys señala declaraciones en las que supuestamente faltan firmas y otras que, según los documentos que cita, habrían sido tomadas a personas diferentes el mismo día y a la misma hora, con participación de los mismos funcionarios.

También sostiene que existieron contradicciones entre lo declarado inicialmente por algunos testigos y lo que posteriormente quedó reflejado durante el juicio.

Su argumento es que esas diferencias debieron investigarse y aclararse antes de utilizar las declaraciones para construir una acusación que podía terminar, como ocurrió, con largas penas de prisión.

La acusación de que los mantuvieron encerrados

Otro de los puntos cuestionados afecta directamente al delito de privación de libertad.

Según el recurso, una inspección realizada en una de las viviendas donde permanecieron los ciudadanos africanos habría mostrado que la habitación utilizada por ellos no tenía una puerta que les impidiera salir.

Georlys considera que este dato contradice la versión de que permanecieron encerrados contra su voluntad.

El escrito cita también declaraciones realizadas durante el juicio por el instructor Roberto Batista Fernández, de la Seguridad del Estado, que Georlys considera incompatibles con partes de los testimonios utilizados por la acusación.

La cuestión resulta relevante porque la supuesta privación de libertad formó parte del proceso que terminó en condena.

¿Quién pagó la operación para salir de Cuba?

El dinero es otro de los asuntos que Georlys considera insuficientemente esclarecidos.

En las actuaciones aparecen referencias a cantidades recibidas y retiradas mediante tarjetas bancarias, así como al dinero que habrían aportado los propios ciudadanos africanos.

El recurso sostiene que determinados movimientos podían comprobarse solicitando certificaciones de FINCIMEX, pero que esas verificaciones no se incorporaron de la manera que Georlys considera necesaria para esclarecer los hechos.

También afirma que los extranjeros participaron económicamente en la preparación de la embarcación con la que pretendían abandonar Cuba.

Según una declaración del instructor Roberto Batista Fernández citada por Georlys, los propios africanos habrían llegado a presionar para que los llevaran a ver la embarcación.

Esto abre otra cuestión importante para comprender el caso: ¿eran únicamente víctimas de una operación organizada por otras personas o participaban voluntariamente en un proyecto migratorio que también estaban financiando?

Lo que, según Georlys, no se investigó

El recurso insiste tanto en las pruebas utilizadas para condenarlo como en aquellas cuestiones que, según él, quedaron sin esclarecer.

Entre ellas están quién gestionó los visados cubanos; qué papel desempeñaron los intermediarios que habrían recibido miles de dólares; quién completó o firmó determinados documentos; de dónde procedía el dinero utilizado en la operación; cuál era la participación real de cada persona y qué responsabilidad tuvieron los propios ciudadanos africanos.

También cuestiona un supuesto contrato de trabajo relacionado con Ecuador mencionado durante la investigación. Georlys sostiene que las autoridades podían comprobar esa información solicitando documentación oficial, pero que no lo hicieron.

La Seguridad del Estado en la investigación

El nombre del capitán Roberto Batista Fernández, identificado en el proceso como instructor vinculado a la Seguridad del Estado, aparece repetidamente en el recurso.

También aparecen fiscales y otros funcionarios que participaron en las declaraciones y en la investigación.

Georlys sostiene que determinadas pruebas que podían sostener la acusación fueron aceptadas mientras que elementos potencialmente favorables a los acusados no fueron comprobados con la misma profundidad.

Esa es precisamente una de las razones por las que ahora solicita que el caso vuelva a examinarse.

Quince años de prisión y una petición de revisión

Georlys dedica buena parte de su escrito a explicar las leyes que considera vulneradas, pero detrás de las numerosas referencias jurídicas existe una petición sencilla: que se vuelva a revisar cómo fue construido el proceso que terminó condenándolo a 15 años de prisión.

El recurso está fechado el 19 de febrero de 2026 y fue redactado desde el Combinado del Este, donde permanece encarcelado.

El documento no anula por sí mismo la sentencia ni convierte automáticamente en ciertas todas las denuncias de Georlys. Pero sus señalamientos tampoco son acusaciones genéricas: identifica declaraciones, fechas, documentos y páginas específicas del expediente judicial.

Y deja preguntas que merecen respuestas.

Si ciudadanos africanos llegaron legalmente a Cuba utilizando visados que, según declaraciones recogidas en el propio proceso, habrían sido obtenidos mediante intermediarios a cambio de miles de dólares, ¿quién estaba detrás de ese negocio?

Si existían dudas sobre documentos y firmas, ¿hasta dónde llegó la investigación sobre quienes los confeccionaron o tramitaron?

Si los propios migrantes aportaron dinero y participaron voluntariamente en la preparación de su salida de Cuba, ¿cómo se determinó quién era víctima, quién participaba conscientemente y quién debía responder penalmente?

Y, sobre todo, si existían contradicciones entre testimonios, documentos y actuaciones de la propia investigación, ¿fueron suficientemente aclaradas antes de imponer una condena de 15 años?

Esas son las preguntas que Georlys Olazábal Draque vuelve a colocar sobre la mesa desde una celda del Combinado del Este. Su recurso pide ahora que las autoridades revisen nuevamente las pruebas y expliquen si el proceso que lo mantiene en prisión respetó realmente todas las garantías que exige la propia legislación cubana.