
Cinco años sin su madre: Lizandra Góngora denuncia abandono y maltrato contra sus hijos
La presa política cubana Lizandra Góngora Espinosa, encarcelada desde hace cinco años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, denunció desde prisión a Ángel Delgado Almira, padre de tres de sus hijos, a quien acusa de abandono, maltrato y de no garantizar adecuadamente el cuidado de los menores.
El testimonio, grabado el 24 de agosto y difundido por la activista Diasniurka Salcedo, coloca nuevamente en primer plano una realidad que va más allá del conflicto entre los padres: la desprotección de unos niños cuya madre cumple una condena de 14 años por manifestarse contra el régimen cubano.
“No quiere seguir más con sus hijos”
Lizandra explica que cuando fue encarcelada defendió públicamente a Delgado porque era quien había quedado al cuidado de sus hijos. Según su testimonio, con el paso de los años la situación cambió.
La presa política asegura que durante una reciente visita a la prisión de la Isla de la Juventud, Delgado manifestó delante de los propios menores y de funcionarios penitenciarios que no quería continuar haciéndose cargo de ellos.
“Gritó delante de toda la prisión, delante de todos los oficiales, que él no quería seguir más con sus hijos”, denuncia Lizandra en el audio.
Góngora formula además graves acusaciones sobre las condiciones en las que han permanecido los menores. Afirma que han sido dejados solos, que han pasado hambre y denuncia presuntos episodios de violencia física.
Por tratarse de acusaciones que involucran directamente a menores de edad, corresponde a las instituciones responsables de su protección investigarlas y garantizar que los niños se encuentren en un entorno seguro.
Lizandra, sin embargo, asegura que esa protección no ha llegado.
“Menores no aparece”, denuncia desde prisión.
Una vivienda comprada para facilitar las visitas a su madre
Otro elemento del caso es la venta de una vivienda situada en la Isla de la Juventud, cuya finalidad es importante precisar.
Los hijos de Lizandra viven en Artemisa. La vivienda de la Isla de la Juventud no constituía su residencia habitual.
Según información conocida por ClickCuba, el inmueble fue adquirido con ayuda destinada a Lizandra y sus hijos para que los menores tuvieran un lugar donde alojarse cuando viajaran a la Isla de la Juventud a visitar a su madre en prisión. De esa manera se evitaba que, además de afrontar el costo y las dificultades del traslado, tuvieran que conseguir alojamiento en cada visita.
La propiedad quedó legalmente a nombre de Ángel Delgado Almira y ClickCuba pudo confirmar que la vivienda fue vendida.
Al figurar Delgado como propietario, la cuestión que plantea el caso no es afirmar que careciera de capacidad legal para venderla. El problema es otro: una vivienda adquirida con ayuda para facilitar que unos niños pudieran mantener el contacto con su madre encarcelada ya no está disponible para cumplir esa finalidad.
Cinco años separados de su madre
Lizandra Góngora fue detenida tras participar en las manifestaciones del 11J en Güira de Melena, Artemisa, y posteriormente condenada a 14 años de privación de libertad.
Lleva cinco años encarcelada y durante parte de su condena ha permanecido recluida en la Isla de la Juventud, lejos del lugar donde viven sus hijos, lo que convierte cada visita en un desplazamiento especialmente complejo.
En su testimonio denuncia además que los encuentros con sus hijos se han ido espaciando. Según explica, inicialmente las visitas eran más frecuentes, pero posteriormente llegaron a producirse con intervalos de seis, siete y hasta ocho meses.
Góngora asegura también que la Contrainteligencia en la Isla de la Juventud habría asumido en determinadas ocasiones los pasajes de Delgado y los niños. A partir de ello, sospecha que existe algún tipo de colaboración entre el padre de sus hijos y los órganos represivos y considera que la irregularidad de las visitas ha sido utilizada para afectarla psicológicamente.
¿Quién protege a los niños?
Las acusaciones de Lizandra contra Ángel Delgado Almira deberán investigarse y cualquier responsabilidad individual tendrá que establecerse sobre pruebas.
Pero existe una responsabilidad que no puede quedar oculta detrás del conflicto familiar.
Lizandra lleva cinco años imposibilitada de ejercer directamente el cuidado de sus hijos porque el régimen cubano la mantiene en prisión por participar en una manifestación.
Mientras ella permanece encarcelada y lejos de Artemisa, denuncia desde una prisión que sus hijos han sufrido abandono, necesidades y presuntos maltratos. Al mismo tiempo, la vivienda adquirida para que los menores pudieran alojarse durante las visitas a su madre en la Isla de la Juventud ha sido vendida y ya no puede cumplir el propósito para el que fue comprada.
Ante una denuncia de esta gravedad, la prioridad debería ser determinar cómo se encuentran los niños y garantizar inmediatamente su protección.
El caso de Lizandra Góngora demuestra que las consecuencias de una condena política pueden extenderse mucho más allá de los muros de una prisión.
Cinco años después de encarcelar a su madre, sus hijos continúan pagando también las consecuencias: crecen separados de ella y en medio de una situación familiar sobre la que ahora pesan graves denuncias de desprotección.







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