Activista cubano denuncia citación informal de la Seguridad del Estado por expresar sus opiniones

El cubano Anthony Martínez denunció públicamente haber sido citado este miércoles por la Seguridad del Estado para sostener lo que calificó como una “conversación” informal, realizada sin una orden escrita previa ni documentación oficial que justificara el encuentro.

Según relató en una publicación difundida en Facebook, fue convocado a las 2:00 de la tarde y decidió hacer pública la situación para visibilizar lo que considera un acto de vigilancia e intimidación contra quienes expresan libremente sus opiniones.

“Expresar lo que uno piensa se convierte en un motivo de vigilancia”, escribió Martínez, quien afirmó que su intención al denunciar el hecho es que la ciudadanía conozca este tipo de prácticas.

En su mensaje, el cubano recordó que la propia Constitución de la República de Cuba reconoce en su Artículo 54 la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Por ello, cuestionó las razones de la vigilancia estatal contra ciudadanos que ejercen derechos que, al menos sobre el papel, están reconocidos por la legislación vigente.

“Si la ley me ampara, ¿por qué el acoso?”, preguntó en su publicación, donde también insistió en que exigir el respeto a los derechos fundamentales no constituye un delito.

La denuncia de Martínez se suma a numerosos testimonios de activistas, periodistas independientes, opositores y ciudadanos que han reportado durante años citaciones informales, advertencias policiales, interrogatorios y otras formas de presión por parte de la Seguridad del Estado. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado repetidamente estas prácticas como mecanismos de control destinados a desalentar la crítica pública y la participación cívica independiente.

Anthony Martínez pidió a los usuarios compartir su denuncia para que llegue al mayor número de personas posible. Su publicación ha comenzado a generar reacciones en redes sociales, donde numerosos cubanos han expresado preocupación por las limitaciones a la libertad de expresión y el uso de mecanismos extrajudiciales contra quienes manifiestan opiniones críticas.

La denuncia reabre el debate sobre las garantías reales para el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y sobre la contradicción que, según numerosos ciudadanos, existe entre la letra de la ley y la realidad que enfrentan quienes expresan públicamente sus ideas en la Isla.