CIDH responsabiliza al régimen cubano por años de persecución y represión contra Cubalex

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado cubano por graves violaciones de derechos humanos cometidas contra integrantes del Centro de Información Legal Cubalex, después de años de vigilancia, amenazas, detenciones arbitrarias, restricciones migratorias y persecución vinculadas directamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos.

La decisión, recogida en el Informe No. 81/26 sobre los casos 14.227 y 14.225, constituye un importante pronunciamiento internacional sobre las prácticas utilizadas por el régimen cubano para obstaculizar y silenciar el trabajo independiente de abogados y defensores de derechos humanos.

El caso fue impulsado durante más de ocho años ante el sistema interamericano por Cubalex y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center.

Años de persecución por defender derechos humanos

Cubalex comenzó a trabajar en La Habana en 2010 ofreciendo asistencia jurídica gratuita, documentando violaciones de derechos humanos y acompañando a ciudadanos y activistas que carecían de mecanismos efectivos para defenderse frente a las instituciones del régimen.

Esa actividad convirtió progresivamente a sus integrantes en objetivos de la Seguridad del Estado.

La CIDH documentó detenciones, interrogatorios, amenazas, campañas de desprestigio, vigilancia de las comunicaciones y restricciones para entrar o salir del país. La persecución se intensificó especialmente después de que Cubalex comenzara a colaborar con mecanismos internacionales de derechos humanos y participara en espacios como el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas y audiencias ante la propia Comisión Interamericana.

Ya en abril de 2015, la CIDH había otorgado medidas cautelares a varios integrantes de la organización ante la situación de gravedad y riesgo que enfrentaban.

El allanamiento que marcó un punto de ruptura

Uno de los episodios más graves ocurrió el 23 de septiembre de 2016, cuando agentes de la policía y la Seguridad del Estado allanaron la sede de Cubalex en La Habana sin orden judicial.

Durante el operativo fueron incautados equipos informáticos, documentos y archivos relacionados con el trabajo de la organización. Integrantes del equipo fueron sometidos posteriormente a interrogatorios, registros invasivos y detenciones.

La presión terminó provocando que prácticamente todo el equipo de Cubalex y familiares cercanos abandonaran Cuba.

La CIDH determinó ahora que ese exilio no puede analizarse simplemente como una decisión migratoria, sino dentro del contexto del hostigamiento estatal y la ausencia de mecanismos internos capaces de proteger a los defensores de derechos humanos.

El caso de Julio Ferrer Tamayo

La Comisión dedicó especial atención al abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, integrante de Cubalex.

Ferrer Tamayo fue sometido a un proceso penal y permaneció encarcelado arbitrariamente hasta 2017. La CIDH concluyó que su detención estuvo directamente relacionada con su trabajo como defensor de derechos humanos y determinó además que el Estado no garantizó condiciones mínimas durante su encarcelamiento, afectando su integridad personal y su salud.

El abogado permaneció en Cuba durante varios años más y finalmente salió al exilio en 2024.

Una extensa lista de derechos vulnerados

Las conclusiones de la CIDH van mucho más allá de considerar que existieron simples irregularidades policiales.

La Comisión determinó la responsabilidad del Estado cubano por vulneraciones de derechos relacionados con la libertad, seguridad e integridad personal; libertad de expresión; privacidad y vida familiar; residencia y tránsito; inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones; salud y bienestar; reunión; asociación; acceso a la justicia; protección frente a detenciones arbitrarias y garantías del debido proceso.

También concluyó que las acciones contra Cubalex provocaron daños físicos y psicológicos y mantuvieron a las víctimas bajo una situación constante de temor.

Para la CIDH, la persecución tuvo además una motivación concreta: castigar y obstaculizar el trabajo de Cubalex en defensa de los derechos humanos.

Cuba ignoró las recomendaciones

El caso adquiere otra dimensión por la respuesta del régimen ante el procedimiento internacional.

La CIDH había aprobado previamente el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 179/25 y concedió al Estado cubano un plazo de dos meses para informar sobre las medidas adoptadas para cumplir sus recomendaciones.

Cuba no presentó respuesta.

Posteriormente, los representantes de las víctimas informaron que ninguna de las recomendaciones había sido implementada.

Entre las medidas planteadas por la Comisión se encuentra la reparación integral de las víctimas, que contempla compensaciones económicas y medidas de satisfacción, así como crear condiciones para que quienes fueron forzados al exilio puedan regresar a Cuba si así lo desean.

La CIDH también exige investigar los hechos y sancionar a los funcionarios responsables, además de adoptar cambios legislativos y administrativos para impedir nuevas acciones de hostigamiento, violencia, criminalización y represalias contra defensores de derechos humanos.

Un caso que trasciende a Cubalex

El pronunciamiento tiene especial relevancia porque la Comisión sitúa lo sucedido a Cubalex dentro de un escenario mucho más amplio.

Los hechos, concluyó la CIDH, ocurrieron en una situación generalizada de hostigamiento y represalias contra disidentes políticos, organizaciones independientes y defensores de derechos humanos en Cuba.

No se trata, por tanto, únicamente de determinar responsabilidades por lo ocurrido a una organización hace una década. El informe documenta cómo las estructuras del Estado fueron utilizadas para perseguir a ciudadanos por relacionarse con organismos internacionales, documentar abusos y proporcionar asistencia jurídica independiente.

Cubalex continúa actualmente su trabajo desde el exilio, mientras la decisión de la CIDH deja establecido en el ámbito interamericano que la persecución sufrida por sus integrantes constituyó una violación de múltiples derechos fundamentales y fue consecuencia directa de su labor en defensa de los derechos humanos.