Estados Unidos golpea las vías de financiación del régimen cubano con nuevas sanciones contra nueve entidades y dos funcionarios

Washington amplía la presión económica sobre estructuras vinculadas a GAESA, el sector energético y el negocio de las misiones médicas cubanas

El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra nueve entidades y dos funcionarios cubanos, en una acción dirigida a cortar fuentes de ingresos y mecanismos financieros que Washington considera fundamentales para el sostenimiento del régimen de La Habana.

Las medidas fueron anunciadas el 23 de julio por el secretario de Estado, Marco Rubio, bajo la Orden Ejecutiva 14404. El Departamento de Estado sostiene que los sancionados participan en sectores estratégicos como la energía y las finanzas, en operaciones destinadas a evadir restricciones anteriores y en el sistema de contratación internacional de profesionales de la salud cubanos.

Tres empresas del sector energético

Entre las nuevas designaciones aparecen tres compañías relacionadas directamente con el abastecimiento y desarrollo energético de Cuba.

Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET) fue incluido por su vinculación con Cuba-Petróleo (CUPET) y su actividad en la exploración petrolera e investigación energética.

También fueron sancionadas Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y EINARBO S.A., identificadas por Washington como importadoras de gas, gas licuado y lubricantes. En el caso de EINARBO, el Departamento de Estado señala específicamente operaciones con suministros procedentes de México e India.

Washington apunta directamente a las maniobras de GAESA

Uno de los elementos centrales de las nuevas sanciones es la ofensiva contra estructuras que Estados Unidos considera utilizadas para proteger los activos e ingresos de GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

La Terminal de Contenedores de Mariel S.A. fue sancionada por su relación con GAESA. Washington asegura que, a mediados de junio, esta empresa transfirió el Puerto de Mariel a Coral Marítima S.A. como parte de una operación destinada a eludir las sanciones estadounidenses.

Coral Marítima también quedó incluida en las nuevas designaciones por sus vínculos con el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).

Las autoridades estadounidenses interpretan estos movimientos corporativos como intentos de reorganizar propiedades y estructuras empresariales para mantener activos estratégicos fuera del alcance de las sanciones.

CEIBA y ORBIT entran en la lista

La ofensiva también alcanza al sector financiero.

Estados Unidos sancionó a CEIBA Investments Limited, una compañía radicada en Guernsey con inversiones inmobiliarias en Cuba. De acuerdo con el Departamento de Estado, una subsidiaria de CEIBA en Panamá asumió completamente la propiedad de una antigua empresa conjunta vinculada a GAESA después de que el conglomerado militar fuera sancionado.

También fue incluida ORBIT S.A., empresa encargada del procesamiento de remesas hacia Cuba y que, de acuerdo con la evaluación estadounidense, está casi con certeza controlada por GAESA.

La inclusión de ORBIT resulta especialmente significativa porque amplía la presión sobre los mecanismos utilizados para canalizar dinero hacia la Isla, en un momento en que Washington intenta diferenciar entre los recursos destinados directamente a los ciudadanos cubanos y aquellos que terminan bajo estructuras controladas por el aparato estatal y militar.

Las misiones médicas vuelven al centro de las sanciones

Otro de los principales objetivos de las medidas es el programa cubano de exportación de servicios médicos.

El Departamento de Estado sostiene que existe un patrón de trabajo forzoso dentro de los programas laborales cubanos en el exterior y denuncia que las autoridades utilizan leyes coercitivas y las difíciles condiciones económicas internas para presionar a los profesionales.

Según las autoridades estadounidenses, el régimen llega a retener entre el 50 % y el 95 % de los salarios pagados por los países receptores por el trabajo de los profesionales cubanos.

Washington calcula además que decenas de miles de trabajadores sanitarios han participado en estos programas en más de 50 países y considera históricamente las misiones médicas una de las mayores fuentes de divisas para La Habana.

Sancionado el ministro de Salud Pública

Dentro de este apartado aparece una de las designaciones políticamente más relevantes: José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba.

Estados Unidos lo responsabiliza de supervisar las estructuras encargadas de gestionar las misiones médicas internacionales.

También fue sancionada la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), empresa estatal encargada de comercializar los servicios sanitarios cubanos en el extranjero.

La lista incluye además a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), organismo del Ministerio de Salud Pública encargado de reclutar profesionales para las misiones internacionales, y a su directora, Gretza Sánchez Padrón.

¿Qué implican las nuevas sanciones?

Las consecuencias van más allá de una inclusión simbólica en una lista.

Los bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos o instituciones estadounidenses quedan bloqueados y deben ser comunicados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

También quedan bloqueadas las empresas propiedad, directa o conjuntamente en un 50 % o más, de las personas sancionadas.

Las personas y compañías bajo jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar transacciones con los designados salvo que exista una autorización específica o general de OFAC.

Washington introduce además una advertencia para terceros países: empresas y entidades financieras extranjeras que realicen determinadas operaciones con personas sancionadas bajo esta orden ejecutiva también podrían exponerse a sanciones estadounidenses.

Rubio: el régimen representa una amenaza para Estados Unidos y la región

En el anuncio de las medidas, Marco Rubio afirmó que el régimen comunista cubano continúa representando una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y para la estabilidad del hemisferio.

El secretario de Estado explicó que las nueve entidades y los dos individuos designados contribuyen a mantener el control del régimen sobre los sectores energético y financiero y sobre el sistema de exportación de profesionales sanitarios.

Las sanciones se producen bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, que proporciona a Washington nuevas herramientas para actuar contra personas y estructuras relacionadas con la represión en Cuba y con actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Con esta nueva ronda de medidas, Washington amplía su estrategia: ya no se limita a sancionar a dirigentes políticos o militares, sino que intenta identificar y bloquear las estructuras empresariales, financieras y comerciales que permiten al régimen obtener divisas, reorganizar sus activos y sortear las restricciones existentes.

La señal enviada desde Washington es clara: cambiar el nombre de una empresa, transferir activos o utilizar intermediarios no garantizará que las estructuras vinculadas al poder económico y militar cubano queden fuera del alcance de las sanciones estadounidenses.