Wilber Aguilar Bravo, conocido en la comunidad cubana por su activismo a favor de la libertad de su hijo y de los presos políticos, lleva más de cien días sin poder ver al joven, el preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado a 12 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Güinera, según denunció en una entrevista con Martí Noticias publicada este sábado.
«No nos han dejado verlo», declaró Aguilar Bravo, que atribuyó las restricciones a sus denuncias públicas sobre el caso y aseguró no haber recibido una explicación que justifique la suspensión de las visitas. A finales de septiembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ya había alertado de que las autoridades seguían impidiendo las visitas al joven.
La familia vio al joven por última vez el 14 de julio. El 28 de agosto las autoridades aceptaron los alimentos que llevaban, pero le negaron la entrada. En septiembre viajó hasta Sancti Spíritus y ni siquiera recibieron la comida. «Tuvimos que virar para atrás… Las niñas llorando por ver a su papá», relató. «Es un derecho que tenemos como familia verlo», insistió.
Cuando reclamó, un coronel le respondió que había «casos y casos» y que el suyo era uno de aquellos en los que no podían permitir el encuentro. Aguilar Bravo aseguró además que reconoció en el penal a personas que participan en los operativos de vigilancia frente a su vivienda en La Habana, donde el 18 de octubre denunció una patrulla apostada frente a su casa mientras exigía la libertad de su hijo, y que esas personas le advirtieron que estarían allí cada vez que acudiera. Tampoco permitieron la entrada a un pastor que intentó visitar al joven, según denunció.
Walnier, de 26 años según la entrevista, tiene una discapacidad intelectual certificada. Fue detenido el 20 de julio de 2021 y condenado inicialmente a 23 años de prisión por sedición, pena rebajada después a 12 en apelación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en julio de 2022, al advertir que estaba sometido a condiciones de detención severas y sin atención médica adecuada. En enero de 2025, la CIDH concedió medidas cautelares también a su padre y a otros familiares, ante la vigilancia, las detenciones y las amenazas que sufren por sus denuncias. En ambos casos, el Estado cubano no respondió a los requerimientos de la Comisión.
«Seguimos siendo víctimas nosotros aquí como familia de ensañamiento y represión», denunció Aguilar Bravo.
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