Nueve ciudadanos cubanos enfrentan peticiones fiscales de hasta cinco años de privación de libertad por participar en una protesta popular, según reveló Martí Noticias tras acceder a las conclusiones provisionales de la Fiscalía municipal de Bayamo. La concentración tuvo lugar el 23 de mayo de 2025 en esa ciudad de la provincia de Granma, donde unas 120 personas salieron a la calle a exigir «comida, corriente y agua».
El documento, que cierra la etapa de instrucción y abre paso a la solicitud de juicio oral, tipifica los hechos como desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia. Los sucesos ocurrieron en las inmediaciones de la intersección de la avenida Vicente Quesada y la calle 22, cerca de una rotonda de la ciudad.
Según el relato fiscal, parte de los concentrados llevaban el rostro cubierto para evitar ser identificados y utilizaron cazuelas, calderos y otros objetos metálicos para hacer ruido y manifestar su descontento, en medio de la escasez de alimentos, los prolongados apagones y las fallas en el suministro de agua potable. La acusación sostiene además que se profirieron expresiones ofensivas contra el presidente designado Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes históricos.
La petición más grave recae sobre Pedro Luis Zamora Isac, para quien la Fiscalía solicita cinco años de privación de libertad por desórdenes públicos. Alexander Guzmán Silva enfrenta una petición de cuatro años por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir, y Ever Ernesto Pérez Aliaga, una de tres años por desacato y desórdenes públicos. También están acusados Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera, por delitos como resistencia e instigación a delinquir.
La Fiscalía sostiene que se produjo un altercado entre los manifestantes y los oficiales del Ministerio del Interior que acudieron al lugar. Según el texto judicial, los concentrados «les faltaron el respeto, y les lanzaron botellas y piedras, pero sin llegar a lesionarlos, lo que originó que las fuerzas de la policía detuvieran a los principales responsables de los hechos».
Familiares de los procesados rechazan los cargos. Ernesto Pérez Aliaga, padre de Ever Ernesto, negó la acusación de desacato en declaraciones a ese medio y aseguró que su hijo se manifestó de forma pacífica y sin faltar el respeto a nadie. Rosa Escalante, madre de Arael Rodríguez Escalante, a quien la Fiscalía acusa de incitar contra la policía mediante gritos y expresiones hostiles, resumió así la petición: «Les están pidiendo años por exigirle al gobierno derechos básicos como el acceso al agua, alimentos y la electricidad».
Las peticiones llegan cerca de un año y medio después de los hechos y vuelven a poner sobre la mesa la criminalización de la protesta social en la isla. En septiembre de 2025, otros 15 cubanos fueron juzgados por manifestarse en Bayamo el 17 de marzo de 2024, también contra los largos apagones y la escasez de alimentos y servicios básicos en la ciudad.
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