El preso político Pedro Luis Fernández Peralta denunció el cierre del puesto médico de la prisión Cuba-Panamá, en Güines, Mayabeque, y protestó ante un oficial del Ministerio del Interior por el riesgo para los reclusos de un penal destinado a personas que viven con VIH. El Foro Antitotalitario Unido (FANTU) difundió su testimonio en una nota firmada por Modesta Key Torres el 22 de octubre, que Cubalex retomó el día 27.
El relato original, difundido por Cuba Antitotalitaria, sitúa la protesta el 21 de octubre. Fernández Peralta contó en una llamada a la sede del FANTU en Santa Clara que un teniente coronel, presentado como integrante de la Delegación Provincial de Mayabeque, acudió a la prisión para escuchar las quejas de los internos.
Al preguntarle por la clausura del servicio, el militar la atribuyó a la negativa del personal del Ministerio de Salud Pública a trabajar en el penal y a las dificultades de los hospitales civiles para disponer de médicos. El preso respondió que, si el régimen no podía garantizarles condiciones mínimas para mantenerse con vida, debía ponerlos en libertad. Calificó el cierre como «un genocidio premeditado».
Otros reclusos respaldaron la protesta y enumeraron carencias que se acumulan dentro de la cárcel: poca comida, falta de transporte para las visitas familiares, agua insuficiente para beber y asearse y la indicación de pedir los medicamentos a sus allegados. Según el testimonio transmitido al FANTU, el oficial se retiró sin responder a esos reclamos.
Cubalex advirtió que suprimir la atención médica en una prisión para personas con VIH aumenta el riesgo de interrumpir el seguimiento clínico y la asistencia ante complicaciones. La organización recordó que la privación de libertad no elimina el derecho a la salud ni la responsabilidad del Estado sobre quienes mantiene bajo custodia. En su monitoreo de septiembre documentó 38 incidentes de negación de atención médica o negligencia en las cárceles cubanas.
No es la primera vez que Fernández Peralta denuncia la falta de medicamentos en esa prisión. El ICLEP documentó que el 18 de mayo un coronel lo amenazó de muerte después de que protestara ante el anuncio de que los internos debían gestionar los fármacos mediante sus familias. Prisoners Defenders registra su detención el 12 de junio de 2024 y lo mantiene en su base de datos bajo prisión provisional, acusado de daños, propaganda enemiga y sabotaje.
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