La dictadura cubana llega a la votación de la ONU con una ventaja que no tiene dentro del país: puede reclamar soberanía, denunciar presiones y exigir que se escuche su versión ante otros Estados. Los cubanos encarcelados por disentir no disponen de esa tribuna. Esa es la contradicción que atraviesa el debate: el régimen exige respeto a sus derechos internacionales mientras niega a sus ciudadanos el derecho a cuestionarlo libremente.
Mike Waltz llevó esa contradicción al hemiciclo. En su intervención de ayer contrapuso las carencias de la población con los privilegios de la élite, denunció la explotación de profesionales de la salud y el encarcelamiento de opositores, y pidió no entregar a La Habana otra victoria propagandística. Su intervención disputó el marco de la discusión: las responsabilidades de la dictadura no desaparecen porque se debata el embargo.
La respuesta de Bruno Rodríguez reforzó precisamente el punto más débil del régimen. Invocó una cuestión de orden, protestó contra las palabras del estadounidense y se aproximó a la tribuna durante el enfrentamiento que obligó a suspender brevemente la reunión. La escena dejó una imagen reveladora: una delegación que reclama no injerencia trataba de frenar una crítica a su actuación. La libertad de expresión no puede reclamarse solo cuando habla el poder.
Hoy Rodríguez ha intervenido en la continuación del debate, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: ninguna resolución sobre el embargo responde por los presos políticos ni devuelve a los cubanos la posibilidad de elegir, protestar y fiscalizar a quienes deciden por ellos. El texto sometido a la Asamblea pide el fin de las medidas estadounidenses; no exige a la dictadura abrir el sistema político. Ese vacío debe estar en el centro de la lectura periodística, no escondido detrás del recuento de apoyos diplomáticos.
El régimen tiene interés en presentar un respaldo al texto como un respaldo a su propia posición. Frente a esa operación política, hay que recordar qué se vota y qué no. Un país puede rechazar las sanciones sin aprobar la represión, y La Habana no puede apropiarse de ese voto para afirmar que la comunidad internacional ha legitimado su poder. La soberanía de Cuba pertenece a los cubanos, no a una élite que se atribuye su representación y persigue a quienes la discuten.
Cuando llegue el resultado habrá que examinar votos contrarios, abstenciones y cambios de posición, sin adjudicar motivos que los países no hayan explicado. Pero la medida de la libertad no será ese marcador. La resolución no es vinculante y tampoco obliga al régimen a liberar presos o permitir elecciones libres. Incluso si obtiene una nueva mayoría, la dictadura no habrá resuelto la contradicción con la que ha llegado a Nueva York: hablar en nombre de un pueblo al que no permite decidir sobre su futuro.
Imagen de portada: UN General Assembly hall, salón de la Asamblea General de la ONU, Nueva York. Archivo: 17 de diciembre de 2006. Foto: Patrick Gruban; versión recortada y reducida por Pine. Adaptación de portada con recorte y elementos gráficos: ClickCuba. Fotografía y adaptación bajo CC BY-SA 2.0.
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