El Gobierno español reconoció en una respuesta parlamentaria fechada el 23 de septiembre que los trabajadores suministrados al Consulado General de España en La Habana a través de la empresa estatal cubana Palco tienen acceso a documentación y sistemas de información de la sede consular, donde se tramitan miles de solicitudes de nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La contestación, a preguntas escritas del Partido Popular divulgada el 22 de octubre, asegura que esos accesos se limitan a las necesidades del servicio y están sujetos a mecanismos de autorización, supervisión y trazabilidad, pero no concreta qué categorías de información pueden consultar esos empleados.
El Ejecutivo explica que el Consulado mantiene un contrato de servicios con la Empresa Empleadora PALCO para el suministro de trabajadores, «al igual que el resto de Misiones Diplomáticas acreditadas en Cuba», y justifica la fórmula en la legislación cubana —el Decreto Ley 384 de 2019—, que obliga a las representaciones extranjeras a contratar al personal local a través de una empresa estatal. Según la respuesta, esta operativa se sigue desde 2017. El personal suministrado desarrolla funciones de apoyo administrativo, técnico y auxiliar bajo la supervisión de los responsables consulares españoles y no participa en la adopción de decisiones sobre expedientes de registro civil, pasaportes o visados, potestades reservadas a funcionarios públicos españoles.
El contrato entre el Consulado y Palco —expediente 2024SWs00114— fue adjudicado a la empresa estatal como única licitadora por 1.131.295,68 euros para el periodo 2025-2028, según el anuncio oficial de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Entre las preguntas registradas por el PP el 9 de julio figuran varias sobre la estructura societaria de Palco y sus posibles vínculos con GAESA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además de una sobre la evaluación de riesgos de acceso a información consular sensible, extremos que la respuesta del Gobierno no aborda.
La respuesta deja abierta qué categorías de información personal de los solicitantes de nacionalidad —que incluyen partidas de nacimiento, documentos de identidad y antecedentes familiares— pueden consultar los trabajadores contratados mediante la empresa estatal y en qué documentos se recogen, de forma verificable, las garantías de confidencialidad que invoca el Ejecutivo.
Fuente: Respuesta del Gobierno a pregunta escrita 184/41708 y pregunta escrita del Grupo Parlamentario Popular registrada el 9 de julio de 2026, Congreso de los Diputados de España.
https://www.congreso.es/entradap/l15p/e12/e_0128914_n_000.pdf
https://www.congreso.es/entradap/l15p/e12/e_0122203_n_000.pdf
Deja una respuesta