La nueva legislación de petróleo y gas del régimen cubano está en vigor desde este lunes, en medio de una crisis energética que mantiene a varias zonas del país con apagones de más de 20 horas al día.
El Decreto-Ley 135 «De Petróleo y Gas», del Consejo de Estado, y su reglamento, el Decreto 184, del Consejo de Ministros, abren toda la cadena de los hidrocarburos —de la exploración a la venta de combustibles— a mipymes, cooperativas no agropecuarias, grandes empresas privadas y compañías extranjeras, y derogan la ley que regía el sector desde 1938. Ambas normas se publicaron el 12 de octubre en la Gaceta Oficial No. 85.
El director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Abigantus, aseguró a la agencia EFE que la legislación busca crear las condiciones jurídicas para aumentar de forma gradual la producción de crudo y gas natural, elevar las reservas y atender parte de la demanda interna de combustibles y derivados.
La entrada en vigor llega con el Sistema Eléctrico Nacional al límite. El servicio estuvo afectado durante las 24 horas del domingo por déficit de generación y la Unión Eléctrica pronosticó para el lunes una afectación máxima de 2.020 megavatios en el horario pico. En La Habana, la Empresa Eléctrica provincial reportó en la madrugada de este martes 303 megavatios y 128 circuitos apagados al mismo tiempo. En Pinar del Río, una dirigente del Partido Comunista admitió esta semana que hay circuitos con más de 90 horas de apagón.
Control estatal y pocas esperanzas de inversión
Los economistas consultados por EFE dudan de que la apertura atraiga el capital que el régimen espera. Omar Everleny señaló que el Estado mantiene «un control muy rígido» sobre los recursos: los permisos para cualquier iniciativa del sector requieren autorización de los niveles más altos de la estructura estatal.
Daniel Torralbas coincidió en que el sector privado cubano no tiene la dimensión que exigen la perforación, la tecnología, la maquinaria y la formación de personal. «Esta es una actividad para grandes industrias y empresas que dependen de economías de escala», afirmó. A su juicio, los privados podrían ganar espacio en áreas menos intensivas en capital, como la comercialización, la importación, el almacenamiento y la venta de combustibles, segmentos donde ya operan empresas de la isla.
Parte del combustible que entra hoy a Cuba ya lo compran privados. Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las exportaciones de combustibles de ese país a la isla suman 231,7 millones de dólares en lo que va de año; una parte corresponde a diésel y gasolina adquiridos por firmas privadas para el transporte y otras actividades comerciales.
Qué establece la nueva ley
El Decreto-Ley 135 permite tres modalidades de participación: contratos de producción compartida, concesiones petroleras y contratos de servicios petroleros. Los contratos de producción compartida pueden durar hasta 40 años, con prórrogas de hasta diez más, y las concesiones, hasta 30.
Los yacimientos siguen siendo «propiedad socialista de todo el pueblo» y toda exploración o explotación necesita la aprobación del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, que pueden denegar cualquier título por «motivos de seguridad nacional», sin definirlos. El Estado, además, tiene prioridad para comprar los volúmenes de petróleo y gas que considere necesarios para garantizar la «seguridad energética nacional».
Para facilitar la entrada de nuevas empresas, el capital de trabajo exigido para acreditarse baja de 20 a cinco millones de dólares y las categorías de acreditación se reducen de cuatro a tres.
Días antes de la entrada en vigor, el régimen anunció además la apertura de 1.700 kilómetros cuadrados adicionales en el Golfo de México para la exploración petrolera.
ClickCuba detalló el contenido del decreto y de su reglamento cuando se publicaron: quién puede pedir una concesión y quién decide y la apertura de toda la cadena del petróleo y el gas.
¿Qué inversor privado apostará millones de dólares en un país donde la luz se va más de 20 horas al día?
Fuentes: Decreto-Ley 135 de 2026 y Decreto 184 de 2026 (Gaceta Oficial No. 85 ordinaria), Unión Eléctrica de Cuba, Empresa Eléctrica de La Habana y declaraciones recogidas por la agencia EFE.
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