La periodista independiente Camila Acosta denunció en Facebook que la jueza Zamira Marrero Morgado, la misma que presidió el juicio contra la creadora de contenido Anna Bensi y su madre, firma el auto de apertura del juicio oral contra los cuatro masones acusados de un supuesto delito de «tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas» por dos operaciones de cambio que suman 300 dólares.
Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, rubricó el 24 de agosto el auto que mantiene a José Ramón Viñas Alonso, ex soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33; Ángel Santiesteban Prats, actual soberano gran comendador; Fernando Marcos García, contador del Asilo Nacional Masónico Llansó, y Osvaldo Ernesto Villegas Digat bajo reclusión domiciliaria y con prohibición de salir de Cuba, a la espera de un juicio oral que todavía no tiene fecha.
La Fiscalía pide para ellos penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad y multas de hasta 25.000 pesos, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso CubaNet. La acusación se sostiene en dos cambios de moneda a la tasa del mercado informal: 49.600 pesos de Santiesteban Prats por 200 dólares del asilo, en septiembre de 2023, y 37.500 pesos de Villegas Digat por otros 100 dólares, en junio de 2025. Los dólares procedían de donaciones recibidas por el Asilo Nacional Masónico Llansó.
El abogado defensor, Roberto Ortega Ortiz, sostiene que las operaciones se hicieron dentro de la institución y entre miembros del Patronato, sin beneficio personal: los 200 dólares sirvieron para comprar leche en polvo para los ancianos y el cambio de Villegas Digat, hecho con dinero propio, permitió al asilo disponer de pesos para emergencias y al masón comprar un medicamento para su hijo. Ortega Ortiz, que pide la absolución de los cuatro, es también el abogado de Anna Bensi y de su madre, Caridad Silvente.
La jueza que ahora tiene en sus manos el futuro de los cuatro masones es la misma que el pasado 1 de octubre declaró culpables a Anna Bensi y a su madre y las condenó a dos años de limitación de libertad por grabar y difundir al agente del MININT que se presentó de civil en su vivienda. Su nombre aparece, además, en las relaciones de jueces y fiscales documentadas por Cubalex y Justicia 11J por intervenir en procesos contra manifestantes del 11J: formó parte del tribunal que juzgó a 129 personas en diciembre de 2021, en una causa en la que se pidieron hasta 30 años de prisión.
El expediente contra los masones fue tramitado por el órgano del Ministerio del Interior especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, aunque el supuesto delito es económico. En sus conclusiones, la Fiscalía escribe de Santiesteban Prats, escritor y exprisionero político, que «no se dedica a ninguna actividad socialmente útil» y que «se expresa abiertamente en contra del proceso revolucionario que impera en Cuba».
Dos causas contra voces incómodas para el régimen, una misma jueza y un mismo abogado defensor.
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