La Fiscalía General de la República solicitó penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad, además de multas de hasta 25.000 pesos cubanos (CUP), para cuatro masones acusados de un supuesto delito de «tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas» por dos operaciones de cambio que suman 300 dólares, según reveló una investigación de CubaNet basada en documentos judiciales.
Los acusados son José Ramón Viñas Alonso, ex soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba; Ángel Santiesteban Prats, actual soberano gran comendador; Fernando Marcos García, contador del Asilo Nacional Masónico Llansó, y Osvaldo Ernesto Villegas Digat. Los cuatro permanecen bajo reclusión domiciliaria y con prohibición de salida del territorio nacional desde el 24 de agosto, cuando se firmó el auto de apertura del juicio oral, del que aún no hay fecha.
El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, fechado el 10 de agosto y dirigido al Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo, en La Habana, pide para Viñas Alonso cuatro años de limitación de libertad y una multa de 25.000 CUP; para Marcos García, tres años, y para Santiesteban Prats y Villegas Digat, dos años cada uno, con multas de 20.000 CUP. Solicita además la prohibición de salida del país para los cuatro y la privación del ejercicio de su cargo para Viñas Alonso, quien, al igual que Santiesteban Prats, carece de antecedentes penales, según el propio escrito fiscal. La limitación de libertad restringe los movimientos del sancionado sin internamiento en prisión.
Dos cambios por 300 dólares
Según la acusación, Viñas Alonso, que encabezó el Supremo Consejo entre 2015 y 2026 y presidía el Patronato del Asilo Llansó, autorizó «aprovechándose de sus funciones» al contador de la institución a realizar esas operaciones para varios miembros del Patronato. La Fiscalía asegura que el 14 de septiembre de 2023 Santiesteban Prats cambió 49.600 CUP de su propiedad por 200 dólares pertenecientes al asilo, y que el 13 de junio de 2025 Villegas Digat cambió 37.500 CUP por otros 100 dólares. Los dólares procedían de donaciones de masones e instituciones vinculadas a la fraternidad, y los cambios se hicieron a la tasa del mercado informal.
El expediente fue tramitado por el órgano del Ministerio del Interior especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, aunque el delito imputado está recogido entre los económicos y no entre los de seguridad estatal. Sobre Santiesteban Prats, escritor y exprisionero político, la Fiscalía afirma en el escrito que «no se dedica a ninguna actividad socialmente útil» y que «se expresa abiertamente en contra del proceso revolucionario que impera en Cuba».
La acusación reconoce que los cuatro confesaron su participación en los hechos y ayudaron a esclarecerlos, una circunstancia que invoca para modular la petición de pena.
La defensa pide la absolución
Roberto Ortega Ortiz, abogado de los cuatro acusados, sostiene en sus conclusiones provisionales que las operaciones se realizaron dentro de la institución y entre miembros del Patronato, y rechaza que se haya operado en el «mercado negro», el supuesto que castiga el artículo 315.1 del Código Penal.
Según la defensa, el cambio de los 200 dólares permitió comprar leche en polvo para los ancianos del asilo, mientras que el de 100 dólares se hizo con dinero personal de Villegas Digat: el asilo dispuso de pesos para emergencias y el masón adquirió divisas para comprar un medicamento a su hijo.
«Los cambios de moneda realizados no representaron beneficio personal para ninguno de los implicados, sino que, por el contrario, se hicieron para beneficiar la vida que llevan los ancianos que habitan en el Asilo Nacional Masónico Llansó, el cual representa una obra de caridad por parte de la masonería», sostiene el letrado, que pide la absolución.
Ortega Ortiz argumenta además que Viñas Alonso actuaba en representación del Patronato, integrado por 16 miembros, y que se limitaba a refrendar con su firma los acuerdos del Consejo Administrativo, mientras el contador ejecutaba las entregas y recepciones de efectivo.
Un asedio que viene de atrás
El proceso llega tras meses de presión del régimen sobre la masonería cubana, una de las pocas instituciones civiles con autonomía en la Isla. El Ministerio de Justicia dejó de reconocer a Viñas Alonso al frente del Supremo Consejo al considerar agotado su mandato, y los masones adelantaron la elección en la que Santiesteban Prats fue elegido soberano gran comendador el 26 de septiembre. Ambos ya estaban imputados: el caso de Viñas se conoce desde julio de 2025 y el de Santiesteban desde junio de 2026, y Viñas fue citado además en agosto por un supuesto delito de «desobediencia».
La crisis de la institución incluye además las cartas reveladas este mes que vinculan al ex Gran Maestro Mayker Filema con la Seguridad del Estado, mientras Estados Unidos valora canalizar ayuda humanitaria a Cuba a través de los masones, un papel que el régimen no parece dispuesto a ceder a la fraternidad.
El auto de apertura del juicio oral lleva la firma de la jueza Zamira Marrero Morgado, la misma que presidió el juicio contra la creadora de contenido Anna Bensi y su madre, condenadas a dos años de limitación de libertad por grabar a un policía.
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