El coronel Francisco Estrada Portales, de la Seguridad del Estado, aseguró este lunes que los cinco sobrevivientes de la lancha que salió de Florida y llegó a la costa norte de Villa Clara el 25 de febrero «confesaron» y podrían ser juzgados por delitos de terrorismo, que en Cuba admiten la pena de muerte.
«Son delitos del título de terrorismo del Código Penal, actos con artefacto mortífero y explosivos», dijo el oficial. Precisó que la Fiscalía del régimen todavía no ha pedido sanciones concretas.
Según el coronel, esas «confesiones» permiten acusar a Amijail Sánchez González, residente en Estados Unidos desde 2016, de haber hecho los primeros disparos contra la patrulla de Tropas Guardafronteras. Añadió que un peritaje del propio régimen declara las armas y los explosivos ocupados de alto calibre y en condiciones de uso. Estrada afirmó también que el régimen compartió los resultados de su investigación con Washington y que hasta ahora no ha recibido respuesta.
Sus palabras llegan en medio de una nueva ofensiva propagandística. Horas antes, el programa Razones de Cuba, de la televisión del régimen, difundió la segunda parte de su «denuncia»: un documental de 14 minutos con declaraciones grabadas de los detenidos, que señala como organizadora a Maritza Lugo Fernández, dirigente del Movimiento 30 de Noviembre Frank País, residente en Estados Unidos. Lugo rechaza la acusación en el propio material.
El programa enumera además los artículos del Código Penal que se invocan, con sanciones que van de 10 a 15 años de cárcel hasta la privación perpetua de libertad y la pena de muerte. Cuba no ejecuta a nadie desde abril de 2003, cuando fusiló a tres hombres que habían secuestrado una lancha de pasajeros en la bahía de La Habana.
El enfrentamiento de febrero dejó cinco muertos entre los ocupantes de la lancha. En marzo, la Fiscalía del régimen imputó por terrorismo a seis detenidos y los mantiene en prisión provisional, y Cubalex presentó una acción urgente ante Naciones Unidas por los sobrevivientes. En septiembre, cuatro de ellos hablaron ante periodistas bajo custodia del MININT, sin abogados y con el fiscal del caso y el propio coronel Estrada en la sala.
Las «confesiones» las presenta el mismo aparato que detuvo a estos hombres, los interrogó y ahora los acusa, y lo hace con cámaras del régimen y sin que se conozca un solo abogado defensor de su confianza. ¿Qué garantías puede tener un juicio por terrorismo, con la pena de muerte sobre la mesa, en una dictadura que controla al fiscal, al tribunal y a la televisión?
Deja una respuesta