Cuatro sobrevivientes del tiroteo en costas de Cuba hablan bajo custodia del MININT

Un reportaje publicado este martes por Drop Site News, en colaboración con Belly of the Beast y Miami New Times, recoge los testimonios de cuatro sobrevivientes del enfrentamiento ocurrido el 25 de febrero de 2026 frente a las costas cubanas. Las entrevistas, sin embargo, se realizaron bajo custodia del régimen, sin abogados y en presencia del fiscal del caso y de un coronel del Ministerio del Interior (MININT), circunstancias que obligan a tratar sus declaraciones con cautela.

Los entrevistados son José Manuel Rodríguez Castelló, Christian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez y Conrado Galindo Sariol. El quinto sobreviviente, Amijail Sánchez González, no participó en el reportaje; los autores no pudieron precisar si rechazó la entrevista o si las autoridades cubanas impidieron que hablara.

Los diez hombres habían salido desde los Cayos de Florida en una embarcación con destino a Cuba. Durante el encuentro con una patrullera de las Tropas Guardafronteras se produjo un tiroteo en el que murieron Ledián Padrón Guevara, Pavel Alling Peña, Michel Ortega Casanova y Héctor Duani Cruz Correa. Roberto Álvarez Ávila falleció una semana después debido a las heridas sufridas.

Según los testimonios publicados, el grupo pretendía desembarcar en la isla, ocupar una estación policial, provocar un levantamiento popular y solicitar posteriormente una intervención de Estados Unidos. Esta versión procede de hombres encarcelados y a la espera de juicio por acusaciones relacionadas con terrorismo, que podrían acarrearles hasta 30 años de prisión o incluso la pena de muerte.

Entrevistas vigiladas por el régimen

Las conversaciones se realizaron individualmente en julio, dentro de una instalación del Departamento de Relaciones Internacionales del MININT situada en La Habana.

Los detenidos llegaron esposados, vestidos con uniformes naranjas, y fueron interrogados durante periodos de entre 30 y 55 minutos. En la sala permanecieron el fiscal Edward Robert Campbell y el coronel Francisco Estrada Portales, responsable de las investigaciones por delitos contra la Seguridad del Estado.

Ninguno contó con la presencia de un abogado y los periodistas no pudieron realizar entrevistas posteriores. Aunque los detenidos afirmaron haber aceptado hablar voluntariamente y dijeron que no habían recibido presiones ni promesas, los autores reconocen que eso no pudo comprobarse de manera independiente.

El hecho de que las declaraciones fueran obtenidas mientras los hombres permanecían completamente bajo el control del régimen cubano impide considerarlas testimonios libres y exige valorar cada afirmación con especial prudencia.

Versiones coincidentes, pero también contradictorias

Los cuatro entrevistados coincidieron en que la embarcación transportaba armas y que el objetivo general era impulsar una acción contra el régimen. También afirmaron que el primer disparo salió de su propia lancha, aunque tres dijeron desconocer quién lo realizó. Acosta señaló directamente a Amijail Sánchez González.

No obstante, los relatos difieren sobre quién organizó y financió la operación, cómo se tomaron las decisiones y qué responsabilidad tuvieron las organizaciones del exilio relacionadas con algunos de los participantes.

Galindo aseguró que había sido contratado para grabar videos de los entrenamientos y que fue obligado a viajar a Cuba después de recibir amenazas. Rodríguez sostuvo que los participantes compraron sus propias armas y municiones. Otros describieron diferentes niveles de liderazgo y planificación dentro del grupo.

Estas contradicciones dejan sin esclarecer aspectos fundamentales del caso.

Maritza Lugo rechaza las acusaciones

Las autoridades cubanas señalan a la activista Maritza Lugo Fernández, dirigente del Partido 30 de Noviembre, como supuesta organizadora y financiadora de la operación.

Lugo negó esas acusaciones y afirmó que desconocía el plan. Reconoció que varios de los hombres frecuentaron una finca a la que ella tenía acceso y que allí realizaban prácticas de tiro, pero rechazó haber participado en entrenamientos militares o en la preparación del viaje.

También aseguró que los testimonios contra ella fueron obtenidos bajo coacción y recordó que los detenidos dependen completamente de las autoridades cubanas para conservar su integridad y enfrentar el proceso penal.

El reportaje recoge elementos que relacionan la finca con algunos participantes, pero no presenta pruebas concluyentes de que Lugo financiara o dirigiera la operación. Las propias declaraciones de los detenidos resultan contradictorias sobre su papel.

Persisten las interrogantes

El trabajo periodístico aporta información nueva sobre los hombres que viajaban en la embarcación y permite conocer por primera vez parte de sus versiones. Sin embargo, no resuelve las dudas principales sobre el enfrentamiento ni puede sustituir una investigación forense independiente.

Las pruebas materiales, las embarcaciones, los informes médicos y la investigación penal continúan bajo el control del régimen cubano. Los peritajes citados fueron realizados por funcionarios del MININT, sin supervisión independiente conocida.

Tampoco se ha esclarecido de manera definitiva quién diseñó la operación, de dónde salió todo el dinero, qué conocimiento tenían las autoridades estadounidenses ni las circunstancias exactas en que fueron abatidos los cinco hombres.

Los testimonios de personas detenidas, entrevistadas frente al fiscal que las acusa y a un coronel del organismo que las mantiene encarceladas, no pueden asumirse como declaraciones prestadas con plena libertad. Hasta que exista una investigación independiente y acceso sin restricciones a los sobrevivientes y a las pruebas, la reconstrucción del tiroteo continuará incompleta.

Fuente: reportaje de Drop Site News, elaborado por Reed Lindsay y publicado en colaboración con Belly of the Beast y Miami New Times.