
OCDH documenta 304 acciones represivas en Cuba durante agosto: unas diez cada 24 horas
El régimen cubano ejecutó al menos 304 acciones represivas contra la población civil durante agosto de 2026, un promedio cercano a diez cada 24 horas, según el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
De las violaciones documentadas, 37 fueron detenciones arbitrarias y 267 correspondieron a otros tipos de abusos, entre ellos vigilancia policial, sitios de viviendas, hostigamientos, multas, citaciones y acciones contra personas encarceladas.
Una de las cifras más significativas corresponde a los 158 sitios policiales a viviendas de activistas, utilizados para impedir que opositores, periodistas independientes y familiares de presos políticos pudieran salir de sus casas o participar en determinadas actividades.
La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey concentraron el mayor número de acciones represivas, mientras que casi la mitad de los casos documentados afectaron a mujeres.
Detenciones por protestar contra apagones y condiciones de vida
El informe establece una relación directa entre varias de las detenciones arbitrarias y las protestas ciudadanas provocadas por los prolongados apagones y el deterioro de las condiciones de vida.
Entre los casos documentados aparece Pedro Lázaro Gutiérrez Collado, detenido durante un toque de cazuelas en Calabazar; Walter Junior Blanco Prieto, arrestado tras una protesta en La Habana Vieja; Reyser Núñez Vaillant, detenido durante un cacerolazo en Santiago de Cuba; y Maikel Armenteros Orama, arrestado mientras protestaba contra los apagones en Santa Clara.
El OCDH también señala la detención de 13 ciudadanos en La Habana el 27 de agosto, antes de que pudieran comenzar una protesta pacífica prevista desde el Capitolio hasta el Malecón.
A ello se sumaron nuevos arrestos de expresos políticos, entre ellos Osmani Mendoza Ferriol, Alexis Sabatela Ugarte y Yosvany Sepúlveda Martínez.
También fue detenido en Santa Clara el expreso político del 11J Andy García Lorenzo, el 30 de agosto.
46 abusos contra presos
La situación dentro de las cárceles ocupa otra parte importante del informe. El OCDH registró 46 abusos contra presos políticos y comunes durante agosto.
Entre las denuncias aparecen falta de agua y alimentación adecuada, ausencia de atención médica, incomunicación, aislamiento en celdas de castigo, amenazas y agresiones físicas.
Varios presos recurrieron a huelgas de hambre para denunciar las condiciones de reclusión y los malos tratos.
Uno de los casos destacados es el de Ángel Serrano Hernández, preso político del 11J condenado a 15 años de cárcel. Según testimonios recibidos por su familia y recogidos por el OCDH, habría sido golpeado por agentes penitenciarios, enviado posteriormente a una celda de castigo y trasladado a la prisión 1580 bajo un régimen de mayor severidad.
El informe menciona también la situación de Adrián Curuneaux Stevens, quien denunció encontrarse gravemente desnutrido y sin recibir la atención médica y alimentación que necesita, así como las denuncias relacionadas con el preso político Roberto Pérez Fonseca.
Represión también por motivos religiosos
El OCDH documentó además hostigamiento contra personas y organizaciones religiosas.
Entre los casos aparece el reiterado acoso contra la familia del pastor evangélico independiente Ibrahim Rozabal, en Santiago de Cuba, así como acciones contra miembros de la Alianza de Cristianos de Cuba y practicantes de la religión yoruba.
También fue citado, interrogado y amenazado por la policía política José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, en medio del conflicto entre las autoridades y sectores de la masonería cubana.
Las Damas de Blanco, por su parte, volvieron a sufrir operativos policiales durante los domingos de agosto, con vigilancia alrededor de sus viviendas para impedirles salir y asistir a misa.
Las cifras podrían aumentar
El propio Observatorio advierte que las 304 acciones represivas constituyen una cifra provisional.
La grave crisis energética y las dificultades de comunicación dentro de Cuba han retrasado la recepción y comprobación de denuncias. Al momento de publicar el informe, aproximadamente 30 casos adicionales permanecían en proceso de verificación.
Esto significa que el balance definitivo de agosto podría ser superior.
Las cifras muestran además cómo la represión política se cruza cada vez más con el deterioro de las condiciones de vida: ciudadanos que protestan por apagones, escasez y problemas cotidianos terminan detenidos o sometidos a vigilancia.
Mientras la crisis económica y energética continúa profundizándose, el informe del OCDH muestra que la respuesta del régimen ante una parte del creciente descontento ciudadano sigue siendo la misma: vigilancia, detenciones y represión.







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