Yoel Parsons plantea una pregunta sobre la Constitución cubana: ¿puede el pueblo exigir legalmente elecciones libres?

El activista y miembro de la sociedad Abakuá Yoel Parsons Bonne lanzó una reflexión que puede abrir un debate sobre los límites de la participación política en Cuba. A través de un video difundido en redes sociales, preguntó si existe algún mecanismo legal que permita a los ciudadanos solicitar elecciones libres, el pluripartidismo o un cambio del sistema político sin violar la Constitución ni las leyes vigentes.

Su planteamiento no estuvo dirigido a promover una movilización, sino a obtener una respuesta jurídica.

“Si mañana el pueblo de Cuba quiere o determina que quiere elecciones libres, ¿qué herramienta legal hay para eso?”, preguntó.

Una duda sobre la “libre determinación de los pueblos”

Parsons dirigió su interrogante a abogados, fiscales, legisladores y personas con conocimientos legales.

Según explicó, su principal duda surge cuando escucha al régimen invocar el principio de la libre determinación de los pueblos para rechazar cualquier presión internacional sobre Cuba.

“Cuando un pueblo tiene libre determinación, me imagino que entre esa libre determinación está poder decidir si quiere elecciones libres o pluripartidismo”, afirmó.

El activista se preguntó cuál sería el procedimiento legal para que los ciudadanos pudieran expresar esa voluntad sin recurrir a manifestaciones ni acciones que pudieran considerarse ilegales.

¿Existe una vía legal?

La Constitución cubana sí contempla mecanismos de participación ciudadana, aunque su alcance es limitado.

Uno de ellos es la iniciativa legislativa popular, mediante la cual un grupo de ciudadanos puede presentar un proyecto de ley si reúne el respaldo de al menos 10.000 electores.

Sin embargo, este mecanismo solo permite proponer leyes ordinarias. No autoriza por sí mismo modificar la Constitución ni cambiar el sistema político.

La Carta Magna también prevé la posibilidad de promover una reforma constitucional.

Para ello, los ciudadanos deben:

• Elaborar una propuesta de reforma.
• Reunir al menos 50.000 firmas de electores.
• Presentarlas conforme al procedimiento establecido ante el Consejo Electoral Nacional.
• La propuesta pasa entonces a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Hasta ese punto parecería existir un camino legal para impulsar cambios profundos.

Pero ahí comienza el principal obstáculo.

La decisión final no la toma el pueblo

Aunque una iniciativa ciudadana logre reunir las 50.000 firmas exigidas por la Constitución, la Asamblea Nacional no está obligada a aprobarla.

Para que una reforma constitucional prospere necesita el voto favorable de al menos las dos terceras partes de todos los diputados.

Solo después, y únicamente en determinados supuestos previstos por la propia Constitución, la reforma puede someterse a referendo popular.

Es decir, los ciudadanos pueden iniciar el procedimiento, pero no tienen la capacidad de decidir por sí mismos si la propuesta llega o no a convertirse en una reforma constitucional.

El límite está en la propia Constitución

Existe además un elemento que condiciona todo el debate.

El artículo 3 de la Constitución establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.

Sin embargo, el artículo 4 declara que el sistema socialista es irrevocable, mientras que el artículo 5 reconoce al Partido Comunista de Cuba como la “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

A ello se suma el artículo 229, que prohíbe expresamente cualquier reforma destinada a modificar el carácter irrevocable del sistema socialista.

En la práctica, esto significa que aunque una mayoría de ciudadanos quisiera utilizar el procedimiento constitucional para sustituir el sistema socialista por otro modelo político, la propia Constitución impide que esa propuesta pueda prosperar.

La contradicción que plantea Parsons

Ese es precisamente el razonamiento que expone el activista.

Si la soberanía pertenece al pueblo, se pregunta, ¿por qué ese mismo pueblo no puede decidir libremente, utilizando los mecanismos legales previstos por la Constitución, si desea mantener el sistema actual o sustituirlo por otro?

“Si no existe esa herramienta legal para nosotros determinar el pluripartidismo, entonces no se puede decir que hablan por nosotros. Se debería decir que hablan por la libre determinación de los legisladores, de los ministros o de los líderes, pero no del pueblo”, sostiene.

¿Puede aprobarse legalmente el pluripartidismo?

Aquí aparece otro debate jurídico.

La cláusula que declara irrevocable el sistema socialista protege expresamente ese modelo político, pero no menciona de forma literal el artículo que reconoce al Partido Comunista como única fuerza dirigente.

Algunos juristas podrían interpretar que esa diferencia abre un debate sobre si sería posible reformar el artículo 5 manteniendo formalmente un sistema socialista.

Sin embargo, incluso esa hipótesis tendría que superar obstáculos prácticamente insalvables: reunir 50.000 firmas, conseguir que la Asamblea Nacional admitiera y aprobara la reforma por una mayoría de dos tercios y, en los casos previstos, obtener además la ratificación mediante referendo.

La “pescadilla que se muerde la cola”

Las preguntas formuladas por Yoel Parsons ponen sobre la mesa una de las principales discusiones sobre el modelo constitucional cubano.

Por un lado, la Constitución reconoce al pueblo como titular de la soberanía y le concede mecanismos para promover iniciativas legislativas y reformas constitucionales.

Por otro, establece límites que impiden utilizar esos mismos mecanismos para decidir sobre el aspecto más importante del sistema político: si los ciudadanos desean mantener o cambiar el modelo instaurado.

En ese sentido, la reflexión del activista conduce a una paradoja que él mismo deja entrever y que puede resumirse en una expresión popular: es la pescadilla que se muerde la cola.

La Constitución afirma que la soberanía reside en el pueblo, pero al mismo tiempo impide que ese pueblo pueda ejercer plenamente esa soberanía para decidir, por la vía legal, si quiere transformar el sistema político vigente.

Esa es la interrogante que Parsons plantea a juristas y legisladores: hasta dónde llega realmente la soberanía popular cuando la propia Constitución fija de antemano aquello que los ciudadanos no pueden decidir.