Wilbert Álvarez sale de prisión bajo fianza de 200.000 pesos tras negarse a declarar sin abogado

El médico estomatólogo Wilbert Álvarez, detenido recientemente en Contramaestre durante un operativo denunciado como violento por familiares y allegados, fue excarcelado bajo una fianza de 200.000 pesos cubanos y enfrenta una acusación por presunto desacato.

Según información recibida por ClickCuba, las autoridades condicionaron su liberación al pago de una suma que la familia considera desproporcionada y difícil de asumir en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.

De acuerdo con la denuncia, la elevada cuantía de la fianza tendría como objetivo dificultar que sus familiares puedan reunir el dinero necesario para garantizar su libertad mientras avanza el proceso judicial.

Durante los días que permaneció detenido, Álvarez habría mantenido una postura de resistencia frente a los interrogatorios. Según las fuentes consultadas, se negó a prestar declaración y también rechazó ingerir alimentos mientras permanecía bajo custodia.

La razón de su negativa a declarar fue clara. El estomatólogo exigió ejercer su derecho a contar con asistencia legal antes de responder cualquier pregunta de los investigadores.

Sin embargo, la familia denuncia que las autoridades le informaron que no podría acceder a un abogado de manera inmediata. Según explican, el procedimiento aplicado en su caso impide la presencia de un defensor durante los primeros días de detención, una práctica que organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado reiteradamente por vulnerar las garantías básicas de los acusados.

Diversos organismos internacionales consideran que toda persona privada de libertad debe tener acceso rápido y efectivo a asistencia letrada desde las primeras etapas del proceso penal, como garantía fundamental para evitar abusos, coacciones o confesiones obtenidas bajo presión.

La detención de Álvarez provocó preocupación en Contramaestre después de que trascendiera que fue arrestado dentro de su vivienda en presencia de su esposa e hijos. La denuncia inicial describía el operativo como un procedimiento violento ejecutado por agentes de la Seguridad del Estado.

Aunque ahora se encuentra fuera de prisión, el médico continúa sometido a un proceso penal y deberá enfrentar la acusación de desacato presentada por las autoridades.

Familiares y allegados mantienen su preocupación por la situación y consideran que el caso forma parte del clima de presión y vigilancia que, según denuncian, se ha intensificado en los últimos meses contra ciudadanos que expresan opiniones críticas o mantienen posiciones independientes.