Pedro Monreal cuestiona una de las nuevas medidas económicas del régimen: “Convierte a los trabajadores en corderos del sacrificio”

El economista cubano Pedro Monreal lanzó duras críticas contra una de las 176 medidas anunciadas recientemente por el régimen cubano para intentar enfrentar la profunda crisis económica que atraviesa el país.

En una serie de publicaciones en la red social X, Monreal centró su análisis en la medida número 8, que propone eliminar la escala salarial en el sistema empresarial estatal y establecer un salario mínimo que tenga en cuenta los niveles de inflación. Según el texto presentado por las autoridades, los salarios serán negociados con los trabajadores y con la participación del sindicato, pero dependerán de la capacidad económico-financiera de cada empresa.

Para el economista, esta disposición representa un cambio que perjudica directamente a los trabajadores estatales.

“La medida #8 destaca por su enfoque antiobrero: convierte a los trabajadores de empresas estatales cubanas en ‘corderos del sacrificio’”, escribió Monreal, quien cuestionó que el salario quede subordinado a la situación financiera de empresas que, en muchos casos, arrastran años de ineficiencia y mala gestión.

Monreal señaló además una contradicción ideológica dentro del propio discurso oficial. Recordó que el principio marxista de “de cada cual según su capacidad; a cada cual según su trabajo”, formulado en la obra Crítica del Programa de Gotha, parece haber quedado relegado por una fórmula en la que la remuneración ya no dependería ni de la calidad ni de la cantidad del trabajo realizado.

Según explicó, el salario tampoco garantizará la cobertura de las necesidades básicas de los trabajadores, una situación especialmente grave en un país donde los ingresos estatales llevan años perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación y el constante aumento de los precios.

Otro de los aspectos cuestionados por Monreal es el supuesto proceso de negociación salarial contemplado en la medida. A su juicio, el texto deja margen para que los directivos de las empresas estatales mantengan el control efectivo sobre la fijación de los salarios, mientras los trabajadores carecen de mecanismos reales de defensa.

“Es un juego con dados cargados”, afirmó el economista, quien considera que la medida no equilibra los derechos entre trabajadores y empleadores y tampoco reconoce mecanismos democráticos de contrapeso dentro del ámbito laboral.

En ese sentido, recordó que una reforma laboral compatible con la justicia social debería reconocer derechos fundamentales como la libertad sindical y el derecho a la huelga, ambos ausentes en el sistema cubano actual.

Monreal también destacó que la libertad sindical forma parte de los derechos civiles básicos y recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Cuba es miembro fundador, considera el derecho a la huelga como una consecuencia esencial de la libertad de asociación.

La crítica concluye señalando una posible contradicción entre esta medida y otras propuestas anunciadas por las propias autoridades. En particular, mencionó la medida número 36, que condena la “explotación indiscriminada”, mientras que la número 8, según su interpretación, podría facilitar condiciones que terminen perjudicando aún más a los trabajadores estatales.

“Mal asunto cuando quienes mandan se contradicen, engañan y esperan que se les agradezca”, concluyó el economista.

Las observaciones de Monreal se producen en medio del debate generado por el paquete de 176 medidas presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista. Aunque las autoridades han presentado estas iniciativas como una vía para reactivar la economía, diversos analistas consideran que varias de ellas evidencian que muchas de las restricciones que han frenado el desarrollo económico del país fueron impuestas por el propio sistema durante décadas.

Para miles de trabajadores estatales cubanos, la preocupación principal sigue siendo la misma: si estas reformas mejorarán realmente sus condiciones de vida o si, por el contrario, trasladarán aún más el peso de la crisis económica a quienes dependen de salarios que desde hace años resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.