Denuncian desde prisión en Cuba liberaciones selectivas mientras permanecen encarcelados presos políticos

Un nuevo testimonio salido desde el interior del sistema penitenciario cubano vuelve a poner en evidencia las denuncias de trato diferenciado entre reclusos comunes y presos políticos. Desde la prisión de Sandino, en Pinar del Río, el recluso identificado como Manuel de Jesús Rodríguez García asegura que, mientras se conceden libertades a condenados por delitos graves, quienes están encarcelados por motivos políticos continúan tras las rejas.

En un audio enviado recientemente, Rodríguez García afirma que en las últimas semanas ha observado la excarcelación de internos condenados por delitos como tráfico de drogas, homicidio y otros hechos de violencia. Según su relato, estas decisiones contrastan con la situación de los presos políticos, quienes —asegura— no reciben el mismo tratamiento pese a no haber cometido delitos de sangre.

“Nosotros que estamos aquí por pensar diferente no quieren soltarnos”, denuncia el recluso, quien asegura llevar una década en prisión. Su testimonio apunta a una práctica que ha sido señalada en múltiples ocasiones por organizaciones de derechos humanos: la utilización del sistema penal como herramienta de castigo político.

Rodríguez García sostiene además que ha sido objeto de amenazas por parte de autoridades penitenciarias y de la Seguridad del Estado. Según relata, recientemente fue advertido de que “no iba a salir más nunca” de prisión. También denuncia irregularidades en su proceso judicial, incluyendo la imposición de nuevas sanciones que, afirma, buscan prolongar su encarcelamiento.

El preso asegura que, tras estar próximo a obtener la libertad, fue acusado de hechos que niega —como una supuesta agresión a un guardia— lo que derivó en una nueva condena de cuatro años. A esto se suma, según su versión, la pérdida de bienes personales sin explicación por parte de las autoridades.

El testimonio también hace referencia a la cifra de presos políticos en la isla, que sitúa en más de 2.000, incluyendo hombres y mujeres encarcelados por motivos de conciencia. Aunque las cifras varían según la fuente, diversas organizaciones independientes coinciden en que el número de personas detenidas por razones políticas sigue siendo significativo tras las protestas del 11 de julio de 2021.

La denuncia pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la selectividad en la aplicación de beneficios penitenciarios en Cuba. Mientras algunos reclusos con delitos graves obtienen reducciones de condena o libertades anticipadas, activistas y opositores permanecen privados de libertad en condiciones que, según sus testimonios, incluyen presiones, amenazas y falta de garantías legales.

Este tipo de declaraciones, difíciles de verificar de manera independiente debido al limitado acceso a las prisiones cubanas, coinciden con patrones denunciados anteriormente por familiares de presos y organizaciones de derechos humanos. La falta de transparencia en los procesos judiciales y penitenciarios continúa siendo uno de los principales señalamientos hacia el sistema de justicia en la isla.

El caso de Manuel de Jesús Rodríguez García se suma así a una larga lista de denuncias que apuntan a un uso político del encarcelamiento, en un contexto donde la discrepancia sigue teniendo un alto costo dentro del país.