El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha solicitado la absolución inmediata de los condenados por la jueza Melody González Pedraza, quien recientemente ha solicitado asilo político en Estados Unidos. Esta petición se centra en los casos de Andy Gabriel González Fuentes, Adain Barreiro Perez, Eddy Daniel Rodríguez Milián y Luis Ernesto Medina Pedraza, sentenciados en la resolución No. 8/2024.

El OCDH argumenta que durante los juicios hubo «insuficiencia probatoria» y «graves violaciones de los derechos y garantías de los procesados», destacando la falta de un juicio justo e imparcial. Estas afirmaciones han ganado peso tras una entrevista de González Pedraza con Diario de Cuba, en la cual reveló importantes irregularidades en los procesos judiciales bajo su supervisión.

González Pedraza declaró que fue sometida a presiones por parte de altos funcionarios judiciales y de la Seguridad del Estado para mantener la prisión provisional y condenar a los acusados, ignorando las pruebas presentadas por la defensa. Además, la jueza denunció haber recibido visitas intimidatorias de oficiales de la Seguridad del Estado, que le daban «indicaciones precisas» sobre cómo proceder con los casos.

El OCDH considera que estas revelaciones de González Pedraza constituyen «nuevos motivos de absolución y revocación de la sentencia condenatoria». La organización sostiene que el juicio fue «lesivamente intervenido» por autoridades superiores del sistema judicial en Villa Clara y por la Seguridad del Estado en Encrucijada, lo que invalida la legitimidad del fallo.

En su comunicado, el OCDH subraya que las declaraciones de la jueza confirman violaciones procesales que son «trascendentes al fallo». Además, destaca que, según González Pedraza, incluso entre los jueces legos existía la convicción de que el caso merecía la exoneración de culpas por falta de pruebas o inexistencia de delito.

La situación plantea serias interrogantes sobre la independencia del sistema judicial cubano y el papel de la Seguridad del Estado en la administración de justicia, resaltando la necesidad de una revisión y rectificación de los procesos judiciales para garantizar los derechos fundamentales de los acusados.