Imagen: Prisoners Defenders
La organización Prisoners Defenders documentó 1.351 presos políticos en Cuba al cierre de septiembre, un récord absoluto desde que comenzó sus registros, tras incorporar 50 nuevos casos y registrar 38 bajas durante el mes.
El informe mensual de la organización con sede en Madrid, difundido este jueves bajo el título «De la oración pública a la cárcel», eleva la lista a la cifra más alta jamás registrada. En agosto el total era de 1.339 presos políticos, con 19 altas y 7 bajas.
De los casos contabilizados, 152 son mujeres (11%) y 40 fueron detenidos siendo menores de edad (3%): 37 chicos y tres chicas. De estos 40, catorce han sido condenados por «sedición», un delito que concentra 214 casos en el conjunto de la lista: 138 permanecen entre rejas y 76 cumplen condenas domiciliarias o de trabajo forzoso sin internamiento.
La organización denuncia, además, que 476 presos políticos enfermos permanecen encarcelados, «todos con una negación parcial o total de asistencia médica», en condiciones de desnutrición severa y falta de insumos, mientras los medicamentos deben llevarlos los familiares.
El caso que da título al informe es el del pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, líder del Ministerio Palabra de Fuego Bendición Sagrada de Camagüey y miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba, detenido el 26 de septiembre después de convocar a varias iglesias a una oración pública por Cuba. Ante las advertencias de las autoridades, pidió a los participantes que no asistieran y canceló la convocatoria colectiva; aun así, fue arrestado cuando acudió solo al lugar previsto. Permanece en prisión provisional. El informe recoge también la prisión provisional de un laico católico y un custodio evangélico detenidos durante protestas por la falta de agua y electricidad, la detención de otro pastor en los primeros días de octubre y los operativos, interrogatorios y amenazas contra quienes intentaron acompañar a la joven Anna Bensi y a su madre, Caridad Silvente, durante el juicio.
En el frente del periodismo independiente, el informe registra el caso de Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba, detenido el 16 de septiembre tras acudir a una citación policial en Camagüey y en prisión provisional en el penal Kilo 7, donde fue llevado a una celda de castigo.
Prisoners Defenders examina también una causa por supuesto terrorismo con peticiones fiscales de hasta 30 años, en la que apunta a una posible fabricación de la Seguridad del Estado: la narrativa penal presenta como una acción militar contra Cuba la llegada de un hombre en una moto acuática. Varios de los acusados llevan casi tres años en prisión provisional, desde noviembre y diciembre de 2023.
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