El Tribunal Supremo de España mantiene la suspensión de los efectos electorales de las personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, la llamada Ley de Nietos, para las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala rechazó el 12 de octubre los recursos de la Abogacía del Estado y confirmó sus medidas cautelares del 10 de septiembre, según el Poder Judicial.
La medida afecta a 163.020 personas inscritas en el censo de residentes ausentes en el extranjero (CERA), según los datos aportados por el Gobierno. No se anula la nacionalidad de los afectados: lo que se mantiene suspendido es su derecho a votar en estos comicios, y no se podrá inscribir en el CERA a nuevos nacionalizados por esta vía.
Quedan fuera de la suspensión quienes obtengan de su consulado una certificación que acredite que, a 1 de agosto de 2026, eran hijos o nietos de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación o identidad sexual, que perdieron o renunciaron a la nacionalidad.
El Supremo ordena además publicar el auto en el BOE y en los tablones de los consulados. Desde la publicación, los afectados tendrán cinco días hábiles para personarse en la causa con abogado y procurador y presentar alegaciones. La decisión se adoptó por cinco votos a uno; la magistrada Alicia Millán Herrandis firmó un voto particular en el que advierte de un perjuicio irreversible.
La suspensión fue acordada en septiembre a petición de Vox e Iustitia Europa. En el procedimiento participan también las asociaciones Cubanos por la Democracia y Ascendientes Españoles en el Mundo, sobre cuya legitimación el tribunal pide alegaciones.
Para los cubanos nacionalizados por esta ley, la decisión puede dejarles sin voto el 29 de noviembre. Todavía no existe un desglose oficial de cuántos cubanos están entre los 163.020 afectados.
Fuente: nota de prensa del Poder Judicial, 12 de octubre de 2026.
Imagen de portada: Luis García (Zaqarbal), Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)








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