Foto: Renan Garcia Tamayo-1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (recortada y adaptada para la portada)
Cada 10 de octubre, Cuba recuerda el levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes y la liberación de sus esclavos en La Demajagua. Aquel gesto vinculó la independencia con una aspiración esencial: que ningún ser humano tuviera dueño. Hoy, 158 años después, esa conmemoración obliga a preguntarse cuánto puede decidir el cubano sobre su propia vida.
La esclavitud no terminó en toda la isla aquel día de 1868. La emancipación atravesó un largo proceso, hasta la supresión del patronato en 1886. Tampoco desaparecieron de inmediato la explotación y las restricciones que mantenían a muchos libertos sujetos a las antiguas haciendas. Conseguir la libertad legal fue una conquista; hacerla efectiva exigió mucho más.
Entre los esclavos existían diferencias. Las condiciones de quien trabajaba en una casa podían ser distintas de las de quien soportaba las jornadas de un ingenio. Unos recibían mejor trato o alimentación que otros. Sin embargo, ninguno de esos privilegios borraba la condición fundamental: otro disponía de su trabajo y restringía sus movimientos.
El Reglamento de Esclavos de 1842 establecía para los trabajadores del campo una ración diaria de seis a ocho plátanos, o su equivalente en viandas; ocho onzas de carne o bacalao y cuatro de arroz, menestra o harina. También permitía dieciséis horas de trabajo durante la zafra y exigía autorización escrita para abandonar la finca. La obligación de alimentar coexistía con el sometimiento. Que aquellas raciones estuvieran prescritas tampoco significa que siempre se cumplieran.
Esa relación entre sustento y obediencia permite examinar el sistema construido por Fidel Castro. La educación, la atención médica o los alimentos subsidiados pueden mejorar condiciones materiales, pero no conceden a ningún gobernante el derecho a exigir silencio, lealtad política o renuncia a las libertades. Los derechos sociales pertenecen a los ciudadanos: recibirlos no genera una deuda de obediencia.
También hoy existen diferencias entre los cubanos. Tener acceso a remesas, ingresos superiores o posiciones privilegiadas cambia las posibilidades de conseguir comida y afrontar las carencias. Pero vivir mejor dentro de un sistema autoritario no equivale a poder transformarlo libremente. La Constitución mantiene al Partido Comunista como fuerza dirigente superior y declara irrevocable el sistema socialista.
La comparación alcanza además hechos concretos. Bajo Fidel Castro funcionaron las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, donde fueron internados, entre otros, religiosos y homosexuales. En 1967, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que ciudadanos eran privados de libertad y obligados a trabajar gratuitamente sin proceso judicial. El trabajo forzado forma parte documentada de la historia del régimen.
Hoy, la promesa de garantizar las necesidades básicas convive con una grave privación alimentaria. En su encuesta de junio y julio de 2026, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos encontró que ocho de cada diez entrevistados habían omitido alguna comida durante los seis meses anteriores por falta de dinero o alimentos. A la escasez se añaden apagones, dificultades para conseguir medicamentos y represión contra quienes protestan o cuestionan al poder.
Describir ese sometimiento como una forma de esclavitud política expresa una valoración sobre la dependencia y el control. La comparación histórica exige reconocer las diferencias con la esclavitud colonial, pero también examinar lo que permanece: el poder de castigar a quien reclama autonomía.
Celebrar la emancipación exige defender la libertad de los vivos. Ninguna ración, ningún servicio y ningún privilegio sustituyen el derecho a hablar, organizarse y decidir el futuro del país. El homenaje a quienes dejaron de tener dueño pierde sentido cuando se exige a sus descendientes que acepten un poder perpetuo.
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