La organización de derechos humanos Cubalex contabilizó en septiembre 10 muertes de personas bajo custodia del Estado cubano y dos de jóvenes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio. Sumados, los 12 fallecimientos más que duplican los cinco registrados en agosto y constituyen el máximo mensual documentado desde febrero de 2026.
De las 10 muertes vinculadas a establecimientos penitenciarios, dos corresponden a personas que fueron excarceladas en estado grave de salud y fallecieron después. Tres de los casos del mes presentan indicios de ejecución extrajudicial: fallecimientos en los que existen elementos que apuntan a una posible responsabilidad directa del Estado y que exigen una investigación independiente, imparcial y efectiva.
Cubalex advierte de que sus registros constituyen un subregistro. La falta de transparencia de las autoridades, la ausencia de estadísticas oficiales, las restricciones para acceder a la información pública y el temor de muchas familias a denunciar por posibles represalias hacen que el número real de muertes pueda ser significativamente mayor.
Dos reclutas de 18 años muertos en una semana
Yandiel Jurado murió en Manzanillo, Granma, después de recibir un disparo dentro de la unidad militar donde cumplía el Servicio Militar. De acuerdo con testimonios difundidos sobre el caso, otro recluta manipulaba un fusil cuando se produjo un disparo accidental que impactó al joven, que en ese momento hablaba por teléfono con su novia. Su madre se habría opuesto reiteradamente a que fuera incorporado y, ante su negativa, habría recibido multas hasta que Yandiel fue enviado a cumplir el Servicio.
Leordanis Ramón Ricardo Batista, conocido por familiares y amigos como «Leo», murió el 22 de septiembre, alrededor de las 9:00 de la mañana, en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) en la zona de Nipe, Holguín. Llevaba menos de dos meses incorporado. Reportes independientes sitúan su muerte en un contexto relacionado con su salud mental: el joven había recibido atención psicológica desde aproximadamente los nueve años por problemas nerviosos y su familia habría presentado documentación sobre sus antecedentes antes de la incorporación, pero fue declarado apto.
Las mismas fuentes señalan al mayor Bandera, identificado como jefe de la unidad, a quien acusan de negarse a colaborar con el traslado del joven a una unidad más cercana a su vivienda en Banes, pese a las gestiones de la familia y al estado en que se encontraba, y de haberle gritado y maltratado verbalmente en varias ocasiones.
Cubalex pide que ambas muertes sean esclarecidas mediante una investigación independiente que determine sus circunstancias y la eventual existencia de responsabilidades, por acción u omisión, de los mandos encargados de garantizar la vida y la integridad de los jóvenes durante el Servicio Militar.
Un patrón documentado desde 2024
En el primer semestre de 2026, el monitoreo de Cubalex ya había documentado al menos 39 muertes de personas bajo custodia del Estado cubano. Su informe especial «Muertes bajo custodia en establecimientos penitenciarios (2024-2026)» registró 115 muertes entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026, incluidas siete personas excarceladas o beneficiadas con licencia extrapenal en situación crítica que fallecieron horas o días después de abandonar el centro penitenciario.
La negligencia o la negación de atención médica fue el mecanismo predominante, asociado a al menos 80 de esas 115 muertes. El informe también documentó fallecimientos vinculados a tuberculosis, desnutrición, inanición, violencia y posibles acciones directas letales.
Ninguna de las muertes bajo custodia documentadas contaba con evidencia de una investigación independiente, imparcial y efectiva. Los procesos se caracterizan por la opacidad, la falta de acceso de las familias a la información y versiones oficiales que pueden minimizar u ocultar responsabilidades estatales, una brecha que perpetúa la impunidad y deja a las familias sin conocer la verdad sobre la muerte de sus seres queridos.
La muerte de una persona privada de libertad es una de las expresiones más graves de la responsabilidad estatal en materia de derechos humanos: quienes están bajo custodia dependen por completo de las autoridades para garantizar su vida, su integridad, la atención médica y unas condiciones dignas. Cubalex exige que toda muerte ocurrida bajo custodia sea investigada de manera independiente, imparcial, exhaustiva y efectiva, con participación de las familias y acceso adecuado a la información.
Imagen de portada: Cubalex
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