La cuenta @MagJorgeCastro denunció que trabajadores por cuenta propia de Cienfuegos están siendo convocados para firmar un contrato que les exigiría asumir al menos tres tareas de apoyo social, rendir cuentas cada trimestre y someter sus aportes al control municipal. La publicación, difundida el 4 de octubre, incluye fotografías de un formulario titulado "Contrato de responsabilidad social comunitaria".
El documento identifica como parte contratante al Consejo de la Administración Municipal de Cienfuegos. Los espacios destinados al nombre del negocio, la fecha y las firmas están sin completar. La denuncia sostiene, a partir de fuentes de la localidad, que las autoridades pretenden imponer su firma.
Tres compromisos y control de los recursos
El formulario dispone que el actor económico se comprometa a ejecutar "al menos tres" actividades, seleccionadas según su objeto social y sus capacidades. Entre ellas figuran apoyar comedores del Sistema de Atención a la Familia, hogares de ancianos, hogares maternos y centros de niños sin cuidado parental.
También enumera la atención a familias vulnerables mediante precios diferenciados, módulos, empleo o capacitación; el apoyo al transporte público y sanitario; aportes a instituciones de salud, educación, cultura y deporte; saneamiento comunitario y asistencia funeraria para familias sin recursos.
Los firmantes tendrían que incorporar esas responsabilidades a su planificación económica, con los destinos de las utilidades retenidas, e informar trimestralmente al municipio sobre avances, beneficiarios y recursos empleados. Además, deberían conservar fotografías, actas, facturas y listados de beneficiarios y facilitar la verificación municipal y de los órganos de control.
Amonestaciones y pérdida de incentivos
El texto prevé un responsable de seguimiento para cada actor económico, evaluaciones trimestrales y una revisión semestral del Consejo de la Administración Municipal.
Ante un incumplimiento injustificado, contempla amonestación escrita, evaluación negativa en el registro municipal de responsabilidad social, exclusión de incentivos y reconocimientos e información a los órganos de control. No establece multas concretas ni menciona la retirada de licencias.
Su vigencia iría desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de renovación o ajuste anual de común acuerdo. Aunque la denuncia se refiere a trabajadores por cuenta propia, el formulario también incluye casillas para empresas estatales, mipymes y distintas cooperativas.
Una política del régimen que viene de junio
El contrato cita la Transformación 64, incluida en las 176 medidas económicas y sociales del régimen publicadas en junio. Ese documento oficial plantea que todos los actores económicos, estatales y privados nacionales y extranjeros, participen directamente en tareas de apoyo a personas vulnerables, instituciones sociales, transporte, saneamiento y servicios funerarios.
La política nacional recoge esas actividades, pero no establece en ese apartado el mínimo de tres compromisos ni las consecuencias detalladas en el formulario difundido. La denuncia sobre la presión para firmar abre la cuestión de cuánto margen tienen los negocios para decidir sus aportes, mientras el régimen pretende encuadrar esa ayuda en su sistema de planificación y control.
Fuente: publicación de @MagJorgeCastro del 4 de octubre de 2026 y documento oficial Transformaciones Económicas y Sociales, junio de 2026.
Foto de archivo: Joe Ross / CC BY-SA 2.0. Imagen recortada y con titular añadido; adaptación bajo la misma licencia.
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