Dos mujeres cubanas, dos varas del régimen. A una, que grabó a un agente vestido de civil que fue a su casa a entregarle una citación, un tribunal la declaró culpable esta semana. A la otra, que admite en vídeo que consume y compra crack, nadie parece molestarla.
Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, fueron declaradas culpables el jueves 1 de octubre por el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, en Cojímar, de «actos contra la intimidad personal y familiar». Cada una recibió dos años de limitación de libertad. Todo parte de un vídeo grabado el 10 de marzo, cuando un suboficial del Ministerio del Interior, vestido de civil, fue a su casa a entregar una citación de la Seguridad del Estado. Ni Anna ni su madre son delincuentes ni había motivo para citarlas. Tras difundir el vídeo, el 25 de marzo ambas fueron instruidas de cargos, sometidas a reclusión domiciliaria y se les prohibió salir del país. La causa se archivó y, tras una querella del agente, se reabrió en julio. Se pidieron dos años de privación de libertad para Anna; el tribunal se quedó en limitación de libertad. No es prisión, pero tampoco es libertad plena: si incumple la sanción o sigue haciendo su contenido contra la dictadura, pueden revocársela y enviarla a la cárcel. Esperan el fallo escrito para recurrir. El pastor Rolando Pérez Lora fue detenido cuando intentaba acompañarlas.
El 2 de octubre, el secretario adjunto de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, escribió en X: «La cobardía del régimen cubano no tiene límites», y reclamó la libertad de los detenidos injustamente.
Cinthya Medrano García, la Cintumbare, vive otra realidad. En septiembre admitió en un vídeo que consume «piedra», como se llama al crack, y que compra la droga en Cuba: contó que el vendedor le subió el precio y que ahora le daba dos «pedacitos» en vez de tres. En otro vídeo ironizó con que Miguel Díaz-Canel la «ayuda» porque ahora tiene entre siete y ocho horas de electricidad al día: «el que manda aquí es él». El 21 de septiembre, después de que su hermana alertara de que no sabían de ella, apareció en otro vídeo, grabado desde el teléfono de un hombre al que llama «Jíbaro». Dijo que estaba en su casa porque le debía dinero, que había vendido su cuenta de Instagram para pagar esa deuda, y pidió a sus seguidores que le enviaran dinero porque «las piedras subieron». Días después mostró el cuarto casi vacío donde dice que empieza de cero. Y a finales de septiembre fue Sandro Castro, el nieto de Fidel, quien la visitó en ese cuarto. Lo publicó él mismo en su Instagram, con un vídeo en el que sale buscándola de noche en su carro y la abraza al encontrarla: «LA ENCONTRAMOS Y ESTAMOS PARA APOYAR SIEMPRE A NUESTRAS AMISTADES Y HERMANOS», escribió. En la grabación le dice: «aquí estamos para apoyarte, para lo que tú necesites». La Cintumbare agradece el apoyo «porque en este momento de verdad que lo necesito».
La ley cubana no es blanda con la droga. El artículo 236 del Código Penal castiga la tenencia de cocaína o sustancias de efectos similares con entre uno y tres años de privación de libertad, multa de 300 a 1.000 cuotas, o ambas sanciones. El Tribunal Supremo Popular ha confirmado que el consumo no se sanciona, pero sí la tenencia, aunque sea para uso personal. Quien compra crack lo posee, y ella lo ha dicho ante sus seguidores. Hasta donde se conoce, no ha habido ninguna actuación contra ella ni contra quien se lo vende.
Mientras tanto, la Cintumbare se ha mostrado en fiestas en La Habana junto a Sandro Castro, apenas una semana después de ser deportada de EEUU en febrero de 2025. Y fue el propio Sandro Castro quien, horas después de la condena a Anna Bensi, publicó un vídeo pidiendo «una medida educativa» en lugar de castigo, pero repitió el argumento con el que el régimen justifica la condena: «Los oficiales son personas… no podemos, con nuestro deseo de querer tener libertad de expresión, atropellar la intimidad de otro». Y añadió: «No veo por qué ver a Anna Bensi como un enemigo».
Esto no es una excepción, es el retrato de un sistema que se pudre. En Cuba, la persona decente que dice la verdad, que denuncia, que graba lo que ve o simplemente no se arrodilla, termina ante un tribunal, vigilada, citada o presa. Quien se mueve cerca del poder, o a quien el poder le conviene dejar en paz, sabe que puede hacer lo que quiera sin que nadie le pida cuentas.
Eso es lo que ha hecho la dictadura con la justicia: la ha puesto al revés. No protege a las familias de quienes las dañan; protege a quienes la sostienen y castiga a quienes la incomodan. Un país donde la verdad se paga con cárcel y el delito con silencio no tiene ley, tiene dueños. Y mientras eso no cambie, la decadencia no será una crisis pasajera: será su forma de mandar.
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