Raíces de Esperanza pide a la ONU que escuche a la sociedad civil cubana

La Asociación Raíces de Esperanza en España presentó a una relatora especial de Naciones Unidas un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y pidió que el debate sobre el embargo no sirva para justificar la represión del régimen.

La presidenta de la organización, Frisia Batista Mokárzel, y su secretaria general, Diana Mendiluza Díaz, se reunieron con Zaina Jallad, relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales. Según una nota de prensa de la asociación, durante el encuentro expusieron su análisis de la crisis económica, energética y humanitaria en la isla.

Raíces de Esperanza reconoció que las sanciones del embargo pueden tener efectos, pero sostuvo que la situación cubana responde fundamentalmente a decisiones normativas y administrativas del Estado. Para respaldar su argumento, citó la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria de la ONEI: de acuerdo con los datos incluidos en la nota, el 79,75 % de los encuestados atribuyó la escasez a la deficiente administración estatal y el 6,45 % al embargo.

La organización también señaló la inversión hotelera como ejemplo de prioridades económicas que, a su juicio, contrastan con el gasto social, mientras la población enfrenta apagones y deficiencias en servicios públicos básicos.

En materia de derechos humanos, Raíces de Esperanza afirmó que, según observatorios de la sociedad civil independiente, al cierre de junio de 2026 había 1.306 personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba, entre ellas 40 menores de edad. La asociación vinculó además el éxodo migratorio con la desesperación social.

La organización pidió que la sociedad civil independiente sea incluida en futuras visitas de relatores de derechos humanos a Cuba. También reclamó al Estado cubano el cese de la represión y la liberación incondicional de los presos políticos mediante una amnistía.

En su nota, Raíces de Esperanza advirtió que el debate sobre las medidas coercitivas unilaterales no debe utilizarse, en su opinión, para ocultar las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen. La nota de prensa no incluye una valoración de la relatora sobre las demandas presentadas.