El régimen permitirá empresas privadas mucho mayores, mientras la Constitución mantiene límites a la concentración de propiedad

El régimen cubano ha oficializado un paquete de transformaciones económicas que modifica profundamente las reglas bajo las cuales ha funcionado hasta ahora el sector privado en la Isla.

Entre los cambios más importantes figura la posibilidad de que una misma persona sea propietaria de más de una empresa privada, tenga participaciones en varias compañías y desarrolle negocios con más de 100 trabajadores, algo que hasta ahora estaba limitado por la legislación de las mipymes.

Las medidas forman parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional y publicadas oficialmente este 28 de agosto en la Gaceta Oficial.

Hasta ahora, las mipymes estaban concebidas como empresas con un máximo de 100 trabajadores. Las nuevas reglas permiten superar ese límite: cuando una entidad exceda esa cifra dejará de clasificarse como mipyme y pasará a ser reconocida como empresa privada.

El cambio no es simplemente de nombre.

En la práctica, abre la puerta a negocios privados de una dimensión mucho mayor, con cientos de empleados, distintas estructuras societarias y capacidad para expandirse territorialmente.

También desaparece otra de las restricciones más significativas: una persona natural podrá ser titular de más de una empresa privada y podrá mantener participaciones accionarias o sociales en varias compañías.

Hasta ahora, el crecimiento empresarial estaba limitado no solo por el número de trabajadores, sino también por la imposibilidad de que una misma persona acumulara propiedad directa sobre distintas empresas.

De pequeños negocios a verdaderas empresas privadas

Las transformaciones prevén además ampliar las formas jurídicas disponibles para el sector no estatal, incluidas las sociedades anónimas por acciones.

También se permitirá que empresas privadas y cooperativas reciban derechos de usufructo o superficie sobre terrenos para realizar inversiones relacionadas con sus actividades productivas o de servicios.

Todo ello permite imaginar una estructura empresarial muy diferente a la existente hasta ahora.

Un negocio que comienza con un establecimiento podría expandirse progresivamente hacia otros municipios o provincias bajo una misma estructura empresarial, abrir nuevas instalaciones, contratar cientos de trabajadores e incluso participar en otras sociedades.

Es decir, Cuba se mueve hacia la posibilidad de que existan verdaderas redes y cadenas privadas de establecimientos, algo que durante décadas chocó directamente con la política de limitar el crecimiento y la acumulación de propiedad en manos particulares.

¿Dónde queda entonces el límite a la riqueza?

Ahí aparece una de las mayores contradicciones del nuevo modelo.

La Constitución cubana reconoce desde 2019 la propiedad privada sobre determinados medios de producción, pero establece que tiene un papel complementario dentro de la economía.

El artículo 30 dispone además que el Estado regula la concentración de la propiedad en personas naturales y jurídicas no estatales con el objetivo de preservar límites compatibles con los llamados “valores socialistas de equidad y justicia social”.

Sin embargo, la Constitución no establece ninguna cifra.

No dice cuántas empresas puede poseer una persona antes de superar esos límites, cuánto patrimonio puede acumular, cuánto puede facturar anualmente ni cuántos establecimientos puede controlar.

Tampoco define qué cantidad de dinero convierte a una persona en excesivamente rica desde el punto de vista del modelo socialista.

La norma deja esas decisiones en manos de la legislación ordinaria y, en última instancia, del propio Estado.

Por tanto, la apertura empresarial no elimina el poder del régimen para frenar posteriormente el crecimiento de una compañía si considera que existe una concentración de propiedad incompatible con sus criterios políticos o económicos.

El Estado elimina restricciones que él mismo creó

El cambio resulta especialmente significativo porque muchas de las nuevas medidas desmontan prohibiciones y límites impuestos por el propio régimen.

Durante décadas, la política económica cubana presentó la concentración de riqueza privada como incompatible con el socialismo. Incluso cuando las mipymes fueron autorizadas, su crecimiento quedó limitado mediante topes de trabajadores, restricciones sobre la propiedad de varias empresas y actividades económicas prohibidas.

Ahora, en medio de una profunda crisis económica, el Estado está permitiendo precisamente lo que antes intentaba evitar: empresas privadas más grandes, propietarios con intereses en varias compañías y estructuras capaces de expandirse mucho más allá de un pequeño negocio local.

Las transformaciones no convierten a Cuba en una economía de libre mercado. El Estado mantiene sectores estratégicos bajo control, conserva amplias facultades regulatorias y la propia Constitución continúa estableciendo límites a la concentración de propiedad.

Pero sí representan un cambio sustancial.

El modelo comienza a admitir que una empresa privada pueda crecer, contratar cientos de trabajadores, poseer múltiples establecimientos y formar parte de estructuras societarias más complejas.

La pregunta que queda abierta es hasta dónde permitirá el régimen que lleguen.

Porque mientras las nuevas normas amplían considerablemente las posibilidades de acumular empresas y patrimonio, la Constitución sigue reservando al Estado la facultad de decidir cuándo esa acumulación ha llegado demasiado lejos.

Y, hasta ahora, nadie ha establecido públicamente dónde está esa frontera.