Felipe Ariel Hernández Choy pide al Tribunal Supremo revisar su condena por robo con violencia y denuncia graves irregularidades en las pruebas

Felipe Ariel Hernández Choy ha solicitado ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular de Cuba la apertura de un procedimiento especial de revisión de la sentencia que lo condenó por un delito de robo con violencia. El recurso sostiene que existen elementos desconocidos por los jueces durante el proceso y enumera varias irregularidades que, de acuerdo con la defensa, cuestionan las pruebas utilizadas para declararlo culpable.

El escrito está relacionado con la Causa No. 5 de 2021 del Tribunal Militar Territorial Central. Hernández Choy fue declarado responsable penalmente como autor de robo con violencia mediante la Sentencia No. 19 de 2021. Posteriormente presentó un recurso de casación, que fue desestimado mediante la Sentencia No. 84 de 2021. La defensa acude ahora al procedimiento de revisión como vía para intentar revertir la sentencia firme.

La solicitud fue confeccionada por el abogado Mario Alejandro Santos Acosta, del Bufete Colectivo de Sagua la Grande, y se presenta al amparo de la Constitución cubana y de la Ley del Proceso Penal Militar. El objetivo final expresado en el documento es que Hernández Choy sea exculpado de responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyeron.

La condena se habría sustentado en un testimonio cuestionado

Uno de los principales argumentos de la petición de revisión se refiere a Orelvis Bermúdez García, trabajador que se encontraba de guardia en el almacén de la Empresa Agropecuaria Militar Motembo cuando ocurrió el robo.

El recurso sostiene que el tribunal de primera instancia sustentó su fallo en la declaración de este testigo y afirma que posteriormente se conoció, mediante un resumen de historia clínica incorporado a la solicitud, que Bermúdez García había sido diagnosticado con retraso mental moderado, circunstancia que, de acuerdo con el escrito, era desconocida por los jueces cuando dictaron sentencia.

La defensa también cuestiona las condiciones en las que supuestamente se produjo la identificación. Señala que el propio testigo declaró que había poca iluminación en el lugar y, al mismo tiempo, aseguró haber reconocido a Hernández Choy por una verruga en el rostro. El recurso considera contradictorio que pudiera observar un detalle de esas características bajo las condiciones de visibilidad descritas.

Un peritaje que habría dado negativo

Otro de los puntos centrales afecta al automóvil Moskvich 2140 blanco que, de acuerdo con la sentencia citada en el recurso, habría sido utilizado para transportar los productos sustraídos.

La solicitud asegura que el vehículo fue sometido a un peritaje en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria de Sagua la Grande el 13 de noviembre de 2020, pero que ese examen no consta en el expediente.

Según lo expuesto por la defensa, tanto el automóvil como Hernández Choy fueron examinados para determinar la presencia de la sustancia química T2F utilizada en relación con los productos sustraídos y los resultados habrían sido negativos. El recurso sostiene que esas diligencias no fueron consideradas al valorar las pruebas.

Huellas dactilares que no coincidían con los acusados

El documento también cuestiona las evidencias encontradas en el lugar de los hechos.

Según el recurso, se obtuvo una huella de neumático de un vehículo ligero que carecía de valor identificativo, por lo que no habría sido posible establecer que perteneciera al Moskvich relacionado con Hernández Choy.

Más significativo resulta el señalamiento sobre las huellas dactilares. La solicitud afirma que las encontradas en el lugar no coincidían con los acusados. También sostiene que varias diligencias relacionadas con las huellas y la llamada trampa química fueron obviadas durante el juicio y en la resolución condenatoria pese a que podían favorecer a los procesados.

Denuncian irregularidades durante las identificaciones

La defensa cuestiona además la manera en que fueron realizadas las diligencias para identificar tanto a Hernández Choy como al automóvil.

El escrito afirma que algunas se hicieron sin testigos y antes de la correspondiente instructiva de cargos. También vuelve a señalar que Orelvis Bermúdez García participó en la identificación y sostiene que, además de su diagnóstico, consumía bebidas alcohólicas y había ofrecido declaraciones contradictorias.

Fotografías que podían demostrar que estaba en su casa

Hernández Choy también habría presentado imágenes para demostrar que se encontraba en su domicilio en la fecha y hora en que se cometió el delito.

De acuerdo con el recurso, el tribunal descartó esas fotografías bajo el argumento de que la fecha y hora podían haber sido manipuladas. Sin embargo, la defensa señala que las imágenes nunca fueron sometidas a un peritaje que demostrara una eventual adulteración.

Además, Hernández Choy habría solicitado que se examinaran imágenes de un punto de control del municipio de Corralillo. El documento afirma que no hubo pronunciamiento sobre la admisión o denegación de esa prueba y que finalmente no fue practicada, situación que la defensa considera que lo dejó en estado de indefensión.

También cuestionan una prueba de identificación de voz

La solicitud dedica otro apartado a una prueba de identificación de voz.

Según el relato atribuido a Hernández Choy en el recurso, la diligencia se realizó en un pasillo estrecho que no reunía las condiciones adecuadas. La persona encargada de identificar la voz fue nuevamente Orelvis Bermúdez García.

El escrito asegura además que los testigos que participaron en la diligencia no pudieron observar su resultado, otro elemento que la defensa incorpora a su cuestionamiento general de las pruebas utilizadas durante el proceso.

Pide ser exculpado

Con todos estos argumentos, Hernández Choy solicita al Tribunal Supremo Popular que admita la promoción del procedimiento especial de revisión y valore el nuevo elemento que, según sostiene, era desconocido cuando fue juzgado.

Su petición final es contundente: reclama que se dicte una nueva resolución judicial que lo exculpe de toda responsabilidad penal por los hechos cuya autoría le fue atribuida.

El recurso plantea así interrogantes sobre aspectos esenciales de la condena: la fiabilidad del testimonio utilizado para identificar al acusado, resultados periciales presuntamente negativos, huellas dactilares que no coincidirían con los procesados y pruebas potencialmente exculpatorias que, según la defensa, no fueron examinadas.

Corresponderá ahora al Tribunal Supremo Popular decidir si esos elementos justifican la revisión de una sentencia que ya adquirió firmeza tras ser desestimado el recurso de casación.