Estefany retiró la denuncia, pero ¿qué ocurriría en un Estado de derecho si se demuestra la agresión?

El caso de Estefany Rodríguez Pinillo, la joven cubana que apareció ensangrentada y con lesiones visibles en un video posteriormente difundido en redes sociales, ha dado un giro después de conocerse que retiró la denuncia y regresó con su pareja.

Pero hay una cuestión fundamental que no desaparece con esa decisión: si una investigación demuestra que Estefany fue agredida, retirar la denuncia no debería borrar el delito ni liberar automáticamente de responsabilidad a quien lo cometió.

Ese es precisamente uno de los principios que diferencia la decisión personal de una víctima de la obligación del Estado de investigar y perseguir conductas que puedan constituir delitos.

Un video que no desaparece al retirar una denuncia

En las imágenes difundidas por Yanko Mesa se observa a Estefany sentada en el suelo, con lesiones visibles y una importante cantidad de sangre.

Además, el video fue grabado por el propio hombre señalado como agresor, cuya voz se escucha durante la grabación. Por tanto, las autoridades dispondrían de elementos que permitirían identificarlo y comenzar a reconstruir lo ocurrido.

El video no muestra el momento exacto en que se producen las lesiones y, por ello, corresponde a una investigación determinar cómo fueron causadas y establecer responsabilidades.

Pero retirar una denuncia no hace desaparecer esa evidencia.

En un Estado de derecho el caso puede continuar

En un Estado de derecho, la investigación de determinados delitos de violencia no tiene por qué depender exclusivamente de que la víctima quiera continuar denunciando.

El Convenio de Estambul establece que las investigaciones y procedimientos relativos a determinados delitos de violencia contra las mujeres no deben depender totalmente de una denuncia de la víctima y que el procedimiento puede continuar incluso cuando esta se retracta o retira su denuncia.

Naciones Unidas va en la misma dirección: recomienda que la responsabilidad de perseguir la violencia contra las mujeres corresponda a las autoridades y no recaiga sobre la víctima.

Esto significa algo esencial para entender el caso de Estefany: ella puede decidir retirar su denuncia, perdonar a su pareja o incluso regresar a vivir con él, pero no es ella quien decide jurídicamente si existió o no un delito.

Eso debe determinarlo la Justicia.

¿Qué sucedería si se demuestra que él la agredió?

Si después de investigar el video, las lesiones, posibles informes médicos, declaraciones, testimonios y el resto de las pruebas se demostrara que el hombre señalado fue quien agredió a Estefany, el procedimiento podría continuar aunque ella hubiese retirado previamente la denuncia.

La Fiscalía podría ejercer la acusación y presentar ante un tribunal las pruebas reunidas.

El acusado tendría, como corresponde en un Estado de derecho, derecho a defenderse, presentar sus propias pruebas y contar con todas las garantías procesales.

Y finalmente sería un tribunal independiente quien tendría que determinar su culpabilidad.

Si fuera declarado culpable, recibiría la sanción establecida por la legislación correspondiente, cuya gravedad dependería de las lesiones provocadas, las circunstancias de la agresión y la posible existencia de otros delitos o agravantes.

Dependiendo de la legislación del país, además de una posible pena de prisión podrían establecerse medidas destinadas a proteger a la víctima, como prohibiciones de acercamiento o comunicación.

La decisión de Estefany de retirar la denuncia no equivaldría a una absolución.

Porque el delito no pertenece a la víctima

Este punto resulta especialmente importante.

Cuando una persona comete presuntamente un delito, la víctima no es propietaria del procedimiento penal en el sentido de poder hacer desaparecer automáticamente los hechos simplemente retirando una denuncia.

La función de las instituciones es determinar si existió un delito y, en caso afirmativo, establecer quién fue responsable.

Esto adquiere especial importancia en situaciones de violencia dentro de la pareja porque las autoridades no pueden ignorar que una víctima puede cambiar de opinión durante el proceso.

Precisamente por eso los sistemas de justicia deben intentar construir los casos utilizando pruebas que no dependan exclusivamente de su testimonio: videos, fotografías, informes médicos, declaraciones de testigos, evidencias físicas y otros elementos.

No se trata de obligar a Estefany a separarse

Nada de esto significa que las autoridades deban decidir la vida sentimental de Estefany.

Ella puede decidir con quién mantiene una relación.

La cuestión penal es diferente.

Una cosa es decidir continuar una relación y otra decidir si una agresión demostrada debe quedar sin consecuencias penales.

Si existió un delito, corresponde al Estado perseguirlo y a los tribunales juzgarlo.

Y si no existen pruebas suficientes para demostrar quién produjo las lesiones, también corresponde a la Justicia determinarlo después de investigar, no simplemente cerrar el caso porque la mujer decidió regresar con su pareja.

¿Y los dos niños?

En este caso existe además otro elemento que no puede ignorarse.

Estefany tiene dos hijos que se encontraban con ella. No se ha confirmado públicamente si presenciaron la agresión, pero su posible presencia convierte su situación en otra cuestión que debería ser comprobada por las instituciones.

En un Estado de derecho, la protección de los menores tampoco debería depender exclusivamente de que su madre mantenga una denuncia.

Las autoridades tendrían que determinar si estuvieron expuestos a violencia y evaluar si existe algún riesgo para ellos.

Cuba tiene una estrategia que debería protegerla

El régimen cubano cuenta desde 2021 con la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar, aprobada mediante el Acuerdo 9231 del Consejo de Ministros.

El propio documento establece mecanismos para la detección, identificación, prevención, atención, acompañamiento y reparación de los daños sufridos por víctimas de violencia.

Por tanto, la pregunta en Cuba no debería limitarse a: “¿Estefany retiró la denuncia?”

Las preguntas deberían ser otras:

¿Se investigó cómo sufrió esas lesiones?

¿Se preservó el video como evidencia?

¿Fue examinada por médicos?

¿Se identificó e interrogó al hombre que realizó la grabación?

¿Se comprobó la situación de sus dos hijos?

¿Se determinó si existe riesgo de que vuelva a producirse un episodio similar?

Y, sobre todo: si se demuestra quién causó las lesiones, ¿responderá ante la Justicia aunque Estefany haya retirado la denuncia?

Retirar una denuncia no debería significar impunidad

La retirada de la denuncia de Estefany puede ser una decisión personal que únicamente ella conoce y que no corresponde juzgar desde fuera.

Pero una posible agresión es otra cuestión.

Si una investigación demuestra que el hombre señalado fue responsable de las lesiones, la retirada de la denuncia no debería convertirse en un mecanismo de impunidad.

En un verdadero Estado de derecho, la víctima no carga sola con la responsabilidad de perseguir a su agresor.

Investiga la Policía.

Acusa la Fiscalía cuando existen pruebas suficientes.

El acusado tiene derecho a defenderse.

Y decide un tribunal.

Estefany puede retirar su denuncia. Puede perdonar. Puede regresar con su pareja. Pero si se demuestra que existió una agresión y quién fue su autor, el delito no desaparece por ninguna de esas decisiones.

La protección de una víctima no puede depender únicamente de que tenga la fuerza, las circunstancias o la voluntad de mantener una denuncia hasta el final.