Miami-Dade mantiene la presión sobre negocios vinculados a Cuba pese a las nuevas reformas económicas del régimen

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernandez, aseguró que las recientes medidas económicas anunciadas por el régimen cubano no modificarán la vigilancia sobre las empresas del condado que mantengan operaciones relacionadas con Cuba y advirtió que cualquier actividad deberá cumplir las sanciones, licencias y regulaciones federales vigentes.

Las declaraciones, difundidas el 10 de agosto y recogidas posteriormente por The Floridian, se producen mientras La Habana intenta ampliar determinadas actividades económicas y atraer inversión hacia la Isla.

Fernandez calificó esas aperturas como un intento del régimen de conseguir recursos para mantenerse y rechazó que empresarios y exiliados cubanos interpreten los cambios como una oportunidad para invertir sin tener en cuenta las restricciones estadounidenses.

“Lo que la dictadura comunista y socialista de Cuba está promoviendo no es una oportunidad; es una trampa”, afirmó el funcionario.

Fernandez sostuvo que el régimen pretende atraer nuevamente a personas que abandonaron el país para que coloquen capital en el mismo sistema que anteriormente confiscó propiedades y restringió la iniciativa privada.

Pero la advertencia del recaudador tiene un límite jurídico importante: Miami-Dade no establece la política exterior de Estados Unidos ni decide qué operaciones comerciales con Cuba están autorizadas por Washington.

Las sanciones económicas y las licencias para determinadas operaciones con la Isla dependen fundamentalmente del Gobierno federal, incluidas las regulaciones administradas por organismos como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La actuación de Fernandez se concentra en otro terreno: los permisos fiscales locales que necesitan las empresas para operar en Miami-Dade.

Miami-Dade ya ha retirado permisos a empresas

Las declaraciones no constituyen únicamente una posición política.

La Oficina del Recaudador lleva desde 2025 revisando actividades comerciales relacionadas con Cuba y ha solicitado a empresas que demuestren que sus operaciones están autorizadas bajo la legislación estadounidense.

En febrero de 2026, Fernandez creó una Página de Transparencia y Cumplimiento dedicada específicamente a publicar documentación relacionada con negocios vinculados a Cuba.

La propia oficina explica que su revisión se limita a las competencias que posee sobre los Local Business Tax Receipts, los permisos fiscales locales necesarios para desarrollar determinadas actividades comerciales en el condado.

Ese mecanismo ya ha sido utilizado.

En abril, Fernandez informó de la revocación de permisos fiscales locales de empresas que, según su oficina, habían incumplido requerimientos relacionados con actividades comerciales vinculadas a Cuba.

La actuación dio otro paso en junio.

El 5 de junio, la Oficina del Recaudador anunció la retirada de permisos vinculados a empresas después de recibir información de una agencia federal sobre una operación de exportación de cemento a Cuba que presuntamente carecía de la autorización necesaria.

Según el comunicado oficial, Cargo Caribe LLC utilizó una terminal operada por Harkham Shipping LLC y MV Tinto Shipping LTD para transportar cemento desde el río Miami hasta el puerto de Mariel.

La oficina aseguró que una agencia federal determinó que la operación se realizó sin la autorización correspondiente y violando leyes y regulaciones federales.

Fernandez respondió retirando los permisos fiscales locales asociados a las empresas identificadas.

¿Qué puede hacer realmente el recaudador?

La distinción resulta esencial.

Fernandez no puede crear un embargo propio contra Cuba ni determinar por sí mismo qué transacciones internacionales son legales.

Su capacidad de actuación se encuentra en las competencias que las leyes de Florida y las ordenanzas locales conceden a su oficina sobre los permisos fiscales de las empresas.

Cuando existen indicios de actividad comercial relacionada con Cuba, la oficina puede solicitar documentación y comprobar si la empresa cuenta con las autorizaciones federales correspondientes.

Si determina que se están realizando actividades contrarias a la legislación aplicable, puede revocar o negarse a renovar el permiso fiscal local.

Por tanto, la política aplicada en Miami-Dade funciona como un mecanismo local de cumplimiento apoyado en las restricciones federales existentes, no como una política exterior independiente.

Las actuaciones también han llegado a los tribunales

La ofensiva de Fernandez no está exenta de controversia.

Xael Charter Inc., una empresa dedicada a facilitar viajes a Cuba, presentó una demanda contra el recaudador en enero después de verse afectada por las actuaciones de su oficina.

La compañía sostiene que cumple las regulaciones correspondientes y acusa a Fernandez de exceder sus competencias e intervenir en un ámbito reservado al Gobierno federal.

El litigio plantea precisamente una de las cuestiones centrales de esta política: hasta dónde puede llegar una autoridad local cuando las actividades que pretende controlar están relacionadas con comercio internacional y política exterior.

Fernandez, por su parte, sostiene que su oficina no está regulando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, sino aplicando las leyes estatales y locales relacionadas con los permisos comerciales que tiene bajo su responsabilidad.

Una advertencia ante las nuevas aperturas cubanas

Las últimas declaraciones del recaudador llegan ahora en un contexto diferente.

El régimen cubano busca ampliar determinadas actividades privadas y atraer recursos externos mientras enfrenta una grave falta de liquidez, caída de la producción, escasez de combustible y dificultades para financiar importaciones.

Para Fernandez, esas modificaciones no alteran las obligaciones de quienes operan desde Miami-Dade.

Una empresa del condado puede realizar determinadas actividades relacionadas con Cuba cuando estén expresamente permitidas o cuente con las autorizaciones federales necesarias. Lo que no puede hacer es utilizar las nuevas reglas aprobadas en la Isla como argumento para ignorar las restricciones estadounidenses.

Esa es precisamente la línea que Miami-Dade pretende reforzar.

Las reformas económicas que adopte La Habana pueden modificar las condiciones para invertir o hacer negocios dentro de Cuba, pero no cambian por sí mismas las leyes estadounidenses que regulan qué pueden hacer las empresas y ciudadanos de Estados Unidos en relación con la Isla.

Y, al menos mientras Dariel Fernandez mantenga esta política, las empresas radicadas en Miami-Dade que desarrollen operaciones vinculadas a Cuba deberán estar preparadas para demostrar que cuentan con autorización federal.