
Si las sanciones no hacen caer al régimen y el miedo frena una rebelión masiva, ¿qué espera Washington que ocurra en Cuba?
La estrategia de la Administración de Donald Trump hacia el régimen cubano ha entrado en una fase que plantea una pregunta cada vez más difícil de evitar: ¿cuál es exactamente el acontecimiento que Washington espera que provoque el cambio político en Cuba?
El secretario de Estado, Marco Rubio, acaba de explicar a Axios que Estados Unidos pretende continuar cerrando cada vía económica que La Habana encuentre para sortear las sanciones.
“Lo que intentamos enseñarles es que no hay escapatoria”, afirmó.
Pero Rubio introdujo también dos conceptos que contrastan con la sensación de inmediatez transmitida por Washington durante los primeros meses de 2026: “paciencia y perseverancia”.
Su horizonte ya no aparece expresado en semanas o meses. El secretario de Estado aseguró que la presión continuará durante los próximos dos años y medio y expresó su confianza en que, cuando concluya la Administración Trump, Cuba se encuentre “como mínimo” en una senda irreversible hacia un futuro diferente.
La pregunta entonces resulta inevitable: ¿qué debe ocurrir entre una cosa y la otra?
Más sanciones, pero ¿cuál es el mecanismo que produce el cambio?
Washington ha construido en pocos meses una arquitectura de presión considerable.
La Orden Ejecutiva 14404 permite sancionar no solo a funcionarios y empresas cubanas, sino también a personas extranjeras que apoyen determinadas estructuras del régimen y a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas relacionadas con personas bloqueadas.
GAESA, el MININT y el MINFAR están bloqueados bajo esa autoridad, y OFAC advierte expresamente que personas y bancos extranjeros pueden quedar expuestos a sanciones por determinadas operaciones con esas estructuras.
El 6 de agosto Washington volvió a actuar: nuevas sanciones alcanzaron a seis ciudadanos cubanos y cinco entidades, además de nuevas designaciones sobre personas ya sancionadas.
Axios contabiliza alrededor de dos docenas de acciones diferentes desde el comienzo de la ofensiva.
El propósito inmediato está claro: reducir las fuentes de financiamiento del régimen, dificultar sus operaciones internacionales, impedir que encuentre nuevos patrocinadores y aumentar el coste para quienes hagan negocios con sus estructuras.
Lo que está menos claro es cómo se transforma esa presión económica en una transición política.
La historia cubana contiene una advertencia
Cuba ya atravesó una experiencia que demuestra que el colapso económico no conduce necesariamente al colapso político.
Tras la desaparición de la Unión Soviética comenzó el llamado Periodo Especial. La economía se desplomó, desaparecieron buena parte de los suministros soviéticos, hubo hambre, apagones, deterioro del transporte y una profunda reducción del nivel de vida.
En agosto de 1994 llegó incluso el Maleconazo.
Fidel Castro permaneció en el poder.
La explicación es fundamental para comprender el dilema actual: un régimen autoritario puede sobrevivir a niveles de deterioro económico que resultarían políticamente insoportables para un sistema democrático.
Porque no necesita ganar unas elecciones.
Necesita conservar el control de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado, el Partido y las estructuras encargadas de contener cualquier desafío interno.
El 11J demostró que los cubanos pueden salir. También mostró el precio
Existe además una diferencia fundamental entre la Cuba de 1994 y la actual.
El régimen ya sabe qué puede ocurrir cuando el descontento rompe la barrera del miedo.
El 11 de julio de 2021 miles de personas salieron simultáneamente a las calles en decenas de localidades.
La respuesta posterior dejó otra enseñanza.
Cinco años después, Human Rights Watch señala que cientos de manifestantes continúan encarcelados y que organizaciones que documentan la represión calculan que aproximadamente 800 presos políticos permanecen en las cárceles cubanas, cerca de la mitad relacionados con aquellas protestas.
HRW señala además que las autoridades continúan utilizando detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación para desalentar la crítica pública.
Amnistía Internacional ha documentado también un incremento del hostigamiento contra presos de conciencia y sus familiares.
Por tanto, asumir que un deterioro económico todavía mayor producirá automáticamente otro 11J —esta vez suficientemente grande para derribar al régimen— implica ignorar una variable esencial:
el miedo.
Cada cubano que contempla salir nuevamente a protestar conoce ahora las posibles consecuencias.
Mientras tanto, quien soporta primero el deterioro es la población
La presión económica sí está produciendo consecuencias.
Cuba ha sufrido repetidos colapsos de su sistema eléctrico. El pasado 3 de agosto volvió a producirse un apagón nacional y, durante los intentos de recuperación, la red volvió a caer. Reuters describió una infraestructura energética sometida a una enorme presión por la falta de combustible, el envejecimiento de las termoeléctricas y años de mantenimiento insuficiente.
La cuestión política es quién puede soportar esa situación durante más tiempo.
Una familia pierde alimentos cuando deja de funcionar el refrigerador. Un anciano soporta temperaturas extremas sin ventilador. Los hospitales tienen dificultades. El transporte se paraliza.
Pero la estructura gobernante puede decidir qué recursos prioriza.
Esa asimetría constituye uno de los problemas fundamentales de cualquier estrategia basada en aumentar progresivamente la presión económica.
La propia ONU está advirtiendo sobre el coste humanitario
La controversia ya ha llegado a Naciones Unidas.
Expertos de derechos humanos de la ONU advirtieron esta semana sobre las consecuencias humanitarias de las medidas estadounidenses y sostuvieron que los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política.
Washington, por su parte, responsabiliza fundamentalmente al sistema económico del régimen y está intentando distinguir entre las estructuras estatales que pretende estrangular financieramente y determinadas actividades privadas y humanitarias que permanecen autorizadas.
El debate, por tanto, no consiste solamente en determinar si las sanciones perjudican económicamente al régimen.
La cuestión es quién puede resistir más tiempo sus consecuencias: la estructura política o la población.
¿Los cubanos están pidiendo una intervención?
Aquí existe un fenómeno que tampoco debería ignorarse.
En mayo, CiberCuba realizó una encuesta digital en la que participaron más de 42.000 personas. Entre las respuestas consideradas válidas, el 60,9 % apoyó una intervención militar estadounidense y el 64,9 % se mostró favorable a terminar con el régimen “por cualquier medio”.
Es un dato periodísticamente significativo.
Pero necesita una precisión indispensable: una encuesta abierta realizada entre la audiencia de un medio digital no constituye una muestra representativa científicamente seleccionada de la población cubana.
Por tanto, no permite afirmar que el 60,9 % de todos los cubanos quiera una intervención.
Además, existen testimonios en sentido contrario. Una investigación publicada en marzo por The New Humanitarian encontró cubanos que desean un cambio político pero rechazan una intervención estadounidense y temen las consecuencias de una acción militar.
Incluso dentro de Cuba permanecen sectores partidarios del régimen que aseguran estar dispuestos a resistir una intervención estadounidense. The Guardian documentó recientemente algunas de esas posiciones.
Lo que sí puede afirmarse es que la opción militar ha dejado de ser una discusión exclusivamente marginal dentro de sectores del exilio y forma parte abiertamente del debate sobre el futuro inmediato de Cuba.
Y Trump no la ha descartado
Este punto resulta especialmente importante.
La estrategia oficial que estamos observando actualmente es económica, diplomática y de inteligencia.
Pero Trump no ha descartado públicamente una acción militar, como recuerda Axios en su investigación sobre la estrategia de Rubio.
Eso no significa que exista una operación militar decidida ni mucho menos que vaya a producirse.
Pero significa que Washington mantiene deliberadamente la ambigüedad.
Y esa ambigüedad puede ser parte de la presión.
Entonces quizá Washington no esté esperando otro 11J
Hay otra interpretación posible de la estrategia de Rubio.
Tal vez el objetivo principal de las sanciones no sea provocar que millones de cubanos salgan a las calles.
Axios aporta una pista mucho más significativa.
Estados Unidos está intentando establecer relaciones con funcionarios dentro de Cuba y explorar la creación de una posible coalición favorable a una reforma. Washington mantiene además contactos con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “Raulito”, nieto de Raúl Castro, aunque existen dudas dentro de la propia Administración sobre la influencia que conservará cuando desaparezca su abuelo.
Si esto es así, la secuencia que Washington imagina podría ser diferente.
No necesariamente:
sanciones → hambre → levantamiento → caída.
Podría ser:
sanciones → pérdida de recursos → debilitamiento de la cúpula → fracturas internas → aparición de interlocutores → transición.
Eso explicaría mucho mejor la insistencia de Rubio en la paciencia.
Pero esa estrategia también tiene un problema
Para que funcione, alguien dentro del sistema tiene que decidir que su futuro estará mejor después del régimen que dentro de él.
Y hasta ahora Washington no ha mostrado públicamente que esa fractura exista.
El aparato de poder cubano ha demostrado durante décadas una extraordinaria capacidad para protegerse internamente, vigilar a sus propios funcionarios y neutralizar posibles disidencias dentro de sus estructuras.
Precisamente Axios recoge a un funcionario estadounidense describiendo el sistema cubano como extremadamente “paranoico”, lo que dificulta determinar quién estaría realmente dispuesto a participar en una transición.
La Habana también está intentando comprar tiempo
Hay otra pieza que encaja en este rompecabezas.
El régimen acaba de anunciar 176 medidas económicas, entre ellas mayor espacio para determinadas actividades privadas, posibles bancos privados, cambios en subsidios y nuevas fórmulas de inversión.
Pero mantiene intacto el monopolio político.
Un análisis publicado este lunes describe el intento como una apertura económica limitada que no supone una cesión del control político.
Rubio ya había anticipado precisamente esa lectura.
Según declaró a Axios, Washington considera que La Habana intenta ganar tiempo simulando reformas y creando mecanismos para escapar de la presión.
Y su respuesta fue inequívoca: cada nuevo mecanismo será cerrado.
Dos relojes están corriendo al mismo tiempo
Ahí aparece quizá el verdadero dilema de la estrategia estadounidense.
Washington dice tener paciencia.
La población cubana puede no tenerla.
Rubio puede diseñar una estrategia para los próximos dos años y medio. Pero una familia que atraviesa apagones prolongados, carece de medicamentos o tiene dificultades para alimentarse vive en otro calendario.
Y mientras Washington espera que la presión fracture el sistema, el régimen conserva precisamente el instrumento que históricamente le ha permitido sobrevivir a las crisis: la capacidad de hacer que gran parte del coste recaiga sobre la sociedad mientras protege los resortes indispensables para conservar el poder.
Por eso la pregunta que comenzó con el “no hay escapatoria” continúa sin respuesta.
¿Cuál es el punto de ruptura?
Estados Unidos dispone de sanciones económicas, financieras y migratorias. Puede presionar a bancos y compañías extranjeras. Puede cerrar fuentes de combustible. Puede perseguir las estructuras de GAESA. Puede utilizar inteligencia. Puede intentar establecer contactos dentro del régimen.
Y puede mantener sobre la mesa, sin comprometerse públicamente con ella, la posibilidad de una acción militar.
Pero ninguna de esas herramientas responde por sí sola a la cuestión fundamental:
¿qué acontecimiento espera Washington que transforme la presión en cambio político?
¿Una fractura dentro de las Fuerzas Armadas?
¿Una división de la élite?
¿La desaparición de Raúl Castro?
¿Una negociación?
¿Una nueva rebelión popular?
¿Una combinación de todas ellas?
¿O, llegado determinado punto, una intervención estadounidense?
Rubio no ha explicado públicamente dónde está ese punto de ruptura.
Lo que sí sabemos ahora es que el secretario de Estado ya no habla únicamente de que Cuba sea “la próxima”. Habla de paciencia, perseverancia y dos años y medio de presión.
Y eso deja una pregunta especialmente importante para los cubanos:
si Washington está convencido de que el régimen no tiene escapatoria, falta saber cuánto tiempo tendrá que resistir el pueblo antes de que esa estrategia produzca el resultado que Estados Unidos espera.







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