Cinco economistas cubanos presentan una hoja de ruta para transformar la economía y avanzar hacia un Estado democrático de Derecho
La propuesta plantea sustituir gradualmente el modelo de planificación centralizada por una economía social de mercado, con reconocimiento de la propiedad privada, expansión del sector empresarial privado, reforma de las empresas estatales, desmantelamiento del monopolio económico de GAESA y una transformación política e institucional que garantice elecciones libres, pluralismo y Estado de Derecho.
Un grupo de cinco reconocidos economistas cubanos presentó este 20 de julio de 2026 una amplia propuesta para enfrentar la profunda crisis que atraviesa Cuba y sentar las bases de un nuevo modelo económico e institucional.
El documento, titulado “Propuesta para transformar la economía cubana”, está firmado por Mauricio De Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro. Se trata de una primera versión de 120 páginas que propone una transformación gradual organizada en tres grandes fases y parte de un diagnóstico severo: Cuba atraviesa, en opinión de los autores, la crisis económica y social más profunda de su historia contemporánea.
El proyecto cuenta con el acompañamiento institucional del Cuba Study Group y del Observatorio sobre la Economía Cubana, aunque el propio documento precisa que sus ideas, propuestas y conclusiones son responsabilidad exclusiva de los cinco autores.
La propuesta no se limita a plantear medidas económicas de emergencia. Su objetivo final es mucho más amplio: construir en Cuba una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho, en el que el mercado tenga un papel central en la asignación de recursos, exista seguridad jurídica para las distintas formas de propiedad y el Estado conserve funciones de regulación, protección social y garantía de la competencia.
Del modelo centralizado a una economía social de mercado
Los economistas consideran que la raíz fundamental de la crisis se encuentra en el agotamiento del modelo de planificación centralizada, al que atribuyen la incapacidad de generar crecimiento sostenido, elevar la productividad y garantizar de manera duradera el bienestar de la población.
El documento sostiene que las reformas aplicadas durante décadas han sido parciales, lentas y, en numerosas ocasiones, reversibles. Frente a ello, propone reconocer el papel de la empresa privada como generadora de inversión, innovación y empleo, sin excluir la existencia de empresas públicas cuando respondan al interés general.
Pero los autores vinculan directamente la transformación económica con un cambio político e institucional. La propuesta defiende un Estado democrático de Derecho, con libertad de expresión, asociación y prensa, además de elecciones libres, competitivas, pluripartidistas, inclusivas, periódicas y transparentes.
La tesis central es que una verdadera transformación de Cuba no puede reducirse a cambiar determinadas políticas económicas mientras permanece intacta la estructura institucional que concentra el poder político y económico.
Una crisis que va mucho más allá de los apagones y la escasez
El diagnóstico presentado describe una economía marcada por la contracción productiva, la inflación, la depreciación del peso cubano, la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro de los servicios públicos y la infraestructura, el crecimiento de la pobreza y una profunda crisis energética.
Según los datos recogidos en el informe, el PIB real cubano permanecía en 2025 por debajo del nivel registrado en 2014 y era más de un 15 % inferior al de 2018.
La propuesta también señala la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos. Entre 2022 y 2024, indica el documento, Cuba registró una inflación promedio del 32 %, frente al 5,6 % regional. Durante ese período, el déficit fiscal habría alcanzado el 9,4 % del PIB.
A ello se añade la descapitalización del país. La formación bruta de capital fijo se sitúa, según el estudio, alrededor del 7 % del PIB, muy lejos del promedio del 19 % de América Latina y el Caribe.
Los economistas cuestionan además la estrategia de inversión seguida durante años, especialmente la concentración de cuantiosos recursos en el turismo mientras el sistema eléctrico y otras infraestructuras fundamentales acumulaban un creciente deterioro.
Tres fases para transformar el país
La hoja de ruta divide el proceso en tres etapas que pueden solaparse y adaptarse a las circunstancias.
La primera fase, con un horizonte aproximado de tres años, estaría dedicada a la estabilización y las transformaciones de emergencia. El objetivo sería detener el deterioro económico y social, enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, recuperar servicios esenciales y generar condiciones mínimas de confianza.
La segunda fase se concentraría en la reactivación productiva y la transformación institucional, buscando mejorar la eficiencia económica, recuperar la inversión y el empleo y reconstruir la credibilidad financiera del país.
Finalmente, la tercera fase estaría destinada a consolidar una estrategia de desarrollo económico y social de mediano y largo plazo, incluyendo la inserción internacional de Cuba, la definición de sectores estratégicos, los mecanismos de redistribución y el nuevo papel del Estado.
La primera etapa establece seis objetivos generales, entre ellos detener la contracción productiva, impulsar el sector privado como motor de generación de empleo y oferta, corregir las distorsiones de precios y del tipo de cambio, transformar el mercado laboral, crear condiciones para atraer inversión extranjera y aprovechar las oportunidades que pudieran derivarse de una mayor apertura económica internacional.
Energía, agricultura y turismo entre las prioridades
La propuesta dedica especial atención a la crisis energética, considerada no simplemente un problema sectorial, sino uno de los principales obstáculos para cualquier recuperación.
El plan contempla medidas para garantizar una disponibilidad mínima de combustibles, aumentar la generación eléctrica de emergencia e impulsar las energías renovables y los sistemas de almacenamiento.
La agricultura aparece igualmente como un sector prioritario. Los autores defienden una mayor liberalización de los mercados agrícolas, mejor acceso de los productores a insumos, eliminación de obstáculos a la comercialización y una participación más amplia de productores privados y cooperativas.
El turismo también desempeñaría un papel relevante durante la primera etapa. Aunque el documento critica la desproporcionada asignación de inversiones hacia la construcción hotelera durante años, considera que las capacidades actualmente instaladas y subutilizadas podrían aprovecharse para generar divisas rápidamente y crear encadenamientos con la agricultura, el transporte, la gastronomía y las empresas privadas.
Una profunda transformación del sector empresarial
Uno de los componentes de mayor alcance de la propuesta se refiere al régimen de propiedad.
La primera fase contempla la expansión del sector privado, la reorganización del sistema empresarial estatal, la venta de determinados activos públicos y procesos de privatización selectiva.
Los economistas consideran al sector privado uno de los pocos motores internos que actualmente podrían reaccionar con relativa rapidez para incrementar la producción, crear empleo y ampliar la oferta.
En materia tributaria, plantean reducir determinadas tasas máximas sobre ingresos personales y utilidades empresariales y eliminar el impuesto sobre la contratación de fuerza de trabajo, buscando estimular la formalización y la creación de empleo. También proponen preparar las condiciones para introducir en el futuro un impuesto al valor agregado, con excepciones para productos de la canasta familiar.
GAESA: fragmentar el conglomerado y sacar la economía del control militar
Uno de los planteamientos políticamente más relevantes del documento afecta directamente al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado bajo control militar que concentra una parte sustancial de sectores estratégicos de la economía cubana.
La propuesta plantea fragmentar la estructura monopólica de GAESA y transferir sus empresas, activos y operaciones a instituciones y estructuras civiles, sometidas a regulación, supervisión pública y rendición de cuentas.
Los autores proponen además abrir esas actividades a la competencia y permitir una mayor participación del sector privado cubano y de la inversión extranjera.
Parte de los activos actualmente controlados por el conglomerado militar podrían entrar en procesos transparentes de venta o privatización selectiva. Los ingresos obtenidos alimentarían un fondo de estabilización destinado, entre otros objetivos, a financiar políticas sociales, proteger a pensionados y trabajadores públicos y compensar a personas afectadas por la reestructuración empresarial.
La propuesta incluye también la transferencia al Banco Central de Cuba de las reservas internacionales y disponibilidades en divisas que se encuentren fuera de su control y actualmente estén gestionadas por GAESA.
Apertura a la inversión extranjera y participación de la diáspora
La transformación concede un papel relevante al capital extranjero y a la diáspora cubana.
Los autores proponen eliminar autorizaciones discrecionales para la creación de empresas con capital extranjero en sectores no restringidos por ley, simplificar los procedimientos administrativos y permitir la contratación directa de trabajadores, eliminando la intermediación obligatoria de agencias estatales.
También contemplan zonas económicas especiales y parques industriales, así como la entrada de capital extranjero en determinadas instituciones financieras no bancarias.
La diáspora es considerada una parte inseparable de la nación y un activo estratégico para la reconstrucción por su experiencia profesional, redes internacionales, conocimientos y capacidad de inversión.
El papel de Estados Unidos y las sanciones
La propuesta considera que las causas fundamentales de la crisis cubana son internas y están relacionadas con el agotamiento del modelo económico y los errores acumulados de política económica, aunque sostiene que las sanciones estadounidenses agravan esas dificultades.
Los autores parten de un escenario que incluiría una negociación entre Cuba y Estados Unidos y una flexibilización sustancial de las sanciones para facilitar el comercio, la inversión, las remesas, el turismo, los sistemas internacionales de pago y el acceso al financiamiento.
Entre sus propuestas figura suspender el Título III de la Ley Helms-Burton, alcanzar un acuerdo bilateral sobre reclamaciones por propiedades confiscadas —incluyendo compensaciones para ciudadanos cubanos afectados— y establecer un calendario gradual para eliminar restricciones y facilitar el acceso de Cuba a organismos financieros internacionales.
Protección social para evitar que el costo vuelva a recaer sobre la población
Los economistas advierten que una transformación de semejante magnitud tendrá costos y que estos no deben recaer nuevamente de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables.
Por ello, la política social aparece como uno de los pilares del programa. Se plantea actualizar progresivamente salarios públicos y pensiones de acuerdo con la inflación y los recursos fiscales realmente disponibles, reforzar la asistencia social y crear mecanismos focalizados para proteger a los hogares vulnerables.
El documento propone financiar parte de estas políticas mediante ahorros derivados de la reorganización empresarial estatal, reducción de subsidios ineficientes, mayores ingresos tributarios procedentes de actividades en crecimiento, venta transparente de activos públicos y recursos internacionales.
La primera fase contiene 20 objetivos específicos agrupados en seis grandes ámbitos: políticas macroeconómicas y precios; energía; agricultura y turismo; propiedad y transformación empresarial; inserción externa y financiamiento internacional; y protección social y reforma administrativa.
Una propuesta pensada para un eventual proceso de cambio
Los propios autores reconocen que el proyecto descansa sobre supuestos políticos que hoy no están garantizados. Entre ellos figura la existencia de condiciones internas que permitan sustituir progresivamente el modelo vigente y avanzar hacia un Estado democrático de Derecho.
Por tanto, el documento no presenta simplemente un programa económico que pueda aplicarse sin modificaciones políticas. Su arquitectura parte de una transformación simultánea de las reglas económicas, jurídicas e institucionales del país.
La propuesta tampoco pretende ejecutar todas las reformas al mismo tiempo. Sus autores insisten en que la secuencia será fundamental: controlar la inflación, reorganizar las finanzas públicas, recuperar la energía y la producción, proteger a la población, liberar las fuerzas productivas y construir instituciones capaces de sostener el nuevo modelo.
Las medidas de la primera fase están organizadas en un horizonte de seis semestres —aproximadamente tres años— mediante un diagrama de implementación que busca determinar qué reformas deben comenzar inmediatamente y cuáles dependen de condiciones creadas previamente.
El documento concluye que ninguna estabilización será suficiente si Cuba vuelve a reproducir las estructuras que originaron la crisis. La meta final, sostienen sus autores, debe ser una economía social de mercado en la que la ampliación de la iniciativa privada vaya acompañada de un Estado con instituciones fuertes, transparentes y sometidas al control democrático.
En ese sentido, la “Propuesta para transformar la economía cubana” constituye una de las hojas de ruta más extensas presentadas recientemente para abordar un eventual escenario de cambio en la Isla. No ofrece una solución inmediata ni asegura que existan actualmente las condiciones políticas para ejecutarla, pero coloca sobre la mesa un debate fundamental: cómo pasar de la administración permanente de la crisis a la reconstrucción económica de Cuba y, al mismo tiempo, transformar las instituciones que han sostenido durante décadas el modelo centralizado.
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