Sherritt comienza a retirar a sus empleados de Cuba y crece la incertidumbre en Moa Nickel

La empresa mixta Moa Nickel S.A. reconoció este 7 de mayo el impacto que podrían tener las nuevas sanciones de Estados Unidos sobre sus operaciones en Cuba, en un contexto donde miles de trabajadores cubanos llevan años denunciando bajos salarios, condiciones difíciles y ausencia total de derechos laborales dentro de una de las industrias más estratégicas para el régimen.

Una nota interna dirigida a los empleados de la empresa, fechada el 7 de mayo de 2026, confirma la preocupación tras la designación de la corporación canadiense Sherritt International bajo nuevas medidas estadounidenses relacionadas con Cuba.

El documento admite que las sanciones podrían afectar la capacidad de operación de la empresa y revela además que Sherritt comenzó a repatriar a sus empleados extranjeros en la isla.

La noticia ha sido recibida con satisfacción por numerosos cubanos que consideran que las minas de Moa representan uno de los ejemplos más claros de explotación laboral en beneficio de la cúpula gobernante.

Durante décadas, trabajadores cubanos del sector minero han realizado labores de alto riesgo físico y exposición constante a químicos y contaminación industrial mientras reciben salarios que, convertidos a divisas, resultan insignificantes frente a los ingresos que genera la exportación de níquel y cobalto. El empresario canadiense paga al régimen cubano 1500 dólares por trabajador y estos reciben 10.000 cup al mes aproximadamente, un promedio de 19 dólares al cambio actual.

Mientras las empresas extranjeras negocian directamente con el Estado cubano, el trabajador no recibe su salario libremente en moneda fuerte ni tiene derecho a sindicatos independientes, negociación salarial real o mecanismos efectivos de protección laboral. El régimen actúa como intermediario absoluto y controla tanto la contratación como los pagos.

A esto se suma el deterioro progresivo de las condiciones de vida en Moa y otras zonas mineras, donde los apagones, la escasez de alimentos y el colapso de servicios básicos contrastan con los millones de dólares que el régimen obtiene históricamente de este sector.

Para muchos opositores y activistas cubanos, las sanciones representan un golpe directo a una estructura económica diseñada para sostener políticamente al poder mientras mantiene a los trabajadores en condiciones de precariedad.

El propio comunicado interno refleja la inquietud existente dentro de la empresa. Aunque intenta transmitir tranquilidad a los trabajadores, reconoce que las medidas estadounidenses podrían alterar seriamente las operaciones conjuntas en Cuba.

La dependencia del régimen de industrias como el níquel se ha vuelto aún más crítica en medio de la peor crisis económica de las últimas décadas. Con el turismo desplomado, una producción azucarera prácticamente destruida y un sistema eléctrico colapsado, las exportaciones mineras siguen siendo una de las principales fuentes de ingreso para sostener la estructura estatal.

Críticos del régimen consideran que limitar financieramente este tipo de negocios internacionales aumenta la presión sobre un modelo económico que durante años se ha sostenido sobre el control absoluto de la mano de obra cubana y la falta de libertades dentro del país.