
Anciano de 81 años denuncia multa de 21 mil pesos y abuso de inspectores en Mayarí
Un cubano de 81 años ha denunciado públicamente lo que califica como un “atropello” por parte de inspectores estatales, tras recibir una multa de 21 mil pesos por la venta de productos en su pequeño punto de cafetería en el municipio de Mayarí.
Se trata de Manuel Herrera Acosta, quien asegura que, pese a haber trabajado durante 48 años de manera ininterrumpida, no puede subsistir con la pensión que recibe, lo que lo obligó a emprender un modesto negocio para sostenerse.
Según su testimonio, inspectores acudieron a su establecimiento hace apenas unos días y le impusieron la sanción por vender fosforeras y pequeños tubos de pegamento sin autorización. Herrera afirma que solicitó el permiso correspondiente hace más de un año, pero nunca recibió respuesta, atribuyendo la situación a la burocracia.
“PROTESTO PÚBLICAMENTE”, escribió en su denuncia, en la que también cuestiona la actuación de las autoridades en un contexto marcado —según describe— por problemas más urgentes como apagones prolongados, escasez de combustible, deterioro de las calles y dificultades para acceder al dinero.
El anciano sostiene que no pagará la multa, aun cuando esta pueda incrementarse, y asegura que está dispuesto a enfrentar las consecuencias, incluida la posibilidad de ser encarcelado. “Que vengan a meterme preso con 81 años”, expresó, en un mensaje que refleja el nivel de desesperación al que dice haber llegado.
Herrera también denunció la actitud de funcionarios del Poder Popular, a quienes acusa de mostrarse “irracionales” y centrados únicamente en imponer sanciones, sin ofrecer soluciones a su situación.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de los adultos mayores en Cuba, especialmente aquellos que, tras décadas de trabajo, no logran cubrir sus necesidades básicas con una pensión estatal. En este escenario, muchos optan por iniciativas informales o de subsistencia que, como en este caso, terminan siendo objeto de sanciones.
Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial de las autoridades locales ante esta denuncia. Mientras tanto, Herrera insiste en que continuará haciendo pública su situación y denunciando lo que considera una injusticia.






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