Denuncian aislamiento de Virgilio Mantilla en la prisión Kilo 8 mientras crece la crisis y el hacinamiento en cárceles de Camagüey

Una nueva denuncia desde el sistema penitenciario cubano vuelve a encender las alarmas sobre la situación de los presos políticos en la isla. De acuerdo con el testimonio difundido por el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Isangarin Zamore, el también opositor Virgilio Mantilla Arango se encuentra actualmente aislado en el área hospitalaria de la prisión Kilo 8, conocida como “la 26”, en la provincia de Camagüey.

Según la información recibida a través de otros reclusos con acceso a esa zona, Mantilla no estaría ingresado por una condición médica específica, sino recluido en una celda de aislamiento dentro del propio hospital penitenciario, lo que limita aún más su contacto con el resto de la población penal. Este tipo de práctica, denunciada de forma recurrente por organizaciones de derechos humanos, es utilizada como mecanismo de castigo y control.

No obstante, el estado de salud del preso político también genera preocupación. De acuerdo con el testimonio, Mantilla padece problemas físicos asociados a hernias y otras dolencias propias de la edad, lo que le impediría incluso desplazarse al comedor, dependiendo de que los alimentos le sean llevados directamente a su celda.

El opositor habría sido trasladado recientemente desde la prisión Kilo 7 hacia Kilo 8, donde —según la denuncia— vuelve a quedar bajo el control de autoridades penitenciarias señaladas por su historial represivo. Internos identifican entre ellos a un funcionario conocido como “el tailandés”, quien ya habría estado al frente del penal en etapas anteriores.

La denuncia también advierte sobre un clima de amenazas dentro de las cárceles cubanas. Según el testimonio, varios presos políticos habrían sido intimidados con la posibilidad de represalias extremas en caso de escenarios de crisis, incluyendo advertencias directas sobre su integridad física. Entre los mencionados se encuentra el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, quien habría recibido mensajes similares a través de terceros.

Colapso carcelario y violaciones sistemáticas

Más allá del caso individual, la situación descrita apunta a un deterioro estructural en el sistema penitenciario. En Kilo 8, el número de reclusos habría superado los 570, muy por encima de su capacidad histórica, estimada en poco más de 400 internos. Este nivel de hacinamiento agrava las condiciones de vida en un contexto marcado por la escasez de alimentos, la falta de atención médica y la ausencia de recursos básicos como electricidad o refrigeración.

Uno de los elementos más preocupantes es la negativa sistemática a conceder beneficios legales como la libertad condicional o el régimen de mínima severidad. Según la denuncia, más de 300 reclusos en esa prisión ya habrían cumplido los requisitos para acceder a estas medidas, pero sus solicitudes han sido rechazadas repetidamente, en algunos casos hasta más de una decena de veces.

Esta práctica no solo incrementa la sobrepoblación penitenciaria, sino que vulnera derechos reconocidos incluso dentro del propio marco legal cubano, al bloquear la progresión de la sanción penal. Testimonios recogidos dentro del penal reflejan una lógica de control basada en la reclusión masiva: “un solo guardia controla a cientos de presos bajo candado”, habría comentado uno de los funcionarios.

Las condiciones sanitarias también son motivo de alarma. El llamado hospital de la prisión carecería de equipamiento médico, especialistas y medicamentos, siendo atendido en gran medida por personal en formación obligatoria. A esto se suma la mala calidad de los alimentos, en ocasiones descompuestos, y la imposibilidad de conservarlos por los constantes apagones.

Denuncias que se repiten en todo el país

Aunque el foco de esta denuncia se sitúa en Camagüey, los testimonios apuntan a que esta realidad se extiende a otras prisiones del país. La combinación de hacinamiento, represión, negligencia médica y violaciones legales sistemáticas configura un escenario que diversas organizaciones han calificado como crítico.

El caso de Virgilio Mantilla Arango se suma así a una larga lista de denuncias sobre el trato a presos políticos tras las protestas del Protestas del 11 de julio en Cuba, marcadas por detenciones masivas y condenas severas.

Mientras tanto, familiares y activistas continúan exigiendo visibilidad internacional y presión sobre las autoridades cubanas, ante el temor de que el deterioro de las condiciones carcelarias tenga consecuencias irreversibles para la vida de los reclusos.

La denuncia, difundida desde el interior del sistema penitenciario, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que, pese a los intentos de ocultamiento, sigue emergiendo con fuerza desde las propias cárceles del país.