
Cuba y la ficción democrática.
Por Librado Linares
La reciente entrevista de Miguel Díaz-Canel en NBS News, reproducida por el Noticiero de Televisión (NTV), dejó una afirmación que merece ser examinada: en Cuba existe un sistema democrático. Sin embargo, la realidad muestra un panorama muy distinto.
La Constitución otorga al Partido Comunista de Cuba (PCC) el papel dirigente superior de la sociedad y el Estado. Esto significa que, incluso si no estuviera escrito, el poder se concentraría de facto en la cúpula. El llamado “centralismo democrático” no deja espacio para minorías que puedan convertirse en mayoría, como ocurre en sistemas multipartidistas. Basta comparar con el Partido Liberal Democrático de Japón, que pese a su permanencia en el poder, funciona como un conglomerado de grupos con agendas diversas y en un marco de competencia política real.
Los primeros secretarios del PCC fueron el Comandante en Jefe y el General de Ejército, figuras con un poder incuestionable derivado de su papel histórico. La sucesión posterior tampoco respondió a la voluntad ciudadana, sino al auspicio de la cúpula, en un proceso que recuerda al “dedazo” característico de regímenes autoritarios.
Los únicos dirigentes elegidos directamente por los ciudadanos son los delegados de circunscripción. Sin embargo, carecen de poder real y su rol se limita a “poner la cara” ante la población. Las asambleas de rendición de cuentas prácticamente han desaparecido, y la desconfianza hacia estos delegados es tan grande que cuesta encontrar quién acepte el cargo. La experiencia personal de ser expulsado como observador electoral y sometido a vigilancia domiciliaria ilustra la falta de transparencia y garantías en el proceso.
Por ley, los delegados de circunscripción representan menos del 50% de los diputados. La mayoría la conforman generales, ministros y dirigentes designados, lo que asegura el control del PCC en la Asamblea Nacional. Las comisiones de candidaturas, integradas por organizaciones subordinadas al partido, presentan un único candidato por escaño, sin posibilidad de competencia ni campaña. Lo único que se exhibe es una biografía revolucionaria, y casi todos los candidatos son militantes comunistas.
El electorado no participa como ciudadanos empoderados, sino como un rebaño obediente que cumple un “deber revolucionario”. Las jornadas electorales transcurren sin entusiasmo, porque la gente sabe que no se decide nada. La Comisión Electoral Nacional tampoco es independiente ni imparcial: sus miembros responden al partido único, lo que convierte todo el proceso en una ficción cuidadosamente controlada.
Todo proyecto político debería sustentarse en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Esa es la medida de su legitimidad. En Cuba, el régimen es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero solo de manera formal, sin cumplirla en la práctica. La democracia proclamada es un juego de palabras, una fachada que oculta la ausencia de poder ciudadano.
En medio de las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, es imprescindible poner sobre la mesa la verdadera problemática cubana: la falta de democracia y de derechos. La solución definitiva pasa por devolver el poder al ciudadano. Nadie puede creer seriamente que en Cuba se vive en democracia; lo que existe es un pueblo sometido, que merece recuperar su voz y su libertad.







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