El régimen cubano ha aprobado una metodología para introducir la inteligencia artificial en la Administración Pública, con una hoja de ruta hasta 2030 que contempla asistentes para trámites, análisis de datos y automatización de procesos. El plan coloca la información de los ciudadanos en el centro de la reorganización institucional y exige que los sistemas permitan la auditoría y el control del Estado.
La Resolución 24/2026 del Ministerio de Comunicaciones fue publicada el 17 de noviembre en la Gaceta Oficial número 96. Firmada por la ministra Mayra Arevich Marín el 30 de octubre, entrará en vigor el 24 de noviembre, siete días después de su publicación.
Qué prevé para los trámites
Entre los usos que enumera el documento figuran los asistentes virtuales que responden consultas de los ciudadanos, las herramientas de apoyo a decisiones y la generación automática de informes. También incluye la automatización de tareas y la conexión entre los sistemas de distintas instituciones.
Para quien necesita resolver una gestión pública, el objetivo anunciado es que más trámites puedan hacerse por medios digitales y que las entidades compartan información. La aprobación de esta metodología no significa que esos servicios estén disponibles desde su entrada en vigor: el propio calendario sitúa buena parte del trabajo inicial en la preparación de las instituciones.
La primera fase, entre 2026 y 2027, se dedica a organizar los datos, evaluar su calidad, formar al personal y definir proyectos piloto. Para 2028 se prevé probar soluciones y evaluar resultados. La ampliación de las que funcionen queda para 2029 y 2030.
Los datos y el control del Estado
El texto establece que los datos de los ciudadanos y de la Administración residirán en infraestructura nacional o regida por "acuerdos soberanos". No se limita, por tanto, a servidores situados físicamente dentro de Cuba. También dispone que los sistemas de inteligencia artificial permitan la auditoría y el control por parte del Estado cubano.
La metodología enuncia principios de privacidad, no discriminación y transparencia. Reconoce que los ciudadanos deben saber cuándo y cómo se utiliza la inteligencia artificial en decisiones que les afectan, y exige "supervisión humana significativa" en las decisiones críticas que inciden sobre sus derechos.
Son disposiciones escritas en el plan, no resultados de su aplicación. La diferencia importa: que un sistema sea digital no garantiza que el ciudadano reciba una respuesta justa, pueda entenderla o encuentre una vía efectiva para reclamar.
La vigilancia del cumplimiento queda a cargo de la Dirección General de Informática del propio Ministerio de Comunicaciones. La Secretaría de Transformación Digital deberá evaluar los resultados al cumplirse un año de la entrada en vigor y actualizar la metodología según esa evaluación.
El reto no se reduce a sustituir una ventanilla por una pantalla. También está en qué información se recoge, quién la consulta y cómo se protege al ciudadano frente a una decisión equivocada. La hoja de ruta promete cambios en la gestión pública; su publicación, por sí sola, no demuestra mejoras en los trámites ni el cumplimiento de las garantías que anuncia.
Imagen de portada: detalle de un ordenador, foto ilustrativa. Đào Hiếu / Unsplash. No corresponde a una instalación cubana.








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