Una anciana rompe a llorar mientras cuenta que la amenazaron con quitarle el módulo de alimentos si seguía acudiendo a comer al proyecto humanitario vinculado a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en el reparto Zamorana, Santiago de Cuba. Su testimonio aparece en un vídeo difundido por la UNPACU el 17 de noviembre, en el que otros participantes denuncian presiones contra las personas que reciben ayuda.
"Me van a quitar el módulo", dice la mujer. Según su relato, le advirtieron que no podía ir allí porque había un opositor y que debía regresar a su casa. Pese a la amenaza, volvió al lugar donde recibe comida.
Otra persona intenta tranquilizarla y le asegura que continuarán ayudándola. La escena muestra el miedo de una beneficiaria ante la posibilidad de perder alimentos por aceptar los que le ofrecen quienes el régimen persigue.
En la misma grabación, un promotor del proyecto afirma que trabajadoras sociales habían visitado a una mujer ciega para advertirle que perdería el módulo si continuaba buscando comida allí. También pide a los asistentes que no faciliten sus nombres ni direcciones, pues considera que esos datos se utilizan para localizarlos y presionarlos después en sus viviendas.
Nombres y direcciones durante el reparto
José Daniel Ferrer denuncia en el vídeo que la policía política utiliza a las llamadas trabajadoras sociales para intimidar a los ancianos que acuden a los proyectos de la campaña Salvar a Cuba. La responsabilidad que atribuye a la Seguridad del Estado forma parte de su denuncia.
Un segundo vídeo publicado por la UNPACU este 18 de noviembre recoge nuevos testimonios sobre la recogida de datos de los beneficiarios. Una de las participantes cuenta que les solicitaron el nombre y la dirección con el argumento de conocer sus necesidades y ayudarlos.
Otra mujer, que dice haber sido operada de un cáncer de mama, cuestiona que esas personas se presenten durante el reparto cuando, según su testimonio, nunca habían acudido a su casa para interesarse por su situación.
Los relatos describen una presión sobre quienes buscan comida y sobre quienes la reparten. La amenaza denunciada no consiste en impedir un acto político: alcanza a personas que acuden a recibir alimentos.
Los vídeos no precisan cuándo se grabaron las escenas ni acreditan que se haya retirado efectivamente el módulo a alguna de las personas que aparecen. Sí recogen el testimonio directo de una anciana que teme perder esa ayuda y la denuncia de quienes sostienen el reparto frente a las presiones.








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