La dirigente liberal Amelia Calzadilla cuestionó el anteproyecto de Ley de Educación de Cuba y advirtió de que la apertura al financiamiento no estatal puede terminar trasladando a las familias el coste del deterioro de las escuelas. En una publicación, defendió la propiedad privada y el trabajo de los profesores particulares, pero rechazó que se utilicen para descargar sobre los ciudadanos las responsabilidades del Estado.
«Educar es una vocación encomiable, pero comer no es opcional», escribió al abordar los límites impuestos a los maestros para obtener ingresos adicionales y la falta de docentes en las aulas.
Su crítica parte de una idea: la gratuidad proclamada por el régimen no refleja todos los gastos que las familias asumen para sostener la educación de sus hijos. Calzadilla recordó el pago de repasadores, los materiales enviados desde el exterior y las colectas de padres para comprar equipos para las aulas. Son experiencias que invoca para cuestionar el relato oficial sobre la enseñanza pública.
La autora también alertó de que los aportes del sector privado pueden acabar repercutiendo en los precios que pagan los consumidores. Ese posible encarecimiento es una advertencia de Calzadilla, no un efecto ya acreditado del anteproyecto.
«De lo que estoy totalmente en contra es de que se utilice la iniciativa privada como un mecanismo para trasladar las responsabilidades del Estado a los ciudadanos», sostuvo. Su argumento no rechaza la actividad privada: reclama que no se convierta en un recurso del poder para eludir sus obligaciones.
La dirigente cuestionó además la distancia entre las propuestas sobre inteligencia artificial y protección de la infancia y las carencias materiales que denuncia en las escuelas. Planteó cómo podrían aplicarse esas herramientas en centros afectados por los apagones y reclamó que el debate sobre seguridad infantil incluya la alimentación.
Qué plantea el anteproyecto
La propuesta mantiene el carácter público y gratuito del sistema y la responsabilidad estatal sobre su organización. A la vez, contempla fuentes complementarias de financiamiento, incluidos aportes no estatales bajo regulación y supervisión del Estado, según el texto y la información publicada por EFE.
La alimentación escolar donde se requiera y las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas sí figuran entre las garantías del documento oficial. Que estén recogidas en una norma no demuestra por sí solo su cumplimiento: ese es un plano distinto del debate sobre las condiciones que denuncia Calzadilla.
Tampoco se trata de cambios ya aprobados para entrar en vigor en diciembre. El anteproyecto, de diez títulos y 243 artículos, está previsto para consideración de la Asamblea Nacional ese mes, según la información oficial disponible. La disposición final cuarta del borrador sitúa su eventual entrada en vigor a los sesenta días hábiles de su publicación en la Gaceta Oficial.
En cuanto a los repasadores, EFE señaló que desde septiembre de 2026 los docentes activos ya podían solicitar autorización para dar clases particulares. La ficha de la Resolución 30/2026 del Ministerio de Educación confirma que derogó las disposiciones 15/2022 y 66/2024. El reconocimiento que se debate ahora debe situarse en ese proceso previo, no presentarse como el nacimiento de una práctica inexistente hasta hoy.
Con su publicación, Calzadilla centra la discusión en quién paga realmente la educación y qué margen tienen los padres para afrontar más gastos. Su reclamación es que la iniciativa privada no sirva de excusa para mantener intacto el control estatal mientras se desplazan los costes a los hogares.
Foto de archivo aportada por Iliana Hernández. Portada facilitada por la editora.







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