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El régimen cubano ofrece rebajas fiscales a quienes financien escuelas, policlínicos y otros servicios sociales

Escolares en un aula cubana, imagen de archivo de 2010. Rebajas fiscales por financiar servicios sociales.
Escolares en un aula cubana, al oeste de Trinidad, en una imagen de archivo de 2010. Foto: Desiderio Mauro / Wikimedia Commons (CC0). Recorte para portada. Imagen ilustrativa: no corresponde a un proyecto acogido a la nueva resolución.

Los actores económicos estatales y no estatales que inviertan en escuelas, policlínicos, hogares de ancianos y otras infraestructuras sociales podrán descontar del impuesto a pagar una cantidad equivalente al 20 % de la inversión, según la Resolución 208/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada este lunes 16 de noviembre en la Gaceta Oficial.

La norma, firmada el 25 de septiembre por el ministro Vladimir Regueiro Ale, entra en vigor con su publicación. El beneficio se aplica al Impuesto sobre Utilidades o al Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda, y puede distribuirse en un plazo de hasta cinco años. La cuantía total de esa deducción equivale al 20 % del valor invertido.

La resolución incluye la construcción, rehabilitación o equipamiento de centros educativos, sanitarios, culturales y deportivos, entre otros proyectos. La entidad receptora incorporará los bienes a sus activos fijos tangibles y deberá acreditar su valor mediante facturas y otros documentos.

Las donaciones en efectivo o en especie a entidades estatales dedicadas a fines sociales permitirán reducir el impuesto a pagar en una cantidad equivalente al 10 % de lo donado.

Ambas bonificaciones se harán efectivas en la liquidación anual del impuesto al cierre del ejercicio fiscal. El contribuyente deberá presentar ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria la documentación que avale el costo de la inversión social y la conformidad de la entidad presupuestada beneficiaria.

Otro apartado se dirige a los actores económicos dedicados fundamentalmente a actividades y servicios sociales, siempre que estos generen al menos el 50 % de sus ingresos brutos. Podrán solicitar, durante sus primeros cinco años de operación, un tipo reducido del Impuesto sobre Utilidades o una bonificación del Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda.

Estos actores también podrán pedir la exención del Impuesto Aduanero para importar los equipos y tecnologías necesarios para prestar esos servicios. Tanto los beneficios tributarios de este apartado como la exención aduanera requieren una solicitud y una autorización específica del Ministerio de Finanzas y Precios.

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