Armando Antonio Calvo Forte tiene 83 años, según su propio relato. Vive de su jubilación en el reparto Naranjal Norte, en Matanzas, y cuida a una hija enferma de 62 años. En febrero de 2024, un camión concretera de la Empresa Prefabricado y Premezclado de Matanzas impactó su auto, estacionado a la entrada del garaje de su propia casa, y lo destrozó. Un tribunal le dio la razón hace más de un año, pero él asegura que todavía no ha podido cobrar la indemnización.
Su denuncia la hace pública la intelectual y activista matancera Alina Bárbara López Hernández, ex profesora de la Universidad de Matanzas, a petición del propio Armando, que espera que «alguien de arriba atienda su caso».
La sentencia 39/2025 del Tribunal Municipal Popular de Matanzas, emitida el 3 de septiembre de 2025, documenta que el camión, de matrícula B-173798, tenía el sistema de frenos «no apto para su explotación»: su última revisión técnica aprobada era de octubre de 2021 y acumulaba dos rechazos posteriores, en enero y julio de 2024. El conductor, que invadió con el camión la zona del garaje donde estaba estacionado el auto, fue sancionado a un año de limitación de libertad y condenado a reparar el daño material con dos millones de pesos, a depositar en la Caja de Resarcimiento del Ministerio de Justicia en un plazo de 30 días hábiles. La condena recae sobre el chofer, no sobre la empresa propietaria del camión.
Según el relato de Armando, el proceso ha sido una cadena de obstáculos: en la estación de policía ya estaba redactada el acta sin su declaración y le negaron durante semanas el número de su denuncia; la sentencia solo le fue entregada a fines de octubre de 2026, después de que le respondieran que no se habían hecho los papeles «porque no había electricidad» -llegó a llevar una estación de energía portátil para que pudieran imprimirla, sin éxito-; y ahora la Caja de Resarcimiento no puede pagarle porque no consta la «Notificación sobre Indemnización» correspondiente. Esos dos millones de pesos, advierte, se han devaluado con cada día de demora.
El informe técnico de Inter Mar S.A. documenta un «daño considerable»: la estructura del vehículo quedó totalmente deformada. Según su relato, pagó ese informe de su bolsillo y el auto tuvo que ser dado de baja. El juicio oral se celebró el 28 de agosto de 2025.
«Soy un hombre de 83 años, sin más medios de vida que mi jubilación, con una hija de 62 años enferma a mi cuidado», escribe Armando, que pide compartir su denuncia.
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Foto: Alina Bárbara López Hernández / Facebook.
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