Prisoners Defenders registró 1.353 presos políticos en Cuba al cierre de octubre y denunció que seis adolescentes afrontan procesos por "sedición" tras las protestas de Morón. El informe publicado este 12 de noviembre recoge peticiones fiscales de entre cinco y ocho años para quienes eran menores cuando ocurrieron los hechos, incluidos dos jóvenes con afectaciones cognitivas que, según la organización, constan en la propia documentación acusatoria.
La lista aumentó después de incorporar 39 casos y registrar 37 bajas durante octubre, principalmente por cumplimiento de condenas. No significa que se produjeran 39 detenciones nuevas ese mes: son casos incorporados al registro tras su documentación. Tampoco las 1.353 personas están todas en una celda. El total incluye a quienes permanecen encarcelados y a quienes sufren reclusión domiciliaria u otras restricciones de libertad por motivos políticos, conforme a la metodología de la organización.
En Morón, Ciego de Ávila, el informe sitúa a 18 personas procesadas por las protestas del 13 de marzo. Seis eran menores de edad. Entre las incorporaciones de octubre figuran Jailer Israel Valero Luis, que tenía 17 años y para quien la Fiscalía solicita siete años de prisión, y Pedro Luis Figuera Díaz, que tenía 16 y afronta una petición de cinco años, con propuesta de sustituir la prisión por limitación de libertad. PD señala que el peritaje de Jailer describe una patología orgánica cerebral y alteraciones del control de impulsos; el de Pedro recoge una afectación que reducía sustancialmente su capacidad para comprender y dirigir sus actos.
Las penas solicitadas para el conjunto de los 18 acusados llegan hasta los 13 años; esa cifra no corresponde al máximo pedido para los menores. Según PD, once procesados siguen en prisión provisional, cinco están bajo reclusión domiciliaria y dos bajo fianza, todos con prohibición de salir del país. La organización denuncia que continúan sometidos a estas medidas sin que un juez haya examinado la acusación de fondo. Son peticiones fiscales y denuncias sobre el proceso, no condenas firmes.
El informe también documenta la persecución de una familia en Sancti Spíritus. Oscar Echevarría Rubio y su esposa, Cleidys García, fueron detenidos el 10 de octubre después de que él gritara consignas contra el régimen desde la azotea de su vivienda. PD afirma que ambos permanecen en prisión provisional en Nieves Morejón. Aitana Echevarría Rivero, hija de Oscar, de 18 años y madre de una niña pequeña, quedó bajo reclusión domiciliaria el 22 de octubre. La organización sitúa a los tres dentro del mismo procedimiento penal.
La falta de atención sanitaria agrava el balance. PD denuncia que 464 presos políticos encarcelados padecen enfermedades causadas por el encierro o agravadas por la falta de atención médica, entre ellos 236 con desnutrición, y que otros 54 presentan afectaciones mentales o psicológicas sin atención suficiente. Su registro incluye a 158 mujeres y a 43 personas detenidas cuando eran menores. Las cifras y los casos proceden del trabajo de documentación de la organización, que vincula dos de cada tres incorporaciones de octubre a protestas, consignas, carteles u otras formas de expresión política.
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Imagen de portada ilustrativa: Alejandro De Roa / Pexels. No representa una prisión cubana ni identifica a las personas del informe. Recorte y diseño ClickCuba. Foto original, licencia Pexels.
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