El expreso político José Rolando Casares contó este 11 de noviembre en el programa Derechos al Aire, de Cubalex, que en la prisión del 5 y Medio, en Pinar del Río, reclusos comunes podían obtener cambios de régimen y traslados a campamentos si sus familiares conseguían armas de fuego y las entregaban a las autoridades. A los presos políticos, en cambio, no se les ofrecía ese trato.
Casares participó junto al investigador José Raúl Gallego y al abogado Julio A. Ferrer Tamayo en un programa dedicado al informe Negocio de Estado: armas y beneficios penitenciarios en las prisiones cubanas. La conversación abordó los testimonios recogidos por Cubalex y las consecuencias de ese canje para los reclusos, sus familias y las víctimas de delitos.
El expreso recordó que entre los beneficiados había internos con largas condenas y antecedentes de violencia. Contó que un recluso le explicó que ese intercambio no funcionaba para él como preso político, aunque sí estaba al alcance de otros condenados.
Familias empujadas al mercado ilegal
Gallego explicó que Cubalex comenzó a investigar después de recibir la denuncia de la esposa de un recluso al que le pedían dos pistolas para pasar a mínima severidad. La organización contrastó ese aviso con otros testimonios y entrevistó a familiares, reclusos, expresos, abogados y un antiguo funcionario penitenciario.
El investigador relató también el caso de una madre que tuvo que vender el refrigerador de su casa para reunir el dinero de una pistola. Advirtió que las familias se endeudan y entran en un mercado ilegal sin garantías de que sus allegados reciban el beneficio prometido.
Ferrer Tamayo señaló que ese intercambio carece de fundamento legal. Explicó que comprar o poseer un arma puede dejar a los familiares expuestos a una investigación penal y a la presión de los mismos funcionarios con los que hicieron el trato.
El control del Ministerio del Interior
El abogado denunció la subordinación de los tribunales al Ministerio del Interior y sostuvo que las autoridades penitenciarias deciden qué presos reciben beneficios, incluso cuando estos les corresponden por ley.
Casares añadió que involucrar a las familias en operaciones ilegales permite después presionarlas para obtener información. En su intervención describió este mecanismo como una forma de control sobre personas que intentan sacar a un familiar de prisión.
Los participantes cuestionaron además el destino de las armas entregadas. Ferrer advirtió que, al tratarse de una práctica al margen de la ley, no existe un registro que permita conocer qué ocurre con ellas. Gallego reclamó documentar los casos y llevar las denuncias a instancias internacionales.
El programa retomó una investigación anterior de Cubalex. Las intervenciones de este miércoles permiten escuchar directamente a uno de los expresos entrevistados y a los integrantes de la organización que documentaron la práctica.
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